Fuerzas del orden público destruyeron una carga de cocaína valuada en aproximadamente 50.000 dólares americanos este jueves. El agente fiscal Osvaldo García participó de la destrucción de más de 10 kilogramos de cocaína incinerada en un horno tras su hallazgo.
En el marco del caso fueron detenidos José Roberto Valdez Giménez, de 36 años, sargento ayudante de Caballería, y Juan Carlos Sosa Acuña, de 26 años, sargento primero, ambos militares, quienes fueron aprehendidos por la Policía Nacional en el kilómetro 134 de la ruta PY02, barrio Maristas de Coronel Oviedo, el pasado domingo.
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Ambos tenían en su poder una mochila con más de 10 kilogramos de cocaína refinada, distribuida en 10 panes con la marca CH, al momento de ser detenidos. Los intervinientes presumen que los uniformados iban a comerciar la droga. Se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 22 años. Sosa Acuña es de la Primera División de Infantería en el Chaco paraguayo en servicio y Valdez Giménez presta servicios en la Academia Militar Francisco Solano López de Capiatá, también en servicio.
La droga debía ser entregada a una tercera persona en la ciudad de Coronel Oviedo para ser trasladada presumiblemente a Ciudad del Este. El fiscal Osvaldo García explicó este lunes que ambos militares fueron detenidos en la vía pública mientras trasladaban la droga a pie.
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Aliada de Arnaldo Giuzzio comparece ante la Fiscalía por filtraciones al narcotráfico
La exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Graciela Rolón, comparece en estos momentos ante la Fiscalía con el fin de que explique cómo se filtraban desde la institución datos confidenciales al esquema narco encabezado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y el uruguayo Sebastián Marset.
De esta manera el órgano extrapoder toma acciones en este grave caso que se daba en el tiempo en que Arnaldo Giuzzio lideraba la institución. La citación fue realizada por el equipo fiscal, conformado por los agentes Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce.
De acuerdo al Ministerio Público, las filtraciones de informaciones a la organización criminal de Tío Rico se concretaban desde la Dirección de Inteligencia Técnica de la Senad, encabezada en ese entonces por un hombre de confianza de Giuzzio.
La situación se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para zafar de los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Al ser consultada sobre el tema por los medios de comunicación Rolón afirmó que “muchas cosas no puedo decir, yo como exfuncionaria estoy compelida por algunos artículos del Código Penal para no revelar secretos de interés público”. Añadió que bajo su gestión se realizaron las denuncias sobre las filtraciones por medio de la Unidad de Investigación Sensible.
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El argumento que esgrimió la exministra para justificar las medidas light que se tomaron durante el anterior gobierno contra los funcionarios que operaban a favor del narcotráfico se debió a los “protocolos de la investigación” que, según la misma, se ajustó con la finalidad de que el operativo A Ultranza alcance la efectividad que logró.
“Eso establecía el protocolo, porque el ministro no remite las informaciones de inteligencia, todo lo hacen los agentes que están a cargo y controlados por el juzgado de garantías al Ministerio Público”, dijo en su defensa la exalta funcionaria de Estado.
“Yo voy a contar todo lo que a mí me consta y con esto quizás ayude al Ministerio Público para aclarar. Si se hace una línea de tiempo, las informaciones de filtraciones fueron en el 2020, sin embargo nosotros tomamos conocimiento de esto recién en octubre del 2021, cuando se recibió los mensajes encriptados de Europol, entonces hay una gran línea de tiempo”, acotó.
Rolón siguió sosteniendo que “después ya estábamos abocados y trabajando en la operativización de A Ultranza. En el momento que me informaron (sobre las filtraciones desde la Senad), enviamos a asuntos internos, hicieron las primeras diligencias a la expectativa de la operativización de A Ultranza”.
Por otra parte, indicó que es posible saber quienes de los funcionarios de la Senad durante el anterior gobierno realizaron las filtraciones al narcotráfico. “Confío en el Ministerio Público, están trabajando y tengo el interés para que se sepa quiénes son estas personas”, dijo.
