El Ministerio Público realizó hoy un allanamiento en la sede del Grupo Aéreo Militar (GAM) con el fin de recabar informaciones sobre el caso del personal militar y conductor de plataforma Líder Javier Ríos Cañete, de 27 años, quien se encuentra con paradero desconocido desde el último sábado.
Los agentes fiscales Silvio Alegre, Andrea Vera y Federico Delfino, fiscal delegado de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas, Antiterrorismo y Antisecuestros, integran el equipo de agentes conformado por disposición de la Fiscalía General del Estado, con el fin de investigar el hecho.
Tras el allanamiento del lugar donde trabajaba el militar, se procedió a la verificación del casillero de la víctima, además de la incautación de teléfonos celulares de algunos camaradas del joven desaparecido, a fin de buscar información que pueda aportar en la investigación.
Ríos Cañete, quien reside en el barrio Mora Cué de Luque, en sus horas libres realizaba servicios de traslado de personas mediante una plataforma. El pasado jueves a la noche se despidió de su esposa para realizar la mencionada actividad laboral, pero posteriormente no regresó a su casa y tampoco respondía a las llamadas y mensajes, por lo que la misma denunció su desaparición.
Luego, el vehículo del joven fue encontrado abandonado en el barrio San Vicente de Asunción. El militar es de estatura y contextura física mediana, y vestía una remera color azul oscuro el día de su desaparición. Ante cualquier información que ayude a su localización, la ciudadanía puede contactar al Sistema 911 o a la comisaría más cercana.
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Aliada de Arnaldo Giuzzio comparece ante la Fiscalía por filtraciones al narcotráfico
La exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Graciela Rolón, comparece en estos momentos ante la Fiscalía con el fin de que explique cómo se filtraban desde la institución datos confidenciales al esquema narco encabezado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y el uruguayo Sebastián Marset.
De esta manera el órgano extrapoder toma acciones en este grave caso que se daba en el tiempo en que Arnaldo Giuzzio lideraba la institución. La citación fue realizada por el equipo fiscal, conformado por los agentes Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce.
De acuerdo al Ministerio Público, las filtraciones de informaciones a la organización criminal de Tío Rico se concretaban desde la Dirección de Inteligencia Técnica de la Senad, encabezada en ese entonces por un hombre de confianza de Giuzzio.
La situación se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para zafar de los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Al ser consultada sobre el tema por los medios de comunicación Rolón afirmó que “muchas cosas no puedo decir, yo como exfuncionaria estoy compelida por algunos artículos del Código Penal para no revelar secretos de interés público”. Añadió que bajo su gestión se realizaron las denuncias sobre las filtraciones por medio de la Unidad de Investigación Sensible.
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El argumento que esgrimió la exministra para justificar las medidas light que se tomaron durante el anterior gobierno contra los funcionarios que operaban a favor del narcotráfico se debió a los “protocolos de la investigación” que, según la misma, se ajustó con la finalidad de que el operativo A Ultranza alcance la efectividad que logró.
“Eso establecía el protocolo, porque el ministro no remite las informaciones de inteligencia, todo lo hacen los agentes que están a cargo y controlados por el juzgado de garantías al Ministerio Público”, dijo en su defensa la exalta funcionaria de Estado.
“Yo voy a contar todo lo que a mí me consta y con esto quizás ayude al Ministerio Público para aclarar. Si se hace una línea de tiempo, las informaciones de filtraciones fueron en el 2020, sin embargo nosotros tomamos conocimiento de esto recién en octubre del 2021, cuando se recibió los mensajes encriptados de Europol, entonces hay una gran línea de tiempo”, acotó.
Rolón siguió sosteniendo que “después ya estábamos abocados y trabajando en la operativización de A Ultranza. En el momento que me informaron (sobre las filtraciones desde la Senad), enviamos a asuntos internos, hicieron las primeras diligencias a la expectativa de la operativización de A Ultranza”.
Por otra parte, indicó que es posible saber quienes de los funcionarios de la Senad durante el anterior gobierno realizaron las filtraciones al narcotráfico. “Confío en el Ministerio Público, están trabajando y tengo el interés para que se sepa quiénes son estas personas”, dijo.
Añadió que la detección de las filtraciones (audios y transcripciones) ya se había adjuntado en los expedientes de A Ultranza, y que de ello tenían conocimiento todas autoridades de investigación y judiciales competentes.
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Erico Galeano “tiene la responsabilidad de demostrar su inocencia”, afirma Peña
En el transcurso de su jornada de gobierno por el departamento de Concepción, el presidente de la República, Santiago Peña, fue consultado sobre el pedido realizado este viernes por el Ministerio Público consistente en elevar a juicio oral y público la causa que enfrenta el senador Erico Galeano en el marco del mega operativo A Ultranza Py.
“Tiene la responsabilidad de demostrar su inocencia. Dijo en reiteradas ocasiones que es inocente y, si hay justicia, tendrá que demostrar que él tiene culpabilidad. Hasta ahora las evidencias que se han encontrado no demuestran ninguna vinculación de él, pero finalmente es el ámbito de la justicia el que va a tener que actuar”, dijo a los medios de comunicación.
Por su parte, el líder de bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez informó en Asunción que la próxima semana mantendrán una reunión del bloque con el fin de evaluar la situación de su colega y sentar una postura política.
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No obstante, Núñez argumentó que el caso judicial sigue su proceso y que se debe dejar que la Justicia realizce su trabajo. “Nosotros queremos respetar la institucionalidad de la Fiscalía como lo hicimos en el periodo anterior, defendiendo a una fiscal general. Nosotros ahora seguiremos respetando la institucionalidad de la Fiscalía, respetando a este fiscal general puesto por otros”, indicó.
