Desde el Ministerio Público, a través de un comunicado emitido este viernes, rechazan las acusaciones sobre un supuesto amedrentamiento a los periodistas de los medios de comunicación Abc Color y Última Hora al remitir oficios para obtener datos que puedan confirmar o negar hipótesis fácticas. El pedido de información guarda relación con la acción judicial promovida por el exmandatario Horacio Cartes sobre supuesta persecución política.
El documento refiere que “los agentes fiscales intervinientes en la causa nos dirigimos a la opinión pública a los efectos de reafirmar el compromiso asumido en el artículo 268 de la Constitución Nacional; y en ese sentido, garantizar que las diligencias se sustentan en normas constitucionales y procesales, pues el ejercicio de la acción penal pública implica la obligación de solicitar información a cualquier entidad pública o privada”. El citado artículo refiere a los deberes y atribuciones del Ministerio Público.
Los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez aclaran que en ningún momento solicitaron a ambos medios de prensa la revelación de sus fuentes, a la par de sostener que el Ministerio Público se encuentra incluso facultado de convocar a quienes puedan esclarecer circunstancias que tengan relevancia penal.
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“No se ha solicitado fuente”
“Es así que, de la lectura de las solicitudes a medios periodísticos se desprende cuáles son los datos requeridos y en este tenor reafirmamos que no se ha solicitado fuente ni la revelación de fuente alguna. Con ello, manifestamos que en ningún momento estuvo en el ánimo de este equipo de trabajo amedrentar o violentar la libertad de prensa, garantizada en la Constitución Nacional”, manifiesta el escrito emitido este viernes.
El comunicado también indica que “la finalidad de una investigación penal es obtener datos que puedan confirmar o negar hipótesis fácticas y, eventualmente, en el caso de ser estrictamente necesario convocar a las personas que puedan esclarecer circunstancias que hayan llegado a su conocimiento y tengan relevancia penal”.
Los fiscales puntualizan que es necesario resaltar que los periodistas “no pueden ser obligados a revelar” sus fuentes de informaciones, pero argumentan en el escrito que pueden proporcionar “datos en el marco de una investigación penal abierta”. También hacen mención que numerosos casos fueron iniciados y condenados gracias a “informaciones brindadas por los medios de comunicación y, en la mayoría de ellos, no fue necesario convocar a los responsables de la redacción ya que se pudo obtener la información por otros medios de prueba”.
Al final del comunicado, los fiscales reiteran a la opinión pública que su compromiso se centra en velar por los derechos consagrados en la Carta Magna sobre la libertad de prensa y del ejercicio del periodismo. “Como representantes de la sociedad somos responsables del eficaz desarrollo de la investigación, y en este sentido, reiteramos que las diligencias realizadas no guardan relación con la interpretación de amedrentamiento, la cual no se ajusta a la realidad de nuestras pretensiones”, manifiestan.