La jueza Rosarito Montania decretó la prisión preventiva de diez imputados detenidos en la colonia Gasory en el departamento de Canindeyú, en el marco del operativo Ignis. La resolución de la magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia. En dicho procedimiento se intentó dar con el paradero de Felipe Santiago Acosta Riveros alias “Macho”, líder de una peligrosa organización criminal.
Los que estarán privados de libertad son Eusebio Acosta Riveros, hermano de Macho y quien sería pieza clave dentro de la estructura, ya que se desempeñaría como mano derecha de su hermano. Asimismo, los imputados privados de libertad son Gabriel Fernando Dos Santos, Heriberto Roa Coronel, Carlos Daniel Castro, Hugo Ramón Benítez, Hugo César González, Alfredo Guzman Portillo, Sergio Denis Medina, y Cristian Santiago Martínez.
Igualmente en el marco del mencionado operativo se llevó a cabo otro allanamiento en la zona de Salto del Guairá donde fue detenido el ciudadano brasileño Ricardo Luis Picolotto, más conocido bajo el alias de “R7″ quien sería el nexo con la facción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC).
Del mismo modo las autoridades siguen los pasos de alías “Macho” para tratar de dar con su detención y ponerle a disposición del Ministerio Público y de la jueza a cargo del presente caso.
Las investigaciones indican que alias “Macho” y su organización estarían detrás del negocio de tráfico de armas, además de controlar varias pistas clandestinas para el trasporte de droga a los países vecinos, esta organización criminal es investigada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desde diciembre del año pasado y en enero de este año se ordenó la intervención de sus comunicaciones.
Podes leer: Fiscalía supervisó situación de niños en zona de la terminal de Asunción
Dejanos tu comentario
Sentencia de Trump se dará el 11 de julio, ¿irá a la cárcel?
El equipo del expresidente Donald Trump se prepara para presentar, en los próximos días, una nueva batería de mociones antes de que se dicte la sentencia que escuchará el exmandatario el próximo 11 de julio, en el comienzo de una ofensiva legal que podría culminar con una larga apelación, que podría acabar dilucidada más allá de las elecciones presidenciales de noviembre.
Donald Trump no tendrá problema en mantener su candidatura a la presidencia a pesar de haber sido declarado culpable este pasado jueves por 34 cargos relacionados con la falsificación de registros financieros para silenciar con dinero a la actriz de cine adulto Stephanie Clifford, también conocida como ‘Stormy Daniels’, sobre una relación sexual. Nada en la ley electoral estadounidense le obliga a retirarla y Trump, que se ha declarado en las últimas horas como “preso político”, víctima de una persecución, ni siquiera se lo ha planteado.
Sin embargo, tanto el magnate como su equipo tienen claro que la condena será empleada por sus rivales demócratas como una cuña para hacer mella en su campaña a la reelección, comenzando por el hecho de que Trump escuchará la sentencia del juez Juan Merchan el próximo 11 de julio, solo cuatro días antes del comienzo de la gran convención nacional republicana que se celebrará en Milwaukee, al término de la cual será declarado formalmente como el abanderado del partido en la carrera a la Casa Blanca.
Lea más: ¿Cómo afectará el veredicto contra Trump en las elecciones presidenciales?
Por ello, el equipo de Trump busca primero mitigar el efecto inmediato de la condena del jueves con la presentación en los próximos días, de una propuesta de la condena que preferiría su cliente de entre las opciones que baraja el magistrado. La cárcel, sin quedar descartada -- cada uno de los delitos por los que ha sido condenado contempla una pena máxima de cuatro años entre rejas -- no parece probable dada la edad de ex presidente y su ausencia de antecedentes.
Parece más factible que Trump será sentenciado a libertad provisional o arresto domiciliario acompañados del pago de una multa. Sus abogados quieren aplazar la fecha de la sentencia con la probable presentación de una solictud de aplazamiento de la sentencia, porque en el momento en que el juez Merchan decida qué hacer con Trump, ocurra lo que ocurra el magnate ya podrá ser descrito formalmente como un “criminal convicto”.
Lea también: Primer ministro eslovaco abandona el hospital y sigue recuperación en su vivienda
La jugada legal más probable a corto plazo es que el equipo legal apele inmediatamente la sentencia que decida el juez Merchan, y que por lo tanto no entraría en vigor hasta que terminara el proceso de apelación. Los abogados del expresidente esperan el proceso se dilate hasta más allá de las elecciones de noviembre. De momento, su intención es la de disputar la futura sentencia ante el Primer Departamento Judicial de la División de Apelaciones de Nueva York. Si esta corte confirma el dictamen de Merchan, sea cual sea, a Trump todavía le queda una última opción, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, la más alta instancia estatal a este respecto.
Cabe esperar que, durante estos procedimientos, los abogados de Trump empleen como instrumento de defensa que el proceso contra su cliente estuvo condicionado en todo momento por su imagen pública. “Todos y cada uno de los miembros del jurado conocían a Donald Trump, o como presidente, o como candidato o como presentador de ‘El Aprendiz’”, explicó a CNN su abogado, Todd Blanche, en referencia al conocido show presentado y producido por el magnate a principios de la década de los 2000. “Y nuestro sistema de justicia no está preparado para esta clase de casos, en los que todo el mundo que pisa el juzgado parece estar al tanto de cada minucia”, ha añadido.
