El juez penal de Garantías Raúl Florentín otorgó el arresto domiciliario al abogado Rodolfo Melgarejo, imputado por hurto agravado en grado de instigador en el marco del homicidio del presunto narcotraficante Ederson Salinas, alias Ryguasu, ocurrido en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Asunción.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas llevada a cabo en el Palacio de Justicia. Igualmente, el juez Florentín decretó la captura nacional e internacional de Mílner Eustaquio Ruiz, imputado por homicidio doloso y hurto, tras el asesinato a tiros de Salinas Benítez, alias Ryguasu.
El magistrado fijó una fianza real de G. 1.900 millones, valor de un inmueble, así como se trabó embargo contra dos inmuebles y tres vehículos que fueron ofrecidos como garantía para que el profesional del derecho imputado en el presente proceso penal pueda abandonar la cárcel de Tacumbú. Ederson Salinas, alias Ryguasu, fue acribillado en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Asunción. Los testigos manifestaron que los desconocidos se acercaron hasta Ederson, quien estaba esperando a su esposa que se encontraba en la peluquería y lo acribillaron.
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Betha Borba recurre a abogado tras polémica edición: ¿accionará contra fotógrafo?
La influencer y exreina de belleza Bethania Borba desató polémica por criticar públicamente la edición que realizó el fotógrafo Josué Otazú para su imagen. Se trata de una campaña que realizó la también modelo hace ya dos años para la revista Aleiram Chic, pero que se volvió a viralizar luego de que el profesional compartiera recientemente el detrás de cámara. En medio del revuelo en redes, el joven reveló que fue contactado incluso por el abogado de la famosa.
Invitado al programa Aire de Todos, de Montecarlo FM y el canal GEN, Josué Otazú se mostró sorprendido por la reacción de Bethania Borba a la publicación. Según comentó el profesional, la exreina de belleza prefirió comentar el posteo criticando públicamente su edición, “denigrando” su trabajo, antes de contactarlo personalmente.
“Luego ella me escribió al privado pidiendo que baje la publicación. Si hubiera hecho esto antes de dejar el comentario, sin ningún problema lo hubiera hecho. Todo se soluciona conversando”, expresó. Ya esta tarde, el abogado de la influencer se contactó con el profesional tras la polémica.
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Fue en este contexto que Otazú explicó que, como profesional, tiene contrato con la productora que hizo la campaña de Bethania Borba para Aleiram Chic. De ahí que la decisión de lo que pasará con el posteo de la controversial edición no recae exclusivamente en él. “Es la gente de la revista la que tiene los derechos. Ella firmó con ellos. A quien corresponde decidir eso (lo que pasará) es a la revista”, agregó.
El fotógrafo explicó que su única intención con el posteo era mostrar el despliegue que conlleva esta clase de producción y realizar un estudio acerca de lo que prefieren sus seguidores. ”Sé que el arte es subjetivo. Lo que quería es mostrar cómo hacer un estudio de marcado a la gente que me sigue. Quiero aprender qué le gusta a mi público”, añadió.
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Liberan a integrantes del clan Villalba y les otorgan refugio
Finalmente los cuatro integrantes de la familia Villalba, ligada al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fueron liberados tras ser capturados en Argentina. La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) dispuso que las cuatro personas tengan refugio en dicho país, bajo el argumento de que son “perseguidos políticos”.
El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que José, Tania, María Rosa y Mirian Villalba Ayala, detenidos en Argentina mediante un operativo en conjunto en Paraguay, fueron finalmente liberados por una orden judicial, tras la intervención de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de dicho país.
Dicha comisión intervino en la detención de los Villalba y mencionó que los mismos cuentan con un estatus de refugiados, ya que los consideran como “perseguidos políticos”.
“Nos causó una gran frustración y dolor, y ni qué decir en los familiares de los secuestrados”, lamentó el ministro Riera, quien agregó que se seguirá haciendo todo el esfuerzo para traer a estas personas al país y que rindan cuenta ante la Justicia.
“Lo que nos queda es pelear ante el Conare de Argentina, para aclararles que no son perseguidos políticos. Son delincuentes comunes, asesinos y terroristas”, subrayó Riera.
El ministro comentó además que estas cuatro personas son defendidas por un grupo de abogados identificados por un sector político bien definido en Argentina. “Les mandamos un mensaje claro: No van a tener paz. La lucha va a continuar contra los crímenes de lesa humanidad”, enfatizó.
Cabe mencionar que estas cuatro personas cuentan con una orden de captura internacional con fines de extradición, ya que son considerados como brazo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Gobierno accionará ante Justicia argentina
A pesar de la liberación, el ministro del Interior dijo que aún quedan alternativas para lograr la extradición.
El Gobierno nacional confirmó que los integrantes del clan Villalba fueron liberados por la Justicia argentina, dado que los mismos se encuentran en calidad de refugiados, lo cual fue otorgado por el Consejo Nacional de Refugiados de Argentina (Conare). Pese a que la detención lograda el viernes 12 de abril fue suspendida, aún quedan alternativas para lograr la extradición, afirmaron.
“Nos queda pelear ante el Conare de Argentina para demostrar que no son perseguidos políticos por sus ideas, ellos no han formado un partido, no son candidatos, no presentaron propuestas, estos son delincuentes comunes, son asesinos, son terroristas que han hecho sufrir a familias paraguayas”, aseveró el ministro del Interior, Enrique Riera.
