Una paraguaya fue rescatada de Bolivia donde era explotada sexualmente tras ser llevada bajo engaños. La víctima ya se encuentra resguardada por el Ministerio Público del vecino país y en los próximos días estaría retornando. La Fiscalía de Paraguay ya tomó intervención en el caso.
La fiscal Carina Sánchez explicó este martes que la mujer fue contactada a través de las redes sociales y le ofrecieron trabajar como mesera en un local de Bolivia, pero al llegar se percató que fue engañada y terminó siendo obligada a prostituirse. También hay otras compatriotas en la misma situación.
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“La información que recibimos es que le contactaron por Facebook, donde le ofrecieron un buen trabajo como mesera en un local nocturno. Sin embargo, al llegar ahí se percató que se trataba de un prostíbulo y fue obligada a prostituirse”, manifestó la fiscal en comunicación con la radio 1020 AM.
Mencionó que la compatriota fue arrebatada de sus documentos y la obligaron a prostituirse por unos días, hasta que pudo solicitar ayuda a una amiga que está en Paraguay, quien realizó la denuncia y el Ministerio Público tomó intervención, comunicando lo sucedido a sus pares de Bolivia.
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“La obligaron a prostituirse por unos días, hasta que la víctima pudo solicitar ayuda. En el local había más paraguayas en la misma situación. Una vez que se terminen las diligencias vamos a proceder a trasladar a las compatriotas. Estamos esperando datos sobre si hay personas involucradas en nuestro país”, agregó Sánchez.
La fiscal indicó que la mujer está bajo resguardo de la Fiscalía de Bolivia para luego ser repatriada y destacó que el operativo realizado fue exitoso porque se pudo rescatar de forma rápida a las víctimas, luego de recibir la denuncia sobre la explotación sexual.
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Investigan desaparición de 350.000 metros de cable de la Ande
El fiscal Silvio Corbeta se constituyó en la sede de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ubicada sobre la avenida Guido Boggiani, para iniciar las pericias del caso. El perjuicio a la institución sería de G. 7.500 millones, según datos iniciales de la investigación.
“Lo que denunció la Administración Nacional de Electricidad es un retiro de aproximadamente 350.000 metros de cables, que son de diferentes tipos de milímetros y especies, para diferentes usos”, señaló a la 1080 AM.
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El agente del Ministerio Público explicó que las autoridades de la Ande radicaron la denuncia a resultas de una auditoría interna donde se corroboró la irregularidad, en la que estarían involucrados algunos funcionarios de la institución.
“La auditoría señala que estas personas han solicitado de manera indiscriminada a través de los pasos internos que tiene la Ande para retirar estos cables. Y en el mismo sentido la auditoría responsabiliza también a parte de los funcionarios encargados de controlar si eso cumple con los requisitos establecidos en los manuales internos de la Ande, para posteriormente proceder a la entrega de los cables”, explicó.
El fiscal Corbeta confirmó que hay una sospecha de la participación del personal encargado del despacho de los cables. “Hubo una suerte de ligereza o una suerte de omisión en cuanto al control efectivo en la entrega de estos cables que fue solicitado por esta unidad que es de la sección de Limpio de la Ande, específicamente”, puntualizó.
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Investigación a los Pereira Rieve duerme hace 3 años en Fiscalía
En una actitud visiblemente cohibida, en la sesión de ayer el diputado “mago del sur”, Carlos Pereira Rieve ensayó un discurso alusivo a los destapes mediáticos en torno a su empresa hormigonera, responsable de la carga de losas en el edificio caído en Encarnación y la fortuna que amasó en tiempo récord. Se retrotrajo a los tiempos de su colegio, revivió sus inicios como activista juvenil, su vida sacrificada, sin herencias, recordó y pidió disculpas a su mamá, pero en su alocución no pronunció una sola frase que explique la receta mágica de su meteórico ascenso económico, ni la causa por enriquecimiento ilícito que le abrieron junto con sus hermanos y que se maneja con mucho hermetismo en el Ministerio Público.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Con mucha insistencia y en medio de un hermetismo que llama poderosamente la atención, nuestro equipo accedió a la confirmación de que la causa sobre enriquecimiento ilícito del Ministerio Público al clan Pereira Rieve de Itapúa continúa abierta, así como otros datos que guardan relación al caso.
