El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para los días 4, 5, 6 y 7 de marzo la audiencia de imposición de medidas a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y a otras 19 personas imputadas por los delitos de administración en provecho propio y asociación criminal por un supuesto perjuicio de G. 338.595.000 entre los años 2011 y 2017.

El Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión por lo que el referido magistrado tendrá que estudiar si corresponde hacer lugar al pedido o en su defecto se ordena la prisión de los imputados.

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Semanas atrás el citado magistrado decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes y trabar embargo preventivo de las cuentas habilitadas de Patricia Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego, y otros 21 imputados por administración en provecho propio y asociación criminal en el marco del proceso por negociados en la Municipalidad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.

Según los informes del Ministerio Público, los supuestos hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2017, periodo que duró la gestión del ahora diputado como intendente de la ciudad de Quyquyhó.

En esta causa se menciona que Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000. Mientras tanto su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.

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