La Justicia del Brasil rechazó la extradición de Teófilo Samudio González, alías “Samura” quien se fugó de la justicia de nuestro país en el año 2019, luego de una balacera en la que falleció el comisario Félix Ferrari. Según el documento del vecino país que lleva la firma de los magistrados Edson Fachin, Nunes Marques, hubo unanimidad en cuanto a la improcedencia de la solicitud de la justicia paraguaya.

Samudio González se encuentra detenido en la Penitenciaría Federal de Catanduvas por lo que se le insta a cumplir con las debidas precauciones legales, si no es arrestado por ningún otro motivo.

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El pasado 11 de setiembre del 2019 a la salida de la Costanera Norte de Asunción se produjo el rescate de Teofilo Samudio, alías Samura. En esa liberación resultó víctima fatal el comisario Félix Antonio Ferrari. El criminal es un peligroso narcotraficante de la organización brasileña Comando Vermelho, quien estaba encargado de enviar toneladas de cocaína a Europa y Brasil.

Por la liberación de Samura ya fueron condenados a 7 años de pena privativa de libertad Héctor Ramón Lazarte Arguello, Ceferino Encina Esquivel, Lucio Irala Martínez, Jacinto Aquino, Francisco Diosnel Candia Esquivel. Los hechos punibles que fueron encontrados culpables son por detentación, producción de riesgos comunes, tráfico ilícito, y hechos punibles conexos, de la Ley 4036/10 de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones, Explosivos, Accesorios y Afines.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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La Sala Penal de la Corte integrada por Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y César Diesel rechazó un habeas corpus genérico que planteó la defensa de Carmen Villalba, una de las líderes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quien recurrió ante la máxima instancia judicial su traslado de la cárcel de Mujeres El Buen Pastor al penal de Máxima Seguridad de Minga Guazú.

El pasado 12 de octubre, el Ministerio de Justicia informó que se procedió al traslado de Carmen Villalba, de su hermana Laura Villalba y Francisca Andino desde el Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, de Asunción, hasta la Penitenciaría de Minga Guazú (Alto Paraná), dependiente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.

De acuerdo al informe del ministerio, la decisión se dio por motivo de seguridad, conforme a las informaciones recabadas por el Consejo de Defensa Nacional (Codena), y transmitida a los demás organismos de seguridad.

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“Conteste a los informes de inteligencia recabados por el Codena, y a fin de asegurar la seguridad nacional, de los ciudadanos y el correcto funcionamiento del ordenamiento jurídico del Estado paraguayo, con ayuda de las fuerzas públicas se procedió al traslado de las mujeres privadas de libertad, Carmen Villalba, Francisca Andino y Laura Villalba al módulo de máxima seguridad para mujeres de la penitenciaría de Minga Guazú”, refiere el informe dado a conocer por el Ministerio de Justicia.

Ante este trasladado la condenada presentó un hábeas corpus en la sala penal de la Corte, que rechazó la presentación presentada por la sentenciada e integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo.

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El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.

• Unidad de Investigación Nación Media

Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularida­des cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judi­ciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Bení­tez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por fil­traciones de secretos a punta de chicanas.

El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Mar­qués. Las audiencias del jui­cio oral y público debían ini­ciarse el pasado 1 de julio; sin embargo, fueron postergadas y deben iniciar el próximo18 de noviembre.

Pese a los tres meses de gracia que recibió, ayer lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sen­tencia que debe entender en la causa de Giuzzio postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.

El exministro todopode­roso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domi­cilio particular, según docu­mentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afron­tará juicio.

Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Minis­terio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

De acuerdo con los docu­mentos que constan en la acusación presentada con­tra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicacio­nes con el narco brasileño en julio de 2021. Según las investigaciones del Minis­terio Público, Giuzzio man­tuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehícu­los blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propie­dad de Espíndola.

Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuen­tas pendientes en la Justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcio­narios del período anterior están en la mira por numero­sas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.

Patricia Samudio, extitu­lar de Petropar, se convir­tió en abril pasado en la pri­mera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expre­sidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de pri­sión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unida­des de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unida­des de pallets y 15 termóme­tros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 uni­dades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartu­chos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresa­ron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deu­das de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

Joaquín Roa Burgos, exminis­tro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.

En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias lici­taciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos inde­bidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras per­sonas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación espe­cial (Art. 148 del CP), induc­ción a un subordinado a un hecho punible (Art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.