El director ejecutivo de la Cámara Para­guaya de Exporta­dores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, se refirió acerca de las regula­ciones de la Unión Europea (UE) señalando su compleji­dad de aplicación para el país. Indicó que con las mismas se pierde el foco del productor que debe producir eficiente­mente, a bajo costo y con pro­ductos de calidad.

“El cumpli­miento se hace, porque son cumplimientos de las norma­tivas nacionales, pero llegar al detalle de tener que contar con el certificado de 11 insti­tuciones y que el productor tenga que estar recorriendo ministerios y oficinas, bus­cando tener esa información es engorroso”, afirmó. Enfa­tizó que también se pretende contar con la geolocalización de cada una de las parcelas donde se produce la soja, el ganado o la madera.

Si bien hoy estos aspectos se pueden generar extrapo­lando a las fincas, la carga de trabajo es grande y la norma­tiva entrará en vigencia el 1 de enero de 2025, es por eso que piden gradualidad en la imple­mentación. “Vos tenés que ir a un perímetro, marcarlo, gene­rar un archivo que iría compa­rando el año 2024 con el año base y se sigue produciendo”, manifestó a Unicanal.

Pastore añadió que Paraguay puede ofrecer la demostra­ción de que la producción agrícola y de ganado se rea­liza en áreas libres de defores­tación, porque el 99,7 % puede ser demostrado con imágenes satelitales del Infona. Todo esto con referencia al Pacto Verde de la UE y su Regla­mento 1115/2023, que plan­tean exigencias de trazabi­lidad detallada y diligencias que prohíben la importación de productos que se generan de la pérdida de bosques.

Aseguró que para este mes de marzo se prevé dos visi­tas de representantes de la UE, tanto del área técnica como ambiental, para desa­rrollar una agenda y reunio­nes con instituciones como el Instituto Forestal Nacional (Infona), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vege­tal y de Semillas (Senave), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Minis­terio de Industria y Comercio (MIC) y a través de la Canci­llería con el sector privado, entre otros.