El Centro de Importa­dores del Paraguay (CIP) reiteró su apoyo a la implementación de con­troles fronterizos en la zona de Alto Paraná. Así también, expresaron su apoyo a las ins­tituciones públicas que cum­plen con su deber de cuidado y protección de la economía formal.

El gremio, que aglutina a más de 450 empresas importa­doras, se pronunció ante los hechos acontecidos en el departamento de Alto Paraná vinculados a la Junta Departamental y la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT). El legislativo departamental solicitó decla­rar persona no grata al actual administrador de la Direc­ción de Aduanas, Regional Ciudad del Este, Gustavo Soto, a lo que el gremio no está de acuerdo, pues está a favor de los controles fron­terizos.

“Reiteramos con clari­dad y firmeza qué valores y apoyamos la implementa­ción activa de controles en los puntos fronterizos. Así también, apoyamos a aque­llas instituciones públicas que cumplen con profesio­nalismo su deber de cuidado y protección de la economía formal, combatiendo acti­vamente el contrabando, la evasión y la subdeclaración en el comercio internacio­nal”, indicaron.

En ese sentido, señalan que desde el CIP viene trabajando de forma sostenida con dife­rentes actores en impulsar prácticas que promuevan la transparencia y garanticen el correcto funcionamiento de los mercados. En cuanto a las prácticas promovidas por la Junta Departamental, soli­citan mantener y respetar los principios de institucionali­dad que garantizan el cum­plimiento de sus funciones a la autoridad legítima, con­cretamente, el de exigir la aplicación de obligaciones o derechos.

Asimismo, en el caso de exis­tir denuncias o irregularida­des vinculadas a su gestión, instan a recurrir y cum­plir con los procedimien­tos y canales institucionales creados para este fin. Men­cionaron que el flagelo del contrabando representa un problema que afecta a todos, teniendo en cuenta que el impacto negativo que genera alcanza a diferentes dimen­siones de la visa del país, y no solo a los aspectos relaciona­dos a la economía.

“La práctica del contrabando y de otras formas de comer­cio ilegal, profundamente arraigadas a pequeña y gran escalada, desincentivan la producción y comercializa­ción formal, disminuyen de forma sostenida la competiti­vidad local y arriesgan tanto la recaudación fiscal como capacidad empleadora nacio­nal”, añadieron.