Las empresas constructoras expresaron su preocupación por las consecuencias que podría traer consigo la millonaria deuda que mantiene el Estado paraguayo con el sector, por lo que solicitan medidas transitorias al Banco Central del Paraguay (BCP) para evitar calificaciones negativas con los bancos.
A través de un comunicado divulgado este martes, la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) sentaron postura ante el escenario complicado que se presenta actualmente por la deuda del Estado.
En el texto, manifiestan su preocupación por las “derivaciones financieras” de la deuda acumulada con las empresas contratistas en cuanto a la calificación de las mismas y a sus posibilidades de seguir accediendo a créditos, y, por ende, de seguir generando empleo.
Teniendo en cuenta lo mencionado, ambos gremios de la construcción solicitaron la aplicación de medidas transitorias al BCP para amortizar el impacto de la deuda del Estado sobre la calificación ante los bancos. Una de estas medidas justamente es que las entidades financieras dejen de considerar a las pérdidas comprobables que deriven de lo anteriormente señalado como “debilidades financieras transitorias” ni como “dudas razonables sobre reembolso de créditos”.
“Se debe tener presente que la construcción es el sector más dinamizador de la economía, que emplea a unas 300.000 personas de forma directa y que cuando su desempeño se ve afectado, con él se afecta severamente a toda una cadena de suministro compuesta por industrias y empresas de servicios”, refiere el comunicado conjunto de Capaco y Cavialpa.
Asimismo, enfatizan que el crédito es el principal sistema de apalancamiento financiero con que cuentan las empresas del sector, por lo que consideran injusto que la calificación de las mismas frente a los bancos se viera afectada por un incumplimiento originado en el Estado. Esto teniendo en cuenta que este año la deuda con las constructoras alcanzó los US$ 400 millones, causando un impacto negativo en el empleo de la mano de obra.
En otro orden de cosas, manifiestan que la demora en el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del Estado tuvo un efecto que se extendió a los proveedores en general, viéndose demorados los pagos por las empresas constructoras y sometiendo a un estrés financiero a toda la cadena de provisión.
“Tanto Capaco como Cavialpa consideran que con una medida similar a la que en su momento el BCP aplicó al sector productivo –golpeado por la sequía– se podrá evitar una recategorización negativa de las empresas a las que adeuda el Estado y, con ello, evitar que se consolide un nuevo embate al sector de la construcción, el que más empleo genera entre todos los sectores económicos”, finaliza el pronunciamiento de los gremios.