Una comitiva fiscal policial se constituyó en una vivienda de Itá, departamento Central, donde 6 menores estaban viviendo en condiciones precarias, luego de recibir una denuncia por parte de allegados sobre un caso de violación del deber de cuidado de los familiares de los pequeños.
La fiscal Daisy Sánchez encabezó una constitución llevada a cabo en la habitación de la vivienda, donde se encontraban los menores de edad en estado de abandono, sin alimentos ni cuidados básicos. Además, los padres habrían sometido a castigos físicos a los niños y en ese momento ni siquiera se encontraban en la casa.
El procedimiento fue llevado a cabo en la zona de Arrua’i, en el domicilio de una pareja, con 6 hijos, algunos de ellos adolescentes y otros aún pequeños, donde presuntamente los menores están expuestos al peligro de ser considerablemente perjudicados en su desarrollo físico o síquico; o a llevar una vida en la cual los hechos punibles sean habituales.
La representante del Ministerio Público realiza varias diligencias a fin de descartar otros hechos punibles, además está trabajando en coordinación permanente con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, en relación con la causa que involucra a dos adultos cuyas identidades se resguardan amparados en el Código de la Niñez.
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Insalubridad: piden que camiones recolectores no pasen frente a una escuela de Asunción
Un grupo de padres de alumnos de la Escuela San Juan XXIII, del barrio Republicano de Asunción realizó una manifestación para pedir la permanencia de una docente jubilada y además que se prohíba el paso de camiones de basura –que van de Cateura al vertedero Chaco’i– frente a la institución.
Los manifestantes se quejaron que al cruzar por la zona los rodados expiden olores desagradables y además algunos coinciden con el horario de entrada de los niños, generando un embotellamiento de la estrecha calle Teniente Villalon.
“Esto es cosa de todos los días, el tema no es que solo pasan, es el olor y los líquidos que despiden los camiones. Incluso, hace poco tuvimos un inconveniente que echaron las ramas de uno de los árboles, por suerte no fue ya en un horario pico que es a las 7:00 de la mañana o a las 11:00, que es la salida”, señaló Jazmín Chávez, mamá de un estudiante, al canal GEN y Universo 970AM/ Nación Media.
Dijo que en caravana usualmente unos cuatro camiones de gran porte realizan el traslado de desechos coincidentemente en el horario en que los niños acuden al centro educativo. La mujer comentó que inclusive presentaron una nota a la Municipalidad de Asunción para solicitar la presencia de agentes de tránsito, a fin de ordenar el tráfico en el horario de mayor afluencia de personas.
“Pedimos en los dos horarios específicos, ni siquiera es todo el día y tampoco nos hicieron caso ni de la municipalidad, ni la PMT. Acá cerca tenemos la Comisaría Octava que tampoco nos hace caso. Este es un cruce muy peligroso porque los vehículos vienen de todos lados y no hay ni un semáforo”, cuestionó.
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Maestra jubilada
Así también, mencionó la problemática que afrontan con los directivos de la escuela debido a que se niegan a autorizar que una educadora jubilada siga prestando sus servicios en el tercer grado. “Nosotros somos padres del tercer grado, venimos desde el primer grado con una división de grados en dos secciones por la cantidad de niños que hay en aula. A comienzos de año por motivos administrativos nos juntaron todos de vuelta en una sola sección”, relató.
Contó que eran 56 niños en una sola aula, por lo que hicieron los reclamos. “Se hizo la división, pero no había maestra en ese momento, una vez que nos consiguieron vino una maestra excelente jubilada que está por recibirse como psicopedagoga”, indicó.
Destacó que la misma está ayudando a alumnos con discapacidad, por lo que insisten con su continuidad en sus labores. “Ahora de vuelta nos quieren hacer el cambio por una maestra recién recibida que no va a tener la experiencia de la otra maestra que ya tiene cancha”, manifestó.
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Violencia familiar: quemó la casa de su pareja y solo fue sentenciado a donar G. 500.000
Una mujer denunció la inacción del Ministerio Público y la falta de protección que debe brindar la justicia a las víctimas de violencia familiar. Asimismo, sostuvo que está impotente debido a que es de escasos recursos y no puede contratar un abogado para poder defenderla ante un caso que considera como injusticia.
“Soy víctima de un intento de feminicidio porque mi expareja quemó mi casa cuando mis hijos estaban adentro”, dijo la señora Karen Balovier ante la situación que está atravesando, que actualmente no tiene ni donde guarecerse.
Agregó que su expareja quemó la casa estando dentro ella con sus hijos. Pese al voraz grado de violencia, el expediente solo está caratulado como violencia familiar. Sostuvo que por este motivo se siente “impotente porque no tengo recursos para poder contratar a un abogado”, indicó.