Fuente: Europa Press.
Dejanos tu comentario
Desarticulan foco de venta de crack en el “Pasillo del Terror”, de Tablada Nueva
Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron este martes un operativo en el que lograron desactivar un lugar donde se vendía drogas en Asunción. En el sitio detuvieron a una persona de 45 años que sería el proveedor.
El procedimiento se realizó esta siesta en zona de Tablada Nueva de Asunción, donde lograron detener a una persona que aparentemente se encargaba de vender crack o chespi a adolescentes y jóvenes de la zona. Las denuncias fueron realizadas por los vecinos que estaban cansados de la inseguridad.
“Desarticulamos un foco de venta de chespi en Tablada Nueva e incautamos 81 gramos de crack, además de 3 millones de guaraníes en efectivo en dineros de baja denominación”, detallaron desde la Secretaría Antidrogas. También se incautó de una balanza de precisión que usaba para fraccionar la droga.
Podés leer: Desconocidos balean vehículo de concejal de Coronel Bogado
En poder del supuesto proveedor identificado como Juan Gustavo Villalba, de 45 años, además de la droga se incautó de un arma de fuego y municiones. La vivienda está ubicada en la zona conocida por los vecinos como el “Pasillo del Terror”.
Tras las denuncias, agentes especiales realizaron las investigaciones correspondientes y se comprobó el hecho ilícito realizado por Villalba, por lo que la fiscal María Irene Álvarez, ordenó que la vivienda sea allanada y se logró la detención del acusado.
En el lugar había otras personas que serían compradores, quienes también fueron detenidos. El narcotraficante fue derivado a la base de operaciones de la Senad junto con todas las evidencias que fueron incautadas en el sitio.
Podes leer: Aeropuerto: armas incautadas ingresaron como juguetes y con destino final para Paraguay
Dejanos tu comentario
Perú: inclusión de identidades diversas en cobertura de salud mental generó protestas
Un trastorno mental: el gobierno peruano enfureció a la comunidad LGTB al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que clasifica bajo ese rótulo las identidades diversas de género. Los colectivos de diversidad sexual convocaron para este viernes a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.
La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La protesta transcurrió pacífica y congregó a más de 200 activistas que corearon lemas pidiendo la derogatoria del controvertido decreto. “El decreto está perjudicando nuestros derechos como seres humanos. Estamos indignados porque genera mucha violencia” indicó a la AFP Valentina Albújar, concursante a Miss Trans 2024 y presente en la manifestación.
Lea más: ¿Qué falló con el sistema contra inundaciones de Porto Alegre?
El decreto
Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada. Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales.
Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo.
Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un “trastorno mental”, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año. “El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar”, señaló a la AFP Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia.
Lea también: OMS actualizó lista de bacterias más peligrosas para la humanidad
¿Qué dice el gobierno?
En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la “diversidad de género y sexual”. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual”, señaló el organismo. Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que “se inicie la implementación progresiva” del nuevo manual de enfermedades, “tal como ocurre en otros países”.
Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental. “El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.
Piden la derogación
Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma. “Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú”, dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+.
“No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental”, replicó la dirigente. En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.
“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización. Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.
Un temor mayor
En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación. “Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión”, señala a la AFP el médico y activista Percy Mayta.
Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú. También HRW cree que el decreto “podría dar legitimidad” a las mal llamadas terapias de conversión y “agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país”.
Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género “no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión”. Sin embargo, para los grupos LGTBI solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Ejecutivo reglamenta ley de utilización de pavimento rígido en obras viales
El Poder Ejecutivo emitió el decreto N.° 1683 mediante el cual se reglamenta la ley N.° 5841/2017 que “establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos viales”, con esta reglamentación será posible la utilización de cemento de industria nacional en las obras viales, lo cual impulsará la generación de empleo y durabilidad de los proyectos, según explicaron.
“El decreto reglamentario de pavimento rígido es un decreto que se tenía que reglamentar hace más de siete años y hoy finalmente se está dando inicio a una transformación en infraestructura, pavimento rígido con cemento nacional”, expresó Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario, Santiago Peña, quien aseguró que esto representa un paso trascendental para nuestro país, puesto que se hace realidad una reglamentación largamente esperada. De acuerdo a lo que explicó el presidente, esta normativa habilita a que el cemento pueda ser utilizado en obras viales, lo cual dará impulso de la mano de obra, además de una mayor durabilidad a la red vial.
Lea también: El desequilibrio financiero en el IPS fue heredado de la gestión anterior
“¡Apostamos al desarrollo con infraestructura de calidad! Con el decreto reglamentario de la ley de pavimento rígido en proyectos de obras viales, promovemos la utilización de cemento de industria nacional, generando empleo e impulsando obras de mayor durabilidad, para beneficio de todos los paraguayos”, expresó el jefe de Estado.
El decreto establece plazos para la aplicación gradual de la ley, y de acuerdo a esto, se establece que el MOPC deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del 15 % del total de las obras viales programadas para el 2024, el 20 % del total de las obras viales programadas para el 2025, el 25 % del total de las obras viales del 2026, el 30 % del total del 2027 y subsiguientes.