En conferencia de prensa, el ministro Riera, acompañado del canciller Rubén Ramírez, sostuvo que se articularán todos los esfuerzos necesarios para que José, Myriam, Tania y Rosa Villalba se enfrenten a la Justicia paraguaya. Los cuatro integrantes del clan Villalba son señalados por actuar de brazo logístico para el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Las autoridades argentinas anunciaron en una conferencia de prensa sobre el operativo binacional contra el terrorismo, Alas Rotas, y que terminó con la captura de los cuatro integrantes del EPP.
Los cuatro detenidos eran buscados en Paraguay por asociación terrorista. La lista está conformada por María Rosa, Mirian y José Villalba Ayala, hermanos de Carmen Villalba. La cuarta es Tania Villalba Ayala, quien sería hija de Laura Villalba, presa en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso).
El clan familiar se completa con Liliana Villalba, quien está prófuga, y Osvaldo Villalba, quien falleció abatido en octubre de 2022.
LÍDERES
Tras la muerte de Osvaldo, Manuel Cristaldo y Liliana también asumieron el papel de líderes, pero sería Carmen la que dirige el grupo, la que toma las decisiones políticas y operacionales, había declarado el jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, el comisario Nimio Cardozo, luego del allanamiento de la celda en noviembre de 2023.
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Arnaldo Giuzzio se quedó sin defensor privado, pero sería estrategia para dilatar inicio de juicio oral
El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien estará sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado por mantener vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, estará representado por el defensor público Francisco Acevedo, debido a que su abogado particular, Guillermo Duarte, renunció a seguir ejerciendo su representación legal.
Se manejan varias hipótesis sobre la renuncia de Duarte a la defensa de Giuzzio debido a que se menciona que dicha situación sería a los efectos de poder dilatar el inicio del juicio oral y público atendiendo a que el día que se llegue a querer realizar el juicio oral, Giuzzio designará a un abogado particular para que le asista y por ende la audiencia oral se tendrá que posponer nuevamente.
Ahora el tribunal de Sentencia que preside la jueza Adriana Planás deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral para Giuzzio.
Acusación
El 16 de agosto del 2023, los agentes del Ministerio Público, Jorge Arce y Diego Arzamendia, presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.
El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que mantenía con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.
Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo-narco brasileño para ir a Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.
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Abogado afirma que sacar o devolver fueros a legisladores es una atribución del Congreso
El abogado Óscar Tuma se refirió sobre la reciente decisión del Senado en restituir sus fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola. Para el exdiputado, la medida no constituye un atropello a la Carta Magna ni al principio de la separación de los poderes del Estado.
“La injerencia de un poder del Estado sobre otro se refiere a la intromisión inapropiada de una rama del gobierno en las funciones que constitucionalmente corresponden a otra rama. En un sistema de gobierno, donde coexisten poderes separados, como el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, es fundamental mantener su independencia para asegurar un equilibrio democrático”, indicó mediante sus redes sociales oficiales.
En ese contexto, Tuma argumentó: ”la facultad de retirar o no la inmunidad parlamentaria a un legislador, permitiendo o no que este se enfrente a procesos judiciales, es una prerrogativa exclusiva del Poder Legislativo. Esto implica que solo la cámara correspondiente, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, según el caso, puede decidir sobre la remoción o el restablecimiento de dichos fueros. Por lo tanto, esta acción en sí misma no constituye una violación al principio de separación de poderes establecido en el artículo 248 de la Constitución Nacional, ya que está prevista dentro de las competencias legislativas”.
Asimismo, dijo que en el artículo 191 de la Constitución no se encuentra explícitamente fijado el proceso de restablecimiento de los fueros. No obstante, argumenta que “en la práctica y según la lógica del sistema legal y parlamentario, si se puede suspender la inmunidad de un legislador para permitir un proceso judicial, implícitamente se entiende que se debe aplicar ese mismo mecanismo para su restablecimiento, y esto ocurre una vez que se resuelvan las causas que llevaron a dicha suspensión, especialmente si el legislador es encontrado no culpable o si el proceso judicial concluye sin una condena”.
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De esta manera, afirma que el restablecimiento de los fueros puede interpretarse como un “retorno al estado de protección original que gozaban los legisladores antes del proceso de desafuero”. Agrega, a la vez, que “la falta de una mención explícita sobre el restablecimiento de fueros en el artículo 191 no impide que este se lleve a cabo; más bien, la capacidad para restablecer los fueros se entiende como parte integral del principio de inmunidad parlamentaria, que busca proteger la independencia del legislativo y asegurar que sus miembros puedan realizar sus funciones sin temor a represalias injustas”.
Tuma argumenta que el restablecimiento de los fueros a un parlamentario se puede considerar como “una consecuencia lógica y necesaria del sistema de inmunidades parlamentarias, siempre y cuando se realice siguiendo los procedimientos adecuados y bajo las circunstancias que justifiquen dicha acción”.
La situación refleja a una interpretación constitucional, prosiguió con su argumento. “Por un lado, algunos argumentan que, si la Constitución no menciona expresamente la posibilidad de restablecer los fueros, entonces tal acción no estaría permitida. Por otro lado, debemos usar la lógica y entender que no todos los procedimientos y facultades necesitan estar detallados explícitamente en el texto constitucional para ser válidos”.
Sostiene que “desde esta perspectiva, si el Congreso tiene la facultad de desaforar a un miembro, implícitamente debe tener la facultad de revertir esa decisión si las circunstancias que llevaron al desafuero cambian, especialmente si la finalidad de la inmunidad parlamentaria es proteger la función legislativa y la independencia del Poder Legislativo”.