Una de las nuevas sedes de la cárcel de Emboscada, administrada por el Ministerio de Justicia, ya cuenta con su sala de audiencias telemáticas totalmente equipada para la realización de los procesos judiciales. El equipamiento se concreta en el marco de la iniciativa denominada “Acceso a Justicia y Derechos Humanos de las personas privadas de libertad”.
El proyecto es impulsado por el Centro de Estudios Judiciales con apoyo y financiamiento de la Unión Europea (UE). La finalidad principal es disminuir al máximo el traslado de los reclusos calificados como de alta peligrosidad.
De acuerdo a las informaciones proveídas por la cartera de justicia en el acto de donación, para el montaje de la sala de juicios orales y de audiencias por medios telemáticos, fueron recepcionados equipos informáticos y mobiliarios, consistentes en computadoras y periféricos, equipos de videollamada, micrófonos, parlantes y consola de audio, televisor, así como mesas y sillas.
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Mejoramiento y fortalecimiento del sistema
Para el Ministerio de Justicia el “gesto estrecha los esfuerzos de colaboración con el fin de establecer las bases para un trabajo articulado con el Centro de Estudios Judiciales que contribuya al mejoramiento y fortalecimiento del sistema de justicia, el desarrollo de políticas públicas vinculadas al acceso a la justicia, derechos humanos y el sistema penitenciario, desde el cumplimiento de las garantías del respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
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Impulsan reinserción social de internos en Guairá
La Gobernación de Guairá y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio para un programa de reinserción social que apunta a que los internos de la Penitenciaría Regional de Villarrica puedan cumplir con ciertas tareas, brindándole una segunda oportunidad. El Poder Judicial también forma del acuerdo, explicaron.
“Estuvimos hablando con el ministro Ángel Barchini de un plan piloto para los condenados que se encuentran ya en etapa de cumplir con su rol social, limpieza de plazas, de calles, de instituciones educativas y que eso les pueda servir a ellos a acortar su permanencia en el penal y en esa línea firmamos un convenio para eso”, expresó el gobernador César “Cesarito” Sosa.
En comunicación con La Nación/Nación Media afirmó que el Poder Judicial forma parte de este acuerdo, dado que son los jueces quienes otorgan estos permisos, por lo que los magistrados también asistieron al acto de firma del documento. “Creo que todos merecen una segunda oportunidad y es importante que salgan a hacer ese servicio a la ciudadanía. Esto es un trabajo en equipo que hemos logrado con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial”, señaló.
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Este programa servirá como un incentivo importante para las personas con buena conducta y que están cumpliendo con su condena, por lo que se convierte en una “luz de esperanza” para aquellos que desean cambiar su vida y posteriormente puedan trabajar. “A través de estos convenios estaremos dando eso”, aseguró.
Este convenio representa un acontecimiento histórico, relató el gobernador dado que por primera vez en el departamento se firma un acuerdo de cooperación interinstitucional en pos de la reinserción social y este es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
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LN PM: edición del 17 de mayo
Ejecutivo anuncia proyecto clave contra la criptominería ilegal: “Es una verdadera amenaza”
El Poder Ejecutivo anunció este viernes la remisión de dos proyectos con carácter de urgencia para su tratamiento en el Congreso Nacional por considerarlos claves en el proceso de fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo.
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Ñeembucú: más de 3.000 familias fueron asistidas y sigue la ayuda
El Gobierno nacional ya asistió a unas 3.000 familias afectadas por las inundaciones en el departamento de Ñeembucú, pero prosigue con las asistencias y la ayuda a estas familias. Los trabajos de asistencia se están dando desde las diferentes instituciones, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y principalmente la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Hasta el momento, la SEN ya entregó 2.777 kits de alimentos distribuidos en 32 localidades del departamento de Ñeembucú, y en muchas de estas localidades la asistencia alimentaria ya llegó más de una vez, de acuerdo al informe proveído desde el gobierno.
Centro de Reinserción Social: “Es un día histórico, cumpliremos un mandato obligatorio”
“Hoy considero un día histórico para el Ministerio de Justicia y para el derecho procesal penal en Paraguay”, sostuvo el titular de la institución, Ángel Ramón Barchini, sobre la habilitación del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, que se concretará este viernes al mediodía.
La penitenciaría contará con 1.237 plazas y pabellones de máxima seguridad con estrictos regímenes de encierro para los reclusos de mayor peligrosidad. “Cumpliremos un mandato obligatorio que obliga que las personas condenadas estén separadas de las procesadas. Esto se dará luego de una desidia, un abandono, una falta de gestión durante muchos años. El sistema penitenciario permeo la delincuencia, la corruptela, el crimen organizado”, indicó.
Inversión en tecnología y desarrollo permitirá creación de empleo digno, afirma Peña
Durante su visita a los Estados Unidos el presidente de la República Santiago Peña, se reunió ayer jueves en la Casa Blanca con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional; Daniel Erikson, asesor de seguridad para América Latina, y Chris Dodd, asesor para Asuntos Latinoamericanos del presidente Joe Biden.
Al término del encuentro, el Jefe de Estado destacó que hablaron sobre inversión en tecnología y el desarrollo de programas claves relativos a la utilización de recursos que permitan generar empleo digno y bien remunerado en Paraguay. Además evaluaron el enfoque regional y global del Paraguay y la visión de Estados Unidos con una coincidencia plena en los principios y valores de libertad, democracia y derechos humanos.
