La Policía Nacional intervino en un supuesto hecho de feminicidio registrado alrededor de las 18:00 en el barrio Tacumbú de Asunción. De acuerdo a los informes preliminares la víctima del hecho fue identificada como Jeniffer Quintana Báez de 27 años de edad.
Se tuvo conocimiento del hecho luego del llamado a los agentes policiales que de inmediato se constituyeron en el lugar del hecho. Asimismo se logró la detención de Christian Esteban Ramírez de 30 años de edad quien sería el responsable del terrible suceso. El mismo ya está aprehendido y a disposición del Ministerio Público.
La víctima del hecho fue derivada hasta el Hospital del Barrio Obrero por sus familiares. El cuerpo presentaba un estado inicial de descomposición. Tenía una sábana liada en el cuello cuando fue encontrada en su dormitorio sentada en una cama.
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Asimismo ya intervino el Ministerio Público a través del agente fiscal de turno quien con los agentes policiales están recabando más datos en relación al hecho registrado.
En caso de que el detenido sea imputado el mismo tendrá que comparecer ante un juzgado penal de garantía para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligencia judicial se definirá si el imputado será recluido en una penitenciaria de nuestro país.
De enero a junio del año 2023 se registraron 26 asesinatos de mujeres por razones machistas o misóginas. Se trata de la peor cifra de feminicidios en los últimos cinco años, la cual está por alcanzar los números del 2018, que cerró sus primeros seis meses con 27 casos, de acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género.
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Fiscalías de Paraguay y Bolivia acuerdan cooperación interinstitucional
Durante la 35ª Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (Rempm) se materializó la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público de Paraguay y el de Bolivia, catalogado por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, como un hito para la región.
“La misión de persecución penal e investigación criminal nos obliga a tomar otras aristas en este nuevo sistema, en este nuevo orden, que afecta particularmente a los Ministerios Públicos de la región”, expresó Rolón ante los medios de prensa tras la firma del acuerdo con su par, Juan Lanchipa Ponce.
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El convenio establece un marco para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y capacitación, así como la colaboración en investigaciones criminales y procedimientos penales. El acuerdo prioriza principios de independencia y autonomía, fortaleciendo la cooperación internacional.
Además, la firma entre ambos fiscales generales promueve la modernización de los mecanismos de colaboración y la implementación de sistemas de alerta temprana para combatir el crimen organizado y el lavado de activos, en consonancia con las convenciones internacionales vigentes.
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Una lucha coordinada
“Desde el Ministerio Público de Bolivia nos sentimos muy satisfechos con este acuerdo. El trabajo conjunto es de suma importancia en el caso del abordaje de los crímenes transnacionales, fundamentalmente en las fronteras de ambos países”, refirió por su parte el fiscal Lanchipa Ponce.
Remarcó además que a través de la suscripción del convenio, se podrá trabajar de manera efectiva tras facilitar informaciones estratégicas en el marco de la lucha contra el crimen organizado, así como la delincuencia compleja y organizada transnacional y sus delitos conexos.
“A partir de este convenio, llevaremos adelante de manera entrelazada y coordinada la búsqueda de mejores resultados dentro de la prosecución penal”, remarcó el fiscal, destacando la posibilidad de materializar labores conjuntas en varias áreas críticas, incluyendo el análisis criminal, entre otras más.
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Ley de tobilleras electrónicas tiene 60 días para reglamentación y su aplicación
El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, explicó que con la promulgación de la ley de tobilleras electrónicas del Poder Ejecutivo existe un plazo de 60 días para su reglamentación y la organización de las instituciones involucradas para ser aplicada. En este tiempo también se debe definir el proveedor del sistema de monitoreo.
“A partir de esta ley se cuenta con 60 días para la reglamentación, de manera paralela se está viendo cuál es el sistema a ser implementado, atendiendo que hay una gran oferta en cuanto a los dispositivos de control electrónico, entonces se tiene ese tiempo para optar por una de esas opciones”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
También se debe realizar la conformación de la oficina interinstitucional que estará integrada por representantes del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público, integrantes de la Defensa Pública. “Es una oficina que también debe ser integrada en este tiempo que tenemos para la organización”, indicó el comandante.
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¿Quiénes pueden acceder al dispositivo?
En cuánto a quiénes son los que podrán acceder al dispositivo de monitoreo, el comandante explicó que la aplicación dependerá de lo que dicte un juez y el procesado o condenado. Así también, la persona debe contar un contrato para costear, tanto el dispositivo como el mantenimiento del sistema.
“Las personas que, con base en lo que dicte el juez, van a poder acceder, tienen que tener en este caso la posibilidad de pagar por este servicio, de contar con este contrato, es un servicio de monitoreo, y también tiene que tener esa capacidad del pago por el mantenimiento correspondiente. Por un lado, el sistema de monitoreo y por otro lado el mantenimiento en sí”, señaló.
Ya en el caso que no pueda costear y existe la disposición del juez para que se utilice el dispositivo, también se dará el caso de que el Estado costee el sistema, para ello también se requiere de un certificado de insolvencia.