Añadió que la detección de las filtraciones (audios y transcripciones) ya se había adjuntado en los expedientes de A Ultranza, y que de ello tenían conocimiento todas autoridades de investigación y judiciales competentes.
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Los militares irán al sur para combatir a los criminales y dar seguridad a la gente
Para reforzar la seguridad ciudadana fuertemente amenazada por sectores del crimen organizado, el Gobierno enviará efectivos militares a los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú. Así se anunció en el Poder Ejecutivo luego de la reunión del presidente Santiago Peña con los miembros del Consejo de Defensa Nacional (Codena) en que analizaron la situación de la zona sur del país que ha sido víctima en los últimos tiempos de lamentables hechos de violencia criminal protagonizada por delincuentes que tienen fuerte potencial bélico.
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto n.° 1767, el martes 28, que autoriza emplear los elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en los tres departamentos mencionados. Y para ello recurre a las disposiciones legales que lo autorizan a enfrentar a los criminales para garantizar la seguridad del país y sus habitantes.
Las fuerzas de combate militares actuarán bajo el mando del Comando de Defensa Interna (Codi) para enfrentar a los malhechores que en los últimos acontecimientos utilizaron armas de guerra y explosivos de alto poder destructivo, especialmente en el noreste de Itapúa.
Uno de los voceros militares, el almirante Cíbar Benítez, directivo del Codena, señaló que el propósito de la medida tomada por el Gobierno es dar mayor seguridad a la ciudadanía con la participación de las fuerzas militares. Manifestó que actuarán de forma complementaria, de acuerdo con las pautas del estado de derecho, ya que la función primera en esa materia es la de la Policía Nacional, como encargada del orden público.
Se instalará un destacamento militar con todos los elementos que requieran la tarea que realizarán, mediante la autorización del comandante de las Fuerzas Militares al Comando de Defensa Interna. El número de efectivos que se llevará al sur será variable y dependerá de las necesidades.
El despliegue de los uniformados será diferente al que ejecuta la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona norte, que está dispuesta en varios sitios de la región controlada. Se los ubicará en cantidades flexibles y en sitios determinados para actuar de acuerdo con los requerimientos que se presenten. No es lo mismo la zona del noreste de Itapúa, donde se han dado hechos criminales muy fuertes, que la de Misiones, en que hasta ahora no se produjeron ese tipo de acontecimientos
El decreto dice que se ordena el empleo de los elementos de combate de las Fuerzas Armadas para las operaciones de defensa interna en los mencionados departamentos para garantizar la seguridad.
De acuerdo con la ley pertinente, la defensa de la seguridad interna es el sistema de políticas, procedimientos y acciones desarrollado de manera exclusiva por el Estado para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país o el ordenamiento constitucional democrático.
El despliegue militar para el sur del país es una excelente noticia, sobre todo para los habitantes de esa zona, hasta hace poco tiempo tranquila, que últimamente se vio envuelta en la sucesión de varios actos criminales que terminaron instalando el miedo y la incertidumbre.
Recurrir a la intervención de las fuerzas armadas para luchar contra la delincuencia en los departamentos del sur es una medida acertada, sobre todo si se tiene en cuenta el resultado de la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en algunos departamentos del norte. Lo que se haga para reprimir la criminalidad y perseguir a los delincuentes para dejarlos fuera de combate debe ser apoyado por todos.
Hay que considerar que esa tarea no se trata solo de la lucha armada, sino también del aporte de las entidades privadas empresariales y de la sociedad en general mostrando su respaldo y su contribución activa contra todo tipo de delito y sus responsables, con actitudes y actuaciones coherentes.
El Gobierno está recurriendo a las fuerzas militares porque sabe que por el enemigo que tiene enfrente necesita el aporte de mayor cantidad y calidad de efectivos. Un hecho que con su solo anuncio ya da tranquilidad a la gente de las zonas afectadas. Y que sin duda constituirá un aporte significativo para que se pueda garantizar la seguridad de la ciudadanía aquejada.
