La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Asociación Civil de Desarrollo en Democracia (Dende) firmaron este miércoles un acuerdo que permitirá la coordinación entre ambas instituciones a fin de promover la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Tras la suscripción de este acuerdo, señalaron que permitirá proveer a la ciudadanía de información consolidada, cierta y confiable, para seguir impulsando la eficaz utilización de los recursos públicos. Apuntan a establecer líneas de acción que permitan la cooperación entre ambas instituciones, mediante el intercambio de información, en el marco del interés común respecto a la compra de bienes y servicios de los organismos del Estado.
Considerando que ambas instituciones tienen como principios la promoción de políticas públicas, el desarrollo económico y social, además de la promoción de la sostenibilidad llevaron adelante este acuerdo.
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La dirección Nacional de Contrataciones elabora herramientas fundamentales para la transparencia en las compras del Estado, y siguiendo con la línea de promover y potenciar la transparencia, accedió a este convenio.
Por su parte, Dende es una institución del sector civil cuya misión es la de contribuir con el diseño e implementación de estrategias que apunten al crecimiento y desarrollo nacional, fortaleciendo la democracia del Paraguay. El evento se realizó en horas de la mañana de hoy en la DNCP.
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Urgen a la DNCP a que se expida sobre una nueva protesta contra la compra de máquinas de voto
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) urge a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a que se expida sobre la nueva protesta presentada contra la licitación para la adquisición de 23.000 máquinas de votación que se utilizarán en las internas partidarias y municipales de 2026.
La intención del organismo electoral, encabezado por Jaime Bestard, es contar para este año con 5.000 máquinas de votación que serán empleadas para la capacitación de los ciudadanos y a las organizaciones políticas.
“Estamos dentro de un plazo límite, estamos preocupados, nosotros queremos tener las máquinas no para el día de las elecciones, sino antes para que la ciudadanía pueda capacitarse. Nosotros necesitamos que en la próxima semana se resuelva esta protesta presentada que ya fue contestada ayer por el TSJE”, refirió Christian Ruíz Díaz, director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
La compra de las máquinas de votación demandará una inversión de USD 93 millones. La suspensión por parte de la DNCP se concretó este último viernes, tras la protesta impulsada por la empresa Myru Systems.
“Debemos ir avanzando, pasar a la siguiente etapa que es la recepción y apertura de sobres y luego proceder a hacer la evaluación de las máquinas, la prueba de funcionalidad para emitir las recomendaciones correspondientes para la compra de tal o cual equipo”, indicó a la 1020 AM.
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La presentación de ofertas y apertura de sobres estaba prevista para este lunes 12 de mayo a las 09:00 de la mañana. “Estamos en el medio de una guerra comercial, donde las empresas que van a pugnar tienen sus medios o trolls, y se acusan uno con otros. Nosotros queremos estar al margen y trabajar con Contrataciones Públicas y decirles que nuestros pliegos tienen condiciones elevadas, que responden únicamente al interés de la institución, la democracia y del país“, dijo.
No es la primera vez que se suspende el llamado, las anteriores también fue debido a protestas de oferentes. “Lo ideal es tener 5.000 máquinas de votación ya para este año y comenzar a trabajar, queremos que las mismas estén en las calles a disposición de la ciudadanía y las organizaciones políticas para que se vayan familiarizando, prácticando“, puntualizó Ruiz Díaz.
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Estiman que el nuevo tren de moliendas beneficiará a 100.000 familias
“Todos los cañicultores estamos con las esperanzas puestas en el gobierno de Santiago Peña”, dijo el presidente de la Asociación de Cañicultores, Cristian Fonseca, tras aceptar el acuerdo propuesto por el mandatario consistente en la construcción de un nuevo tren de moliendas en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar), localizada en Mauricio José Troche, en el departamento de Guairá.
“El presidente Peña indicó que bajo su administración se encargará de hacer un nuevo tren de moliendas. Según las explicaciones que nos dieron en el anterior gobierno hubo indicios de sobrefacturaciones”, expresó Fonseca, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fonseca sostuvo que el nuevo tren de moliendas beneficiará a 100.000 familias. Afirmó que el nuevo proyecto deberá ser presentado y socializado por Petropar dentro de 30 días. Agregó que desde su sector se aguarda que una vez remitida la iniciativa al Congreso Nacional, se le otorgue un rápido tratamiento.
“Nosotros solo buscamos soluciones para nuestro rubro, para nuestra industria debido que hace más de 10 años venimos gestionando como productores la construcción de un nuevo tren de moliendas. La respuesta que nos da el Gobierno es de un compromiso real. Cuando este proyecto llegue al Congreso me imagino que desde el Ejecutivo se encargarán de agilizar todos los procesos”, indicó.
Asimismo, siguió sosteniendo que “No somos gente de la calle, somos gente de la chacra y solo queremos tener una industria segura para poder comercializar nuestra materia prima que es la caña dulce".
Fonseca detalló que la vieja molienda de Petropar posee más de 40 años y tiene una capacidad de 400.000 mil toneladas como máximo. Comentó que de esta infraestructura dependen las familias de los departamentos de Guairá, Caaguazú y Caazapá.
