• Buenos Aires, Argentina. AFP.

Miles de personas marcharon en las principales ciuda­des de Argentina para recla­mar al gobierno de Javier Milei asistencia alimenta­ria para comedores comu­nitarios y rechazar políticas de ajuste, cuando la crisis ya empujó la pobreza por encima del 50 % y la inflación supera el 250 % interanual.

En Buenos Aires, la princi­pal protesta se concentró a las puertas del Ministerio de Capital Humano, en el cen­tro de la ciudad, que tiene a su cargo la asistencia social.

“La emergencia alimentaria no puede esperar más, basta de ajuste” fue la consigna de la convocatoria que lanza­ron organizaciones sociales y partidos de izquierda en el marco de un plan de lucha para visibilizar la situa­ción de unos 38.000 come­dores comunitarios, último recurso de los más golpeados por la crisis económica.

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Desde que asumió el 10 de diciembre, el presidente ultraliberal puso en marcha un fuerte ajuste que se tra­dujo en enero en el primer superávit fiscal después de 12 años de balances en rojo.

La contracara es una cre­ciente tensión social atizada por despidos, caída de jubila­ciones, aumentos de precios de alimentos y medicamen­tos y un golpe a las tarifas de servicios públicos por la quita de subsidios que repre­sentó, por ejemplo, la subida del boleto de autobús un 250 % de un día al otro en Bue­nos Aires. “No al aumento del transporte”, “El hambre no espera”, “Las ollas están vacías, los bolsillos también” eran algunas de las consig­nas en los carteles que porta­ban los manifestantes frente al ministerio.

Algunos comedores denun­ciaron que recibieron del Gobierno la última partida de alimentos en noviembre pasado y que desde enton­ces dependen de donaciones y ayudas municipales para asistir cada día a más perso­nas que buscan ayuda.

El Gobierno adujo que busca llegar a los más vulnerables mediante ayuda directa y evi­tar la intermediación de orga­nizaciones sociales, la mayo­ría opositoras al Gobierno.

En cambio, hizo un conve­nio de asistencia alimentaria con las iglesias evangélicas por cerca de 200.000 dóla­res y otro por casi el doble con Cáritas Argentina, depen­diente de la Iglesia católica.

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