Desde Colombia repor­tan que los sicarios que mataron al exfis­cal Marcelo Pecci utilizaron el sistema financiero esta­dounidense para cobrar el dinero, USD 550.000, que el mandante les remitió desde Paraguay, señala el diario Hoy/Nación Media en su portal digital.

Erick Urueta, veedor judi­cial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión y que Estados Unidos tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, correspon­derá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que Estados Unidos pida extradición de estas personas es porque se come­tió una conducta delictiva en Estados Unidos, a pesar de que el crimen fue en Colom­bia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree Estados Unidos”, manifestó Urueta a la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolu­ción de las investigaciones, en Colombia existe la con­vicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci. “No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solici­tando una reunión urgente con la Fiscalía de Colom­bia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a Esta­dos Unidos si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al mag­nicidio. “Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna per­sona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en Estados Uni­dos. Tienen que demostrarse muchos elementos proba­torios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.

A través de su abo­gado, Claudio Lovera, la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia pre­sentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudame­ricano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgi­miento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.

“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompaña­dos en su oportunidad, así como los que fueran recopi­lados en el marco de la acti­vidad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministe­rio Público emita un pro­nunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el docu­mento presentado ante el Ministerio Público.

Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allana­mientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superinten­dencia de Bancos ante la negativa de estas institu­ciones en proveer infor­mación. En estos proce­dimientos se incautó una serie de documentos.

Estas diligencias realiza­das en el pasado dan cuenta que el órgano investiga­dor sostiene que en deter­minados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.

Pese a esas primeras medi­das, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cual­quier otra iniciativa ten­diente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La pri­mera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.

Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alca­raz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.

La Conmebol quiere recu­perar los fondos que le per­tenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confede­ración en administraciones anteriores; ya se recupera­ron USD 128 millones gra­cias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.

El banco de la familia Zuc­colillo se expone a sancio­nes penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.

El presidente de la Cámara de Diputa­dos, Raúl Latorre, se encuentra participando en Budapest (Hungría) en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde tuvo la opor­tunidad de disertar y reiteró el compromiso de Paraguay en defensa de la vida y la familia.

“La defensa de la vida, la familia, nuestra soberanía e identidad y nuestro modelo de desarrollo sostenible son banderas irrenunciables por las que el Paraguay hoy es reconocido en el mundo”, había expresado el represen­tante nacional tras su diser­tación en el evento inter­nacional, a través de la red social X.

Remarcó que observa como un gran honor compartir ideas en la CPAC, así como también tener la oportuni­dad de elevar la voz de Para­guay y ratificar los compro­misos nacionales en una de las conferencias políticas más importantes del mundo.

“Detrás nuestro hay bata­llas que nos recuerdan que no estamos solos, que prote­gen nuestros derechos, nues­tra identidad, que defienden nuestras fronteras. Es fun­damental que tomemos esa bandera, haciendo prevale­cer la vida desde la concep­ción”, expresó Latorre en su discurso.

A su vez, puntualizó la manera en la cual hoy en día Paraguay se levanta alto en su condi­ción de humanidad frente a aquellos que pretenden hacer prevalecer factores deshuma­nizantes, como las políticas ideológicas que únicamente pretenden minimizar o soca­var las defensas territoriales.

“Nuestra voluntad, nuestra identidad, para autodeter­minarnos, haciendo un grito al unísono, que nos recuerda que no estamos solos, que hemos atravesado tormen­tas importantes, que hemos vivido momentos difíciles de nuestra historia, pero que vamos a prevalecer”, puntua­lizó el parlamentario.

Del mismo modo, hizo hin­capié en la importancia de saber cómo resistir, no solo a nivel nacional, sino tam­bién en escenarios interna­cionales claves, como se pro­mulga en la CPAC, apuntando así a la importancia de unifi­car los intereses internacio­nales sobre preocupaciones compartidas.

En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fis­cal Silvio Corbeta, de la Uni­dad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrup­ción, acusó y pidió juicio oral y público para el exminis­tro de la Secretaría Emer­gencia Nacional (SEN) Joa­quín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.

Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agra­vado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exau­toridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.

El requerimiento fue pre­sentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estiga­rribia, que fijará la audien­cia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.

Las investigaciones de la Fis­calía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licita­ciones e inflaban los precios para posteriormente repar­tirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concre­tar pagos por un valor apro­ximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.