“Si el gobierno de Peña llega a concretar la construcción de un nuevo tren de moliendas se tendrá una capacidad de 800.000 mil toneladas. Ahora mismo la vieja molienda está dando de comer a 50.000 familias, pero si hacen la obra como gobierno se duplicará la cifra y pasará a beneficiar a 100.000 familias“, puntualizó.
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Antecedentes
El gobierno de Mario Abdo Benítez había impulsado la construcción de un nuevo tren de moliendas. La obra debía estar operativa en el 2023 y tenía como objetivo aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias, pero terminó paralizada debido a una “sobrefacturación gigantesca”, según denuncias.
El proyecto no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos, de acuerdo a las argumentaciones del titular de la petrolera estatal, Eddie Jara. La obra empezó con la firma Eisa (propiedad del empresario Alberto Palumbo) y luego fue otorgada a la empresa Ocho A (propiedad del senador Luis Pettengill). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra.
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Diputados piden informes al Ministerio Público y la CGR sobre fiscalización de los municipios
La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución orientados a requerir informes a instituciones claves del Estado, durante la sesión ordinaria de esta semana. Ambos pedidos tienen por objetivo fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las administraciones municipales de todo el país.
El plenario de la Cámara Baja acompañó la propuesta planteada por varios legisladores, en que solicitan informes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En ambos casos, se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan los informes requeridos.
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Respecto al Ministerio Público, solicitan informes sobre posibles irregularidades administrativas en gobiernos municipales, reflejadas en denuncias formales presentadas ante el órgano jurisdiccional competente.
Específicamente, piden información acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde el año 2021 hasta la fecha, relacionadas con administraciones municipales a nivel nacional, con el fin de dimensionar el alcance de las situaciones reportadas.
Igualmente tendrá que brindar el detalle del estado procesal de cada una de dichas denuncias, lo cual permitirá conocer el avance o estancamiento de los respectivos expedientes, promoviendo así una mayor vigilancia institucional y ciudadana sobre los procesos en curso.
Según los proponentes, esta solicitud responde a la creciente preocupación de la ciudadanía y del cuerpo legislativo sobre la correcta administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, así como a la necesidad de verificar el accionar oportuno del Ministerio Público en su rol de defensor del interés general y del patrimonio público.
Pedido a la Contraloría
Por otra parte, el segundo proyecto de resolución aprobado solicita informes a la Contraloría, en atención al papel que desempeña dicho órgano en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos.
El pedido plantea estar al tanto de cuántas fiscalizaciones han realizado la Contraloría a municipalidades de todo el país, desde el año 2021 hasta la fecha, de conformidad al Plan Anual de Fiscalización.
Específicamente solicita que se remita el listado completo de las municipalidades auditadas, y cuántas fiscalizaciones especiales inmediatas han sido ejecutadas fuera del plan anual durante el mismo período.
También deberá Incluir toda otra información relevante sobre intervenciones o auditorías llevadas a cabo en administraciones municipales durante el lapso mencionado, ya sea por iniciativa propia o en atención a denuncias ciudadanas o institucionales.
El objetivo de este pedido es contar con datos concretos que permitan evaluar el cumplimiento de la función contralora del ente correspondiente, así como detectar posibles patrones de recurrencia en la mala administración pública municipal, promoviendo así la adopción de medidas legislativas o administrativas correctivas, en caso de ser necesarias.
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Acuerdo de tarifa: postergan encuentro entre senadores y titular de la EBY
El presidente de la Comisión Especial de Entes Binacionales del Senado, Natalicio Chase, informó que el director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez, viajará la próxima semana a Argentina con la finalidad de firmar el acuerdo operativo que estableció una tarifa de USD 28 por megavatio-hora (MWh) para la entidad.
Chase, detalló que de esta manera quedó postergada la convocatoria a Benítez, realizada por su comisión para interiorizarse en torno al acuerdo de unificación logrado con el gobierno de Javier Milei.
“Benítez indicó que el lunes o martes se estaría firmando el acuerdo, finalmente la convocatoria para el lunes 19 de mayo”, comentó. Inicialmente la citación fue establecida para el 12 de mayo.
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Antes del acuerdo que dio a conocer el pasado martes el gobierno de Milei, vía decreto, Paraguay pagaba un total de USD 22,63 por megavatio-hora, mientras que Argentina abonaba aproximadamente USD 17.
Desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande), encabezada por Félix Sosa, explicaron que el acuerdo no implica el establecimiento de una tarifa definitiva, sino un pago a cuenta transitorio.
El nuevo valor dará previsibilidad financiera a Yacyretá y permitirá la continuidad de obras claves como la maquinización del brazo de Aña Cuá. La decisión es calificada como un acuerdo histórico, teniendo en cuenta que garantizará el funcionamiento de la represa.
A la vez, mejorará la coordinación binacional en la operación de la hidroeléctrica y fortalecerá la relación energética entre Paraguay y Argentina.
Senado adelanta su sesión
Por otra parte, Chase manifestó que la Cámara de Senadores tomó la decisión de adelantar su sesión para el lunes a las 14.00, teniendo en cuenta el feriado del 14 de mayo en que se conmemora el Día de la Independencia Nacional.