Los dirigentes de ciudadanos autoconvocados de Ñemby, junto a los candidatos para intendente y concejal, Tomás Olmedo y Marcelo Martínez, reiteran su pedido de imputación, tras un año de las movilizaciones realizadas contra el intendente liberal Lucas Lanzoni, por falsificación de firmas, estafa y asociación criminal. Exigen a la fiscala Liliana Alcaráz la imputación del jefe comunal.
El candidato a concejal Marcelo Martínez dijo: “Hace un año que empezamos las denuncias, yo invité a todos los ciudadanos de Ñemby, sin distinción de credos, religiones, ni partidos políticos, a manifestarnos contra los actos de corrupción denunciados por las comisiones vecinales y otros en contra de la administración del intendente Lucas Lanzoni y hasta hoy no tenemos nada de parte de la Fiscalía”.
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Fiscalía de delitos económicos
Las denuncias se encuentran en la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de la fiscala Liliana Alcaraz. Hasta el momento no se procedió a la imputación del intendente, incluso con los informes bancarios y cheques en donde se constata la falsificación de firmas de presidentes de comisiones vecinales, indican los denunciantes
Reiteran que las víctimas declararon ante el Ministerio Público, habiendo un informe de la Contraloría General. “Exigimos a la Fiscalía la imputación del intendente Lucas Lanzoni y sus cómplices”, afirmó, tajante, el joven abogado que hoy busca un lugar en la concejalía municipal ñembyense.
“Yo fui víctima”
“Yo fui víctima de un procedimiento totalmente irregular e ilegal, en donde la fiscala Laura Guillen, junto con la fiscal Iribes Abila, ordenó primero mi aprehensión y procedió a imputarme a mí y yo les recusé a estas fiscalas y el nuevo fiscal ordenó mi sobreseimiento y dijo que no hubo ningún delito y ordenó mi sobreseimiento definitivo”, expresó sobre su denuncias contra el clan Lanzoni.
Finalmente, Marcelo Martínez puntualizó que incluso la Contraloría General de República ya emitió un informe sobre las obras en el Cerro Ñemby, donde se constatan varios hechos de corrupción en particular en la actual administración municipal.
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Fiscal imputa a directivos de un silo por “desaparición” de 123 carretas de maíz
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Alberto Torres, de la unidad zonal de Santa Rita, imputó a cuatro directivos de un silo por supuesta estafa y apropiación de casi 4 millones (3.802.668) de kilos de maíz pertenecientes a una pareja de productores de la citada ciudad. Los procesados son Milton Daniel Meiners Schaefer, Jean Carlo Lazzarotto Menoncin, Daniel Lazzarotto Menoncin y Diógenes Rocha Acnes.
De acuerdo al escrito fiscal, entre el 19 de julio y el 16 de agosto de 2023, las víctimas, Alir Lui y Madalena Brandalise, entregaron al silo Cultivatto S.A., representado por los imputados, un total de 123 carretas de maíz, equivalentes a 3.802.668 kilos netos. El cargamento de granos fue entregado para su secado, no para su venta.
Tras finalizar el servicio de desecación, la pareja solicitó la devolución del maíz, pero los directivos citados ofrecieron un precio para la compra del maíz, pero a muy bajo. Al no llegar a un acuerdo, Lui y Brandalise insistieron en la devolución de las cargas que les pertenecía, pero no hubo tal entrega.
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Luego procedieron a intentar retirar la carga del silo, pero los productores se encontraron con que los millones de kilos de maíz habían desaparecido del silo. Tras la denuncia y la posterior inspección del silo realizada por la fiscalía, confirmó que el maíz no se encontraba en ninguno de los silos de Cultivatto S.A.
La investigación reveló que los encausados habrían vendido, presumiblemente, el cargamento de maíz a terceros, sin el consentimiento de los propietarios. Además, la inspección fiscal comprobó que el silo no contaba con las garantías de warrants necesarias para almacenar el producto. Ante estas evidencias, el fiscal Alberto Torres imputó a los cuatro directivos por estafa y apropiación. Los procesados quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías de Santa Rita, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera.
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Preocupa que imputaciones se den solo a intendentes colorados
El Comando de Honor Colorado se reunió este lunes 6 de mayo y abordó diversos puntos, entre ellos, las imputaciones que se están dado únicamente a intendentes colorados por déficit en infraestructura en sus respectivas ciudades. Genera preocupación que jefes comunales de otros partidos políticos no sean sometidos a la justicia por este mismo tipo de hechos, según manifestaron.
“Un tema preocupante es la imputación a intendentes por casos de infraestructura, nos preocupa un poco porque una cuestión que estamos viendo es que parece monocromática porque solamente a los intendentes colorados le están imputando con respecto a estos hechos, es un tema para debate”, expresó Eduardo González, secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y miembro del Comando.
González mencionó que desenlaces fatales a causa de sucesos meteorológicos, no se dan únicamente en Paraguay y señaló que incluso Brasil en este momento está sufriendo de inundaciones, por lo cual se debe analizar minuciosamente si realmente amerita la intervención de la justicia en todos los casos.
