La Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (Cptcp) conformada por armadores fluviales de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, informó que fue conformada una mesa de trabajo junto a los equipos técnicos de Administración General de Puertos (AGP) para replicar las reuniones que se vienen realizando hace más de un año en torno al conflicto en la Hidrovía Paraguay-Paraná.
“Los representantes de ambas entidades coincidieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta en pos de encontrar mejoras que permitan una navegación aún más segura y eficiente”, mencionaron a través de un comunicado. Señalaron que esto se dio con el objetivo de desarrollar el potencial de la vía de navegación troncal en el tramo Santa Fe - Confluencia en beneficio de los cinco países que conforman del acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.
Según indicaron, tanto el titular de la AGP, José Beni, como el presidente del directorio de la Cptcp, Diego Azqueta, remarcaron la importancia de profundizar el diálogo entre todos los sectores involucrados. Beni, propuso iniciar los trabajos a través de un mecanismo de consultas y sugirió un esquema de reuniones quincenales donde se profundicen las cuestiones técnicas relacionadas con las necesidades de los usuarios (sector privado).
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El documento refiere que las partes fijaron una primera reunión para el próximo 22 de septiembre “donde los equipos de profesionales llevarán adelante el primer encuentro para conversar acerca de las cuestiones técnicas que conciernen al mantenimiento y mejoras en la infraestructura existente en el tramo en cuestión, y compartir información necesaria”.
El conflicto se agravó
El pasado miércoles el grupo Mercurio SA había informado a las autoridades nacionales y a la ciudadanía que recibieron una notificación de “embargo e interdicción de navegar sobre la Barcaza MGT-05″ por parte de la Prefectura Naval Argentina y que debía partir hacia Paraguay desde el km 171 del río Paraná. El presidente de la empresa, Luis Ortega lamentó lo sucedido, pues por cada viaje de ida y vuelta abonando los USD 1,47 la tonelada exigidos por Argentina podrían generarse sobrecostos de al menos USD 37.000 en perjuicio de la empresa que opera en el país.