Agentes del Ministerio Público allanaron esta tarde la planta de la Industria Nacional del Cemento (INC) en la ciudad de Villeta tras recibir la información de que se el sistema informático habría sido alterado para vender miles de kilos de cemento sin emitir factura. En el hecho estarían involucrados varios funcionarios. De momento lograron incautar varios equipos informativos y documentaciones.
Según la fiscal Ruth Benítez, el allanamiento se registró luego de una denuncia realizada desde la institución en el transcurso de este martes, luego de que detectaran ciertas irregularidades. “Podemos hablar de varios hechos punibles. Estamos individualizando a las personas implicadas”, explicó en entrevista con C9N.
Agregó que se puede hablar de un gran esquema criminal que está cometiendo los robos y que implicaría a varios funcionarios. “Podemos hablar de un grupo en el que están implicados varios funcionarios, desde el encargado de báscula así como guardias y no podemos descartar la participación de altos funcionarios. No podemos descartar la asociación criminal”, manifestó.
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Apuntó que en una primera etapa, el allanamiento se realizó por el sabotaje al sistema informático, pero que luego se fueron descubriendo otros tipos de hechos punibles. “En la tarde de hoy y gracias a las diligencias realizadas podemos hablar de otros hechos punibles, como acceso indebido al sistema informático, lesión de confianza entre otros hechos”, aseguró.
Afirmó que de momento no tienen a ninguna persona detenida y que apenas están individualizando a las personas que tuvieron acceso al sistema informático. “A prima facie, lo que puedo adelantar es que se realizaba el circuito normal establecido por la INC, pero posterior a la salida de esos camiones ya cargados hacían desaparecer el proceso del sistema informático ”, manifestó.
Cabe destacar que de momento la Fiscalía no pudo precisar cuántos kilos de cemento salieron mediante este sistema, por lo que se espera que se realice una auditoría. Las investigaciones son realizadas junto con el Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional para determinar el daño patrimonial sufrido y la conducta de cada uno de los implicados.