El presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), Oliver Gayet, habló acerca del aumento del salario mínimo y aseguró que tendrán que reajustar sus precios una vez que se decrete la suba. No obstante, indicó que ante la falta de controles, crece la competencia desleal con los informales, que no se adecuan a este aumento. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) envió su propuesta al Poder Ejecutivo para el nuevo reajuste del salario mínimo en un 11,4%, con el que los trabajadores empezarían a percibir 2.550.307 desde el 1 de julio. Respecto a eso, Gayet, en comunicación con La Nación/Nación Media, aseguró que, como lo habían hecho otros gremios, no pedirán que se postergue el aumento.
Sin lugar a dudas, este nuevo aumento representaría también la necesidad de remarcar precios en el sector, por lo que vienen siguiendo de cerca todas las decisiones que tomen las autoridades. Gayet señaló que no fueron tenidos en cuenta para realizar esta propuesta, pero apuntó a que se regirán a las decisiones que se tomen a fin de garantizar el derecho de sus trabajadores. “Evidentemente, eso nos preocupa porque, sobre todo, una vez más juega en contra de los formales porque vamos a aumentar, eso va a hacer que aumente nuestro costo de mano de obra, nuestro costo del IPS (Instituto de Previsión Social), porque es directamente proporcional y nosotros no vamos a poder mantener una vez nuestros precios y vamos a tener que reajustar los precios a la suba”, aseguró el presidente.
Señaló que una vez más ven cómo la competencia desleal, la gente que trabaja en la informalidad, va a tener un margen mayor de diferencia con respecto a ellos. Apuntó a que estas situaciones, como la alta inflación y el aumento del salario mínimo, afectan en gran medida al sector que trabaja dentro de la legalidad debido a la falta de controles. “Con todo esto que viene, como una avalancha, no vamos a poder hacer frente y vamos a tener que subir los precios, y vuelvo a recalcar, subimos nosotros porque trabajamos dentro de la legalidad y aquel que trabaja dentro de la ilegalidad, que no emite factura, que no paga IPS, que no paga salario mínimo, evidentemente que la brecha es muy grande, y al consumidor final lo que le importa es su bolsillo, donde le sale más barato”, explicó.