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Refuerzo militar “no significa que se descuidarán los problemas que tenemos en el Norte”
El contralmirante Cíbar Benítez, ministro secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), aseguró que la presencia de militares en los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú no implicará una desatención al combate contra la inseguridad en el Norte, zona de influencia del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Benítez manifestó que aún no se determinó la cantidad exacta de militares que será enviada al sur del país ante la creciente criminalidad. “Hasta ahora no tenemos definida la cantidad. El elemento que irá en los tres departamentos es de composición variada, elementos de batallón, conjunto de fuerzas especiales y de tropas especiales del Ejército. Es importante señalar que esto no significa que se descuidarán los problemas que tenemos en el Norte”, indicó en entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Explicó que “el grupo de militares que irá en el Sur tendrá una posición de expectativas, de marcar presencia que es disuasoria. Hay informaciones de probables eventos (asaltos a entidades bancarias como lo acontecido en Itapúa) y esto no quisiéramos permitir y estar preparados para esta situación”.
Por otra parte, Benítez sostuvo que la presencia de los militares en Itapúa, Misiones y Ñeembucú no significa que la Policía Nacional se encuentre avasallada ante los criminales para garantizar la seguridad interna.
“Yo no diría limitaciones de la Policía, todos queremos que sea eficiente. No se trató desde ese punto de vista, sino desde la necesidad a una complementariedad a la acción de la Policía. Se trata de mantener el orden interno, que las instituciones funcionen normalmente y que la ciudadanía esté protegida; estos son los motivos de la movilización de las fuerzas especiales”, remarcó.
Respecto a la presencia de los militares en Itapúa, departamento donde se registraron varios asaltos de tipo comando a entidades bancarias y cajeros, el contralmirante añadió que “se decidió emplear elementos de las Fuerzas Armadas porque inferimos conexiones con el crimen organizado transnacional y eso consideramos una cuestión de defensa nacional que supera el ámbito exclusivo de la Policía, que es el orden público”.
En ese sentido, el ministro secretario permanente del Codena añadió que “resulta que estos criminales utilizaron armas de guerra, armas largas, incluso explosivos que superan el ámbito de la Policía, esto responde a la necesidad de trabajar conjuntamente”.
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Comisan unos 200 kg de cocaína en San Lorenzo
Agentes de la Policía Nacional decomisaron ayer lunes cerca de 200 kilos de cocaína en la ciudad de San Lorenzo. La droga estaba distribuida en 199 panes que estaban listos como para ser entregados y cuyo destino final sería Limpio. Durante el procedimiento fueron detenidas dos personas.
Según el reporte de la Policía Nacional, la incautación se logró tras un procedimiento de inteligencia realizado por agentes del Departamento de Investigaciones, que realizaron el procedimiento de control del vehículo en San Lorenzo. La inspección fue a una camioneta de la marca Toyota Noah en el que encontraron la supuesta cocaína.
En el lugar fueron aprehendidas dos personas identificadas como Óscar Dahian Rodríguez Figueredo, de 31 años, y de Édgar Daniel Lesme Martínez, de 32 años. “Se logró la incautación de varios panes de supuesta cocaína, también fueron incautados aparatos celulares y documentos varios”, expresaron los intervinientes.
Datos preliminares indican que se trataría de unos 200 kilos de cocaína y que de momento se presume que este tenía como destino la ciudad de Limpio. Hasta el lugar llegaron agentes antinarcóticos que realizaron la prueba de campo cuyo resultado dio positivo a clorhidrato de cocaína. “El procedimiento fue realizado como estrategia de trabajo en el cumplimiento de los objetivos enmarcados en el Plan de Acción Sumar y la lucha contra el narcotráfico establecido como eje de Gobierno del Paraguay. Gracias al trabajo de inteligencia e investigación”, resaltaron.
Hasta el lugar se convocó al personal del Departamento Antinarcóticos y a la fiscal de la unidad especializada Fany Aguilera, quien ordenó el trabajo de pesaje para que luego sea trasladado hasta un depósito. Las dos personas involucradas permanecen en carácter de detenidos.