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“Estoy de acuerdo de que en lugares críticos se tienen que hacer trabajos y es lo que corresponde, pero en este caso de Luque ese lugar nunca fue crítico sino que por la cantidad de lluvia se dio esa situación. Al margen de eso, lo único que pedimos es que a todos se les mida con la misma vara porque sino es una cuestión de colores nada más”, sostuvo.
Desde el Comando advierten que estas imputaciones propician connotaciones políticas en algunos sectores, por lo que se debe tener cuidado y cuestionaron que jefes comunales de otros partidos políticos, no fueron imputados pese a que en sus distritos, también se produjeron hechos de grave magnitud debido a la falta de infraestructura adecuada para soportar las intensas lluvias.
“Yo vi situaciones que se dieron en Limpio y no pasó absolutamente nada. Días antes de la imputación al intendente de Lambaré, los jefes comunales colorados pidieron una reunión con el presidente del partido, advirtiendo de esta situación, que de darse una imputación de esta manera como iba a afectar a los colorados”, dijo González.
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Asimismo, refirió que esto puede significar un peligro para los administradores, dado que puede ir escalando e ir hacia gobernadores, ministros e incluso al presidente de la República. “Por eso hay que tener cuidado”, afirmó a la 1080 AM. Por otro lado, el Comando también abordó la posibilidad de plantear algunas cuestiones para la reforma del Código Electoral y sobre una reunión en la Junta de Gobierno para analizar proyectos que lleva adelante el gobierno nacional.
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Premiaron con alto cargo en Seprelad a la ejecutora del plan contra Cartes
Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos a los funcionarios responsables de los operativos. Carmen Pereira fue nombrada viceministra días después de haber ejecutado un plan para montar y filtrar un informe para perjudicar a Horacio Cartes.
- Por Cinthia Mora
Un reporte de auditoría interna de la Seprelad ordenado por la actual ministra, Liliana Alcaraz, deja al descubierto cómo funcionaba el engranaje para filtrar informes de inteligencia con el objetivo de perseguir a enemigos políticos. El cargo de viceministra de Seprelad fue otorgado tras más de dos años de estar vacante como “premio” tras el “exitoso” operativo de filtración.
La Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad reportó, en fecha 15 de diciembre de 2023, un informe conclusivo tras la aplicación de un sumario con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió la divulgación indebida de datos confidenciales relacionados a un pedido de informe de la República de Panamá.
Este pedido fue remitido a las autoridades de nuestro país a través de la plataforma de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) el 16 de diciembre de 2022. La solicitud consistía en un pedido puntual sobre los antecedentes policiales y judiciales del expresidente de la República Horacio Cartes, en el marco de una causa abierta en ese país tras la divulgación de los Pandora Papers, una investigación del Consorcio de Periodistas de Investigación.
El manejo interno de este pedido de informe quedó expuesto tras la declaración testimonial del funcionario Derlis Ruiz Báez, quien fue el analista designado para responder el pedido de informe de Panamá. En su declaración, el funcionario reveló que recibió instrucciones escritas y verbales del funcionario Guillermo Preda (imputado en la causa de filtraciones) ordenándole adjuntar, además de la información solicitada, reportes de prensa negativa que afectaban la imagen del expresidente Cartes.
De acuerdo al relato del funcionario, el 14 de enero de 2022, a las 16:00, remite por correo institucional el informe solicitado, con los agregados solicitados, a los funcionarios Guillermo Pereira y Carmen Pereira. Ese mismo día, el contenido de esa información confidencial se filtraba a los medios de prensa a través de declaraciones de Arnaldo Giuzzio.
PREMIADA CON PUESTO CLAVE
Llamativamente y posterior al “exitoso” operativo de filtración del informe confidencial de Panamá se nombra por decreto presidencial en el cargo de viceministra de la Seprelad a Carmen Pereira, entonces directora general de Análisis Financiero y Estratégico, apuntada como la “mimada” de Carlos Arregui y ejecutora de los operativos de filtración que se registraron ese año.
El decreto presidencial que designa a Pereira en el cargo de viceministra hace referencia a una ley de 2019, por la cual se creaba la Secretaría Adjunta (Viceministerio) y que desde entonces estuvo vacante llamativamente por dos años, siendo posiblemente reservado como “premio” para la persona que se encargara de elaborar y coordinar las filtraciones.
En mayo del año 2022 iniciaron las sucesivas publicaciones mediáticas basadas en supuestos informes de inteligencia de la Seprelad que tenían como objetivo principal el ataque político teniendo en la mira las internas del Partido Colorado. Los blancos estaban identificados: Horacio Cartes y Santiago Peña y los “ejecutores” del plan estaban en los puestos claves.
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Abogados de Abdo y gavilla no refutan imputación y buscan sabotear causa
- Por Cinthia Mora
- Periodista
Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el trabajo de la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos destrabar la causa y permitir que la investigación
La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.
La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.
Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.
Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.
Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.
En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.
Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.
DILACIÓN EN LA CORTE
Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.
Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.
NUEVO EQUIPO DE FISCALES
Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.
La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).