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Añadió que ya solicitó al Juzgado donde atienden su caso que se cambie la carátula de violencia familiar a intento de feminicidio, porque siente mucho miedo que su expareja vuelva y quiera hacerle algo a sus hijos o a ella, manifestó.
Asimismo, Balovier manifestó: “espero que se cambie la carátula y que sea por intento de feminicidio porque él sabía cuando quemó la casa que estábamos mis hijos y yo adentro”, puntualizó la denunciante.
Del mismo modo, la mujer criticó la resolución del juez de Ayolas, Blas Montiel, quien hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento del imputado César Ramón Villar Fretes, que en principio fue procesado por violencia familiar.
Como medida reparatoria, el magistrado dispuso que Villar Fretes realice una donación de G. 500.000, pese a que las víctimas quedaron sin un techo y con mucho miedo a que vuelvan a ser víctimas de algún tipo de agresión.
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Intendente ocupa casa irregularmente
El intendente de la ciudad de Ñemby, Tomás Olmedo, junto con su esposa Bernarda Amarilla, se encuentra en el centro de la polémica tras promover una demanda de usucapión con el presunto objetivo de adueñarse ilegalmente de un inmueble perteneciente a la señora Virginia Gómez, ubicado en la referida ciudad. La demanda judicial fue presentada ante el juez Javier Gómez, en la ciudad de Lambaré. El referido magistrado realizó una constitución con la abogada Lucía da Silva, hija de la verdadera dueña del inmueble que está ocupando presuntamente de forma irregular el actual jefe comunal de Ñemby.
Según consta en la documentación presentada junto con la demanda, la señora Amarilla no solo busca obtener la propiedad del inmueble ubicado en el municipio bajo la jurisdicción de su esposo, sino que también pretende adquirir la titularidad de la calle municipal contigua al mismo. El magistrado, ante esta situación, ordenó la constitución del juzgado para el día de ayer 15 de abril de 2024, a las 14:30, con el fin de verificar la situación de los ocupantes precarios del inmueble en cuestión, así como determinar la naturaleza y ubicación de dicha ocupación.
La comitiva judicial no pudo ingresar al inmueble de la señora Gómez, pero la representante legal de la propietaria sostuvo que volverán a pedir otra constitución al sitio bajo apercibimiento de que si no dejan ingresar a la propiedad se pedirá la intervención de la fuerza pública para la realización de la citada diligencia judicial. El intendente de Ñemby presentó una demanda de usucapión con el objetivo de poder adueñarse del valioso inmueble y a su vez quedarse con una parte de una calle de la mencionada localidad.
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Denuncian a institución educativa por aplicar castigo a niño con autismo
Este viernes salió a la luz una denuncia contra un colegio del barrio Sajonia, donde supuestamente aplicaban “banco de castigo” a un niño con Trastorno del Espectro Autismo (TEA), que actualmente ya no forma parte del alumnado. Los padres presentaron el caso ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que notificó a la institución mediante la supervisión.
Al enterarse del aparente maltrato de la docente hacia su hijo, los padres decidieron desmatricularlo el 1 de abril pasado, y luego radicaron la denuncia ante las autoridades.
Según el director del colegio, ellos estaban al tanto de la disconformidad antes de que decidieran retirar la matrícula. “Supuestamente había una especie de retroceso, de que no quería volver al colegio y que el trato de la educadora no era el adecuado, pero todo eran comentarios de pasillo. En ningún momento ellos (los padres) se apersonaron para conversar, solo enviaron a los abogados para desmatricular al chico”, apuntó en el programa “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
Explicó que los padres durante la entrevista comentaron que el niño tenía autismo, pero que nunca presentaron un informe de profesionales externos para corroborar la situación, pese a que no es obligatorio presentar estos documentos. “Tenía TEA grado leve, es lo que manifestaron los padres al inicio. No llegaron a acercar las evaluaciones externas en cuanto a su condición, para ayudar a reforzar el compromiso de la atención del niño”, detalló.
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“No tenemos otros reportes”
El director indicó que existen coordinadores y docentes que realizan un monitoreo a todos los estudiantes y que nunca recibieron denuncias sobre un método de castigo de esta índole dentro de la institución. “Hasta el momento no tenemos reportes de otros alumnos o compañeros de que eso haya sido así. Agradeceremos de que si hay más casos que los padres se acerquen y puedan traer luz en este caso”, puntualizó.
Agregó que están tomando medidas para aclarar la situación y que están haciendo todo lo posible para evitar situaciones que se malinterpreten por los alumnos como por los padres. “La profesora está en una posición tan delicada preguntándose qué hacer y qué no, ante la susceptibilidad del tema”, concluyó. La institución educativa ya recibió la notificación como la visita por parte de la Consejería por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
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