Reunión clave para confirmar o descartar el paro de un gremio del transporte
El Gobierno recibe esta tarde a representantes del Centro de Empresarios del Transporte el Área Metropolitana (Cetrapam) en busca de llegar a un acuerdo y evitar que se realice el paro de los buses nucleados a este gremio. Hoy a las 15:00 en la sede del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social se llevará a cabo la reunión tripartita entre representantes del gremio, el Viceministerio del Transporte y del Trabajo.
El titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, habló ayer de la posibilidad de revertir la decisión de ir al paro. “Durante el feriado siguieron las conversaciones. Han empezado a generar los pagos atrasados y a renovar los permisos vencidos que, por ley están obligados a dar”, afirmó.
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Centro de Reinserción Social: “Es un día histórico, cumpliremos un mandato obligatorio”
“Hoy considero un día histórico para el Ministerio de Justicia y para el derecho procesal penal en Paraguay”, sostuvo el titular de la institución, Ángel Ramón Barchini, sobre la habilitación del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, que se concretará este viernes al mediodía.
La penitenciaría contará con 1.237 plazas y pabellones de máxima seguridad con estrictos regímenes de encierro para los reclusos de mayor peligrosidad. “Cumpliremos un mandato obligatorio que obliga que las personas condenadas estén separadas de las procesadas. Esto se dará luego de una desidia, un abandono, una falta de gestión durante muchos años. El sistema penitenciario permeo la delincuencia, la corruptela, el crimen organizado”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El secretario de Estado detalló que del total de las plazas habilitadas, 82 lugares serán destinados para los reos de alta criminalidad “que no tienen ninguna posibilidad de recuperación o inserción, estarán absolutamente aislados. El presidente de la República apresuró los tiempos, ya que necesitamos descomprimir los centros penitenciarios”, sostuvo.
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La puesta en funcionamiento de la penitenciaría forma parte del plan que apunta a disminuir el hacinamiento en las cárceles y a descomprimir la población penitenciaria. “Todas las cárceles están controladas por el Estado paraguayo, lo que no significa que no tengamos líderes criminales enseñoreándose sobre lo que lastimosamente sigue ocurriendo, las ventas de drogas, alcohol, salones vip”, remarcó.
Por otra parte, puntualizó que se prevé la firma de un acuerdo con la Gobernación de Alto Paraná, encabezado por César “Landy” Torres, con el fin de que los reclusos realicen labores comunitarias como parte de los programas de reinserción social.
“Esto nos permitirá que los reclusos con el perfil autorizado que hayan cumplido más del 50 % de la condena con autorización judicial puedan salir a trabajar en temas de empedrados, pinturas, limpieza de arroyos. Que la ciudadanía vea que ya hay gente que está en proceso de cuasi libertad y que ya están trabajando y que esto sirva también para descontar las penas que tienen que cumplir, es un trabajo donde se está dejando una política penitenciaria de Estado que no existía”, dijo.
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Avanza plan piloto de reinserción de personas privadas de libertad
El Ministerio de Justicia y la Gobernación de Guairá firmaron este lunes 13 de mayo un acuerdo marco de cooperación interinstitucional que apunta a que las personas privadas de libertad (PPL) de la Penitenciaría de Villarrica realicen trabajos comunitarios para beneficio de las comunidades del departamento.
Esto se da como parte de los programas de rehabilitación y reinserción social y laboral que lleva adelante el ministerio. El documento fue suscrito por el ministro de Justicia, Dr. Ángel Ramón Barchini, y el gobernador de Guairá, César Sosa.
Estuvieron presentes el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora; el diputado Alejandro Aguilera; el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña; la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González; la jueza de ejecución penal de Caazapá, Maricel Candia.
Al respecto, Barchini explicó que este proyecto tiene como objeto promover la cooperación y la coordinación de acciones conjuntas a fin de aportar un servicio a la comunidad. El acuerdo es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
“Este proyecto permitirá que personas privadas de libertad puedan salir a trabajar por orden del juez o la jueza, y aquellas que tengan el perfil puedan ir imputando los días que le quedan de sentencia para salir en libertad y a la vez ganar un dinero. Mientras que la gobernación se ahorra en contratos. Es decir, acá todos ganamos, gana la sociedad”, indicó.
El Ministerio de Justicia, por intermedio del Viceministerio de Política Criminal, la Dirección de Bienestar y Reinserción Social y de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios se compromete a coordinar para que las PPL, que voluntariamente deseen contribuir con la comunidad, presten servicios generales necesarios mediante mano de obra para el hermoseamiento de áreas urbanas, plazas y lugares predeterminados por la Gobernación de Guairá, en las fechas festivas y otras ocasiones de importancia.
A su turno, el gobernador Cesarito Sosa destacó que la gobernación está plenamente a disposición de colaborar para que el proyecto, que aun es un plan piloto, sea todo un éxito y que traerá beneficios a todas las comunidades guaireñas. “Queremos arreglar plazas, instituciones educativas, limpieza de arroyos, creo que usar estos medios en beneficio de la gente no tiene precio”, acotó.
El ministerio brindará la seguridad necesaria y coordinará con el auxilio de las Fuerzas Públicas, en caso de necesidad, para la puesta en marcha del proyecto. El Ministerio de Justicia trabaja en varios frentes en el marco de la reforma penitenciaria en marcha. Esos ejes abarcan el seguimiento del control estricto de las penitenciarías, la reforma de leyes, la formación de nuevos agentes penitenciarios, la habilitación de nuevas penitenciarías de alta seguridad y el fortalecimiento de los programas de reinserción social y laboral para evitar la reincidencia en el delito.