La causa sobre enriquecimiento ilícito y otros que la Fiscalía abrió al exintendente de Cambyretá, actual gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve y a sus hermanos data del año 2022. Es decir, hace tres años que el Ministerio Público tiene en sus manos la investigación y hasta ahora no existen resultados visibles, menos aún socializados sobre los presuntos delitos que se sospechan los miembros del clan.
En el marco de la mencionada causa, el exfiscal Osmar Legal había solicitado a la Contraloría General de la República hace 2 años y medio el estudio de correspondencia del actual gobernador, su hermano el hoy diputado, exconcejal departamental Carlos Pereira Rieve y la hermana de ambos Gladys Estela Pereira Rieve, secretaria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.
La investigación penal prácticamente se manejó en secreto, ni una sola información trascendió al respecto. En paralelo, intentaron desestimar la causa, pero desde el juzgado al cual acudieron rechazaron el pedido y tuvo que ser reabierta.
LA CAUSA
La investigación del presunto enriquecimiento ilícito al clan Pereira Rieve, posiblemente guarda relación con actividades ilícitas concernientes al lavado de dinero provenientes del narcotráfico. Recordemos un informe inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que sindicaba al entonces intendente de Cambyretá, actual gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve como líder de una organización criminal vinculada al narcotráfico que quedó en la nada, porque el agente antidrogas fue pescado en un presunto cobro de coima para limpiar el expediente de su investigado y es así que el sospechoso se convirtió en víctima y denunciante.
El proceso se redujo a la condena del agente antidrogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigaciones que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal, pese a la existencia de la carpeta que incluso fue incautada en un allanamiento en el marco de las investigaciones al exfuncionario preso por caso coima.
En medio de las sospechas de los ilícitos mencionados, sin embargo, el clan Pereira Rieve amasó fortuna, constituyó empresas, erigió enormes fábricas, que han pasado desapercibidos para los organismos de control y pese a las extraordinarias formas en que han saltado de la pobreza a la prosperidad.
Recordemos que en el caso del diputado “mago del sur”, de armar una empresa en la que su aporte fue la módica suma de G. 2,5 millones, una notebook, escritorio y silla de oficina, un archivero y algunos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millones, en dos años pasó a Mega Concret SA de G. 6.000 millones, que de entrada se integró G. 4.150 millones.
O el caso de su hermano el gobernador que, de un terreno tasado en G. 12 millones en sus tiempos de concejal municipal de Cambyretá, le bastó dos elecciones como intendente para aterrizar a la jefatura departamental con un activo de G. 7.300 millones.
Sin embargo, nada explicó el diputado “mago del sur” sobre las bases o el origen del dinero para el gigantesco salto económico suyo y de su familia en tiempo récord. Usó minutos de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados para referirse indirectamente a los destapes en la prensa, recordó su época de colegio, sus inicios como activista juvenil, su vida de trabajo, llena de sacrificio para luego concluir con la teoría de siempre, de atribuir los trascendidos a ataques políticos para “manchar” su imagen.
Aprovechó para pedir disculpas a su mamá y saludar a su departamento, pero no se acordó de las víctimas fatales a causa del desplome del edificio en la que su empresa cargó las losas y proveyó hormigón por G. 2.000 millones, mucho menos de la causa en la Fiscalía que había desconocido ya en una consulta anterior realizada desde nuestra redacción.
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Arrestan a jueza que anuló orden de captura contra Evo Morales en Bolivia
- Fuente: AFP
La policía de Bolivia detuvo este lunes a la jueza que anuló la semana pasada una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata de una menor, y cuya decisión fue suspendida por otro juzgado días después, informó el Ministerio Público.
