Tras varios meses de denuncias por parte de funcionarios, Copaco sigue sin cumplir con su obligación de depositar el dinero correspondiente al pago por prestación alimentaria, dejando a varios beneficiarios sin dichos recursos. En varios casos, existen sentencias judiciales firmes.

Nuevamente, se comunicaron con nuestra redacción algunos funcionarios de la empresa estatal de telefonía para denunciar el incumplimiento en lo que respecta al depósito mensual por asistencia alimentaria.

Hace unos meses, La Nación/Nación Media ya se había hecho eco de esta problemática publicando los pormenores del caso. En esta oportunidad, el escenario sigue siendo el mismo y hasta el momento no hubo ninguna variación.

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Los funcionarios afectados refieren que Copaco ya ha efectuado los descuentos correspondientes en sus salarios, aunque el dinero aún sigue sin ser acreditado a los destinatarios finales, pese a que en varios casos ya hay sentencias judiciales.

Los montos retenidos deben ser depositados en las cuentas de los bene­ficiarios entre el 1 al 5 de cada mes, según establece la ley. Sin embargo, el Banco Nacio­nal de Fomento (BNF) aún no recibió ningún depósito en concepto de asistencia alimentaria, sostienen los denunciantes.

En ocasiones anteriores, la situación llegó a ser reportada formalmente ante el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) con el fin de intentar acele­rar el pago en concepto del importante ítem que afecta a menores, aunque al parecer no se logró el objetivo.

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Estas denuncias reflejan una realidad que se ha vuelto común en los últimos años en Paraguay: la creciente cifra de padres que, tras separarse de sus parejas, se desentienden de la manu­tención de sus hijos biológicos y que se niegan a pagar de manera mensual para la manutención de sus hijos.

De acuerdo a los registros que se tienen en los juzgados de la Niñez y Adolescencia, más del 50% de las demandas que se rea­lizan en este ámbito tie­nen relación con presta­ción alimentaria, lo cual demuestra la gran cantidad de madres que se ven forzadas a acudir a instancias judiciales para exigir el cumplimiento de una obligación que es compartida entre ambos progenitores.