Referentes fluviales, tanto desde el sec­tor privado como del público, acordaron estrate­gias que serán abordadas durante la próxima reunión de la Comisión del Acuerdo Hidrovía, que se realizará del 16 al 19 de mayo en la ciu­dad de Montevideo, Uru­guay. Esto con relación a la intención del gobierno argen­tino de aplicar un peaje en el tramo de la Hidrovía Para­guay-Paraná, entre el Puerto de Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay, que fue aplicado arbitrariamente desde el 1 de enero de este año, con una tarifa de USD 1,47 por tonelada para las embarcaciones que naveguen por dicho trecho.

El planteamiento se dio en el marco del encuentro de la Comisión Nacional de la Hidrovía Paraguay-Pa­raná, realizado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se ana­lizaron los distintos temas a ser abordados en la próxima reunión indicada de la Comi­sión del Acuerdo. Existe una posición consensuada entre Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, respecto al actuar de la Argentina, que pese a los reiterados rechazos y peti­ciones de que demuestre con estudios que avalen la viabili­dad del cobro, ya empezaron a emitir igualmente las fac­turas a las embarcaciones de bandera paraguaya.

Los integrantes de la Comi­sión Nacional acordaron en diseñar estrategias de acción, de modo a seguir firmes con la postura mayoritaria de rechazo absoluto sobre el cobro del peaje, que de que­dar fijo, generaría un sobre­costo de USD 40 millones anuales. Además del tema del peaje, consensuaron las acciones a ser encaradas sobre las dimensiones máxi­mas de convoyes, los recono­cimientos, inspecciones y certificado de seguridad para embarcaciones y el pilotaje. Así como la formación y capa­citación del personal embar­cado con intervenciones para mejorar las condiciones de navegabilidad, entre otros temas.

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La reunión fue coordinada por el viceministro de Rela­ciones Económicas e Inte­gración, Enrique Franco, de la que participaron repre­sentantes del Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC), Direc­ción General de Marina Mercante, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos­tenible (Mades), el Ministe­rio de Industria y Comercio (MIC), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Armada Paraguaya y la Prefectura General Naval. Del sector privado estuvieron los distin­tos gremios como el Centro de Armadores Fluviales y Marí­timos del Paraguay (CAFyM), la Cámara Paraguaya de Ter­minales y Puertos Privados (Caterppa), la Cámara Para­guaya de Exportadores y Comercializadores de Cerea­les y Oleaginosas (Capeco), la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (Cptcp) y la Asociación Agentes Marítimos del Para­guay (Asamar).

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