“También la ley establece que en caso de que las personas no tengan esa posibilidad de costear el costo del monitoreo y mantenimiento, las personas que se declaren insolventes lo van a hacer a través de un acta y a través de testigos calificados para que puedan certificar esa situación. En esos dos casos se puede acceder y siempre, por sobre todas las cosas, por decisión de un juez”, detalló.
Mientras tanto, sobre el costo de los dispositivos y su mantenimiento, aún no fueron establecidos, ya que dependerá del proveedor. “Estos 60 días nos va dar la posibilidad de que las personas que tengan a su cargo ver el sistema, la plataforma a ser elegida de eso va devenir el costo del monitoreo y el mantenimiento ateniendo a qué tipo de tecnología estamos accediendo”, sentenció.
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Ante cajoneo del caso Atlas evalúan convocar a Emiliano Rolón y fiscales
“Esta no se creará con el fin de perseguir a enemigos políticos, adversarios electorales, de querer manchar reputaciones civiles o políticas”, manifestó el diputado Rodrigo Gamarra tras aprobarse ayer miércoles en la Cámara Baja la creación de una comisión bicameral de investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos.
Entre las principales causas judiciales a ser analizadas por la comisión bicameral se encuentra el presunto caso de lavado de dinero que involucra al extinto expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, y al banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
“Esto surgió ante la preocupación que existe ante este constante reclamo que viene realizando una institución tan emblemática como es la Conmebol, todos sabemos del caso que tomó estado internacional, que llevó a la detención de altas autoridades de la FIFA, el proceso que se vivió y lo que ocurrió en los diferentes países con el mismo tema. En comparación a nuestro país, hasta hoy no se ve una voluntad de resolver este tema ni siquiera la devolución del dinero, está todo muy trancado”, dijo al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El legislador no descartó que se convoque al titular del Ministerio Público y los agentes fiscales vinculados con la causa. A nivel local se cuestiona que Paraguay es el único país que no logró la recuperación del dinero del fútbol. La causa lleva 7 años sin que el Ministerio Público emita un pronunciamiento acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública.
“Es ahí donde tomamos esta preocupación para colaborar con la Justicia, recabar información y que eso pueda avanzar. El Congreso es por excelencia la caja de resonancia de los problemas de la gente. Una organización tan importante a través de su presidente está pidiendo a gritos por todos los medios de comunicación respuestas, entonces el Legislativo no puede hacer oídos sordos. Hay que hacer la observación y la diferencia que en este caso nos basamos en hechos reales, en denuncias existentes, contundentes de organizaciones responsables”, explicó el diputado.
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Ante la posibilidad de que el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y los agentes fiscales involucrados en la causa sean citados ante la comisión bicameral que deberá tener el respaldo del Senado para su entrada en vigencia, Gamarra sostuvo que “se puede, son alternativas, vías válidas, hay varios caminos que se pueden tomar. Podemos citar a los autores, a las partes. Que no se sienta sola la Conmebol y que se sienta respaldada por los congresistas”.
La Conmebol se encuentra decidida a recuperar los fondos que le pertenecen, cifrados en alrededor de USD 200 millones. Mediante la colaboración de la Justicia de Estados Unidos y Suiza, se recuperaron USD 128 millones hasta la fecha.
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Detienen a dos ladrones de motos en Mariano Roque Alonso
Dos ladrones de motos fueron detenidos en Mariano Roque Alonso y se pudo devolver el biciclo a la víctima. Los delincuentes fueron sorprendidos por la Policía circulando en la motocicleta y al no acreditar la documentación pertinente fueron derivados hasta la comisaría local.
Júnior Bogado Vera de 24 años fue hasta la Comisaría 10.ª a realizar la denuncia de que le sustrajeron su medio de movilidad. Unas horas más tarde fueron aprehendidos Pedro Nicolás Ríos de 26 años y Éver Jonathan Giménez de 33 años. Ambos llegaron esposados a la sede policial en una patrullera junto con la moto robada.
El procedimiento fue encabezado por efectivos del Grupo Lince, quienes interceptaron a los sujetos para un control y ambos cayeron. Se comprobó que ambos tenían frondosos antecedentes penales. Pedro Ríos tiene procesos por tenencia sin autorización de estupefaciente, hurto agravado, reducción, entre otros.
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En tanto que Éver Giménez cuenta con causas judiciales por robo y hurto agravado. Ahora los dos ya están a disposición del Ministerio Público. Y el joven trabajador afortunadamente pudo recuperar su motocicleta, incluso con el casco, aunque no así la chapa que sigue en poder los criminales.
“Tuvimos una denuncia recibida en la comisaría por hurto de motocicleta y horas después el Grupo Lince que trabaja en apoyo a esta comisaría se encontraba realizando su recorrido pertinente. En una de esas visualiza una motocicleta de las mismas características”, relató Hugo Troche, subjefe de la Comisaría 10.ª de Mariano Roque Alonso a Unicanal.
Se procedió a la verificación, y como ambas personas no portaban las documentaciones requeridas, además contaban con antecedentes penales, los intervinientes no dudaron en apresar a los sujetos. “Una vez ya en la comisaría se procedió a verificar en el sistema donde se constata que dicha motocicleta es denunciada horas antes como hurtada”, dijo el policía.
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