Núñez acotó que “la Constitución Nacional establece y dice que se presume de la inocencia de las personas. Yo personalmente creo que la Justicia debe hacer su trabajo, no ustedes (medios de comunicación), no nosotros. O si no, para qué está el sistema, por qué está el sistema jurídico creado en el ‘92 ¿Qué pasa si el juez dice después que es inocente? ¿Quién se hace cargo? Las acusaciones desde luego que son graves, solo que tenemos que respetar lo establecido en nuestras leyes”.
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Desbaratan clan familiar del microtráfico en Atyrá
Todos los integrantes de una familia que se dedica al microtráfico cayeron durante un allanamiento fiscal policial realizado en el barrio San Blas de la ciudad Atyrá, departamento de Cordillera. Se incautaron 500 dosis de cocaína tipo crack, aparatos celulares, una balanza y dinero de baja denominación que sería producto de la venta de la droga.
La Policía aprehendió a Justina Ruiz (46), su hijo, Alfirio Ruiz (27) y a una adolescente de 17, quienes fueron llevados a la comisaría local y están a disposición del Ministerio Público. De los registros policiales saltó que el sujeto cuenta con antecedente por transgresión a la Ley 1340/88 y sus modificaciones.
Para los investigadores, la mujer sería cabecilla de la banda que se encargaba de proveer estupefacientes a otros microtraficantes de la zona. Específicamente la comercialización se basaba en cocaína tipo crack y durante el allanamiento de la vivienda precisamente se hallaron objetos que evidencian la magnitud del negocio ilícito como la balanza utilizada para pesar los gramos de la sustancia a ser distribuida en diferentes zonas de los departamentos Central y Cordillera.
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El fiscal Benjamín Vera de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico de Cordillera tomó intervención en el procedimiento que estuvo a cargo del personal del departamento de Antinarcóticos – Oficina Técnica n.°3 – del tercer departamento del país. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) también cuenta con agentes especiales dedicados exclusivamente a investigar el microtráfico, con buenos resultados en el marco de la campaña gubernamental denominada Plan Sumar.
Los operativos de la Policía y la Fiscalía se han recrudecido durante los últimos días en el marco del combate contra el microtráfico y el narcotráfico como eje principal del programa de gobierno del presidente Santiago Peña.
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Defienden gestión de la Fiscalía ante el cuestionamiento opositor
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, junto con una comitiva de agentes fiscales brindó detalles sobre el proceso de la investigación que busca descubrir quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen de Marcelo Pecci, registrado en la isla de Barú, Colombia, el pasado 10 de mayo de 2022. “Hoy estamos en la nebulosa. Nosotros dependemos en muchos aspectos de la gestión de la justicia colombiana porque, en verdad, el hecho punible ocurrió en Colombia. Quiero descartar absolutamente y con énfasis que la Fiscalía no haya puesto de sí todo lo que se debe. Este es un caso emblemático y todos tienen un afecto especial por el caso”, sostuvo el titular del Ministerio Público.
Actualmente, el desempeño de la Fiscalía es fuertemente cuestionado por la oposición, quienes califican de negligente a Rolón Fernández y argumentan la falta de avances, razón por la cual incluso plantean la existencia de suficientes méritos para someterlo a un juicio político.
ENFATIZAR COMPROMISO
“Nosotros queremos enfatizar nuestro compromiso institucional y del equipo de trabajo en dilucidar este complejo caso, ya que el escenario del crimen está distante y de alguna manera forma parte del eje central. Es difícil porque dependemos de engorrosos trámites que son de orden de relacionamiento de países soberanos, porque aún no tenemos un equipo conjunto de investigación que nos permita un acceso directo a tantas informaciones”, añadió.
Por otra parte, acompañado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Alejandro Cardozo, Alicia Sapriza, Giovanni Grisetti, Manuel Doldán y Cristian Ortiz, requirió una mayor “reciprocidad” de las nuevas autoridades del Ministerio Público colombiano, quienes asumieron sus funciones en febrero, para intercambiar informaciones y avanzar en las investigaciones.
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Condena a Correa en Colombia
Autoridades de Justicia de Colombia emitieron ayer la condena contra Correa que se suma así a los demás condenados por el crimen del fiscal paraguayo. El portal de El Tiempo, de Colombia, informó que en la tarde ayer un juez “dio el visto bueno al preacuerdo al que llegó la Fiscalía General con Francisco Luis Correa, el llamado cerebro en el plan para asesinar al fiscal Marcelo Pecci. Tras ello, emitió una condena contra el procesado por los delitos de porte ilegal de armas en concurso con amenaza a funcionarios públicos”. La resolución señala que “en mérito de lo expuesto, el Juzgado 4 Penal de Conocimiento de Cartagena resuelve condenar a Francisco Luis Correa Galeano como autor del delito de porte ilegal de armas con funciones agravadas, en concurso heterogéneo y sucesivo con amenazas contra servidor público a la pena principal, en virtud del acuerdo, a seis años y seis meses de prisión, lo que daría lo mismo a 78 meses”.
El Tiempo señala que la decisión del despacho tiene que ver con que el 5 de mayo de 2022 el llamado cerebro del crimen se reunió con otras personas involucradas en este caso. El punto de encuentro fue la Plaza Minorista de Medellín, Antioquia, y el plan fue cuadrar todo el accionar criminal que contó con la entrega de un arma y celulares por parte de Galeano al resto del grupo, el cual ejecutó varias acciones en Cartagena, donde se cometió el homicidio. Por este caso ya fue condenada en la justicia colombiana Margareth Lizeth Chacón, quien fue sentenciada por una juez a 39 años y 10 meses de cárcel por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.