En un reciente informe el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal del Instituto Forestal Nacional (Infona) reveló que el 99,9 % de las 2.978.795 hectáreas de soja sembrada en la región Oriental durante el 2022 provienen de áreas no deforestadas.

Solo 2.739 hectáreas de la superficie de soja sembrada en esa campaña agrícola corresponden a nuevas áreas deforestadas después del 31 de diciembre del 2020; es decir, que las áreas sembradas que no afectan a zonas con bosque nativo, cumple con el periodo exigido por la Unión Europea (UE).

Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) dicen que teniendo en cuenta que Paraguay produce un total estimado en 10.000.000 toneladas anuales, solo unas 9.500 toneladas provendrían de las áreas desmontadas después de diciembre del 2020, lo que representa un porcentaje mínimo (0,1) de la producción total de soja paraguaya.

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Además mencionaron que en medio de la reunión con agricultores del interior del país se recogieron varias preguntas sobre las exigencias de la UE. “Con los datos proporcionados por el Infona, ¿es razonable la exigencia de la UE de tener que someter al proceso de diligencia debida a la cadena productiva por la simple sospecha o presunción de que se deforestó para producir la soja?”, cuestionaron.

También reclamaron que se ponga la carga de la prueba sobre el productor paraguayo, de modo que sea este quien tenga que demostrar que produce soja libre de deforestación generando sobrecostos y demoras con procesos o trámites para exportar.

“Ante la falta de argumentos convincentes hubo coincidencia en que, más que una preocupación por la deforestación, las exigencias son solo un pretexto para quitar competitividad a la producción paraguaya con medidas que generan trabas comerciales solapadas bajo preocupaciones ambientales”, aseveran desde la UGP.

La normativa 1115/2023 aprobada por la Unión Europea tiene como fin evitar que productos en el mercado europeo, importados, comercializados o para exportación, provengan de territorios deforestados a partir de 2021.

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