La detención se realizó en Santa Cruz de la Sierra, en el este del país, donde tiene su despacho la jueza Lilian Moreno, quien también anuló los cargos presentados contra el líder indígena, el congelamiento de sus bienes y un impedimento de salida del país.
“Al tener una resolución fundamentada (...) los policías dieron cumplimiento” a una orden de captura contra Moreno, dijo Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, en conferencia de prensa.
El domingo el Ministerio de Justicia señaló que había denunciado a la magistrada por los presuntos delitos de desobediencia de resoluciones constitucionales y prevaricato, que consiste en dictar disposiciones fuera de la ley. El fiscal general afirmó este lunes que ordenaron arrestarla por “peligro de fuga y obstaculización”.
La jueza fue trasladada luego en un vuelo comercial hacia La Paz, según medios locales. “Tengo entendido que en las próximas horas esta persona, que hoy se encuentra en calidad de aprehendida, va a prestar su declaración” ante un fiscal, dijo Mariaca.
Morales, de 65 años y que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, se encuentra refugiado en la región cocalera del Chapare, en el centro del país.
Las autoridades lo requieren por no presentarse a las citaciones a las que fue llamado a declarar.
Según la fiscalía, el exmandatario mantuvo en 2015 una relación con una adolescente de 15 años con quien tuvo una hija un año después.
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La acusación sostiene que Morales habría otorgado beneficios a los padres a cambio de su hija, que formaba parte de la “guardia juvenil” del entonces partido del exgobernante. Morales niega estas acusaciones.
“Falta gravísima”
La jueza Moreno anuló la semana pasada el expediente de investigación y el juicio contra Morales que se llevaban en el departamento de Tarija, donde la presunta víctima habita, en el sur de Bolivia.
Dispuso, además, que el caso se iniciara de nuevo en Cochabamba, bastión político y zona de residencia del líder cocalero. El último viernes un juez de La Paz suspendió los efectos de la decisión de Moreno.
A la jueza no le correspondía decidir qué autoridad debe resolver el caso, sino a la máxima corte de justicia, dijo este lunes Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, en conferencia ante los medios.
Hay indicios “para considerar que ha existido una falta administrativa gravísima”, que “tiene una sanción que es la destitución”, dijo.
El juez de La Paz también se enfrenta a un proceso disciplinario similar, pues tampoco habría estado facultado para evaluar la decisión de Moreno, anotó Baptista.
No es la primera vez que Moreno se cruza en el camino judicial de Morales. En octubre de 2024 anuló otra orden de captura contra él por el mismo caso.
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Jueza anula orden de captura contra Evo Morales en Bolivia
- Fuente: AFP
Una jueza de Bolivia dejó sin efecto la orden de captura contra el exmandatario Evo Morales por presunta trata de personas, a raíz de un caso relacionado con el abuso de una menor cuando era presidente, según un fallo divulgado este miércoles.
La fiscalía había ordenado en octubre la detención del líder indígena de 65 años, quien desde entonces se refugió en la región cocalera del Chapare, donde sus seguidores montaron un dispositivo de vigilancia para impedir su aprehensión.
Después de casi siete meses, la jueza penal Lilian Moreno dio la orden de anular el mandato de arresto, así como “todos los actos procesales e investigativos” contra el expresidente.
“Se deja sin efecto cualquier auto de rebeldía y mandamiento de aprehensión judicial que pese sobre” Morales, señala apartes del fallo divulgado por la defensa y medios bolivianos.
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De momento, no se conocen las razones que invocó la jueza para anular la causa.
Según la Fiscalía, Morales mantuvo en 2015 una relación con una adolescente de 15 años con quien tuvo una hija un año después.
El político fue investigado en 2019 por este mismo caso bajo el delito de estupro, que implica acceso carnal con una menor de entre 14 y 18 años. Pero el expediente se archivó en 2020.
En 2024 se abrió una nueva investigación en la fiscalía de Tarija, al sur de Bolivia, en la que se denunció que se trataría de una presunta trata.
La acusación sostiene que Morales habría otorgado beneficios a los padres a cambio de su hija, que formaba parte de la “guardia juvenil” del entonces partido del exgobernante.
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