La informalidad es uno de los principales problemas que afronta el país y la economía, y esto quedó más que comprobado con la llegada de la pandemia de COVID-19 y las restricciones establecidas por el Gobierno para tratar de controlar la propagación del virus. A raíz de la paralización de varias actividades, más de 150.000 personas quedaron sin trabajo debido a la pandemia.
Los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el 2020 culminó con una población ocupada de 2.709.331 personas, mostrando una reducción de 1,3% en comparación con el ejercicio del 2019, periodo en que se registró un total de 2.747.799 ocupados.
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El trabajo informal, por su parte, representó el 65,1% de la ocupación total en el 2020, llegando a la tasa más alta de los últimos tres años. En el 2019, la ocupación informal llegó a 63,7% del total, mientras que en el 2018 se ubicó en 64,8%, detalla el reporte.
En ese mismo sentido, se observa que la cantidad de personas con ocupación informal trepó a 1.764.256 el año pasado, mientras que en el 2019, la misma llegó a 1.749.683. Esto significa que en el 2020, 14.573 personas más se adhirieron al trabajo informal.
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El economista Hugo Royg insiste sobre la necesidad, la urgencia e importancia de la creación de políticas públicas que ayuden a reducir la informalidad en el país y aseguren los ingresos de la población.
“Como la informalidad generalmente está vinculada con un menor desarrollo y calidad de vida, urge elaborar políticas que permitan un mayor acceso a empleos, no solo con mejores y más productivas condiciones, sino también que generen un flujo de ingresos más seguros”, afirmó el economista.