El juez Humberto Otazú atendió el recurso de amparo y decidió suspender el proceso de llamado a licitación para tercerizar por 10 años el servicio de lavado y planchado de ropas hospitalarias por 67.000.000 de dólares. En la resolución emitida este lunes se refiere que no existe un fundamento técnico sostenible sobre la urgencia del llamado, señalando inconsistencias.
El juzgado consideró que se reunieron los requisitos establecidos por el artículo 134 de la Constitución Nacional, los cuales fueron analizados detalladamente. Esto ante la posibilidad de poner en riesgo a los asegurados en sus derechos de atención médica y jubilaciones se hizo lugar a la acción de amparo constitucional promovido por los abogados José Tomás Duarte y Sergio Lovera contra el Instituto de Previsión Social (IPS).
El documento indica que queda paralizada dicha licitación de servicio integral de lavado y planchado de ropas hospitalarias del IPS a nivel nacional hasta tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emita dictamen sobre el documento, y pueda examinar y corroborar el cumplimiento efectivo de las disposiciones legales.
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Según informó el magistrado, en comunicación con el programa “Info+” de GEN/Nación Media, se abocaron al estudio de los fundamentos expuestos por los accionantes y los argumentos del IPS. Otazú explicó que se analizó parte de lo fundamentado por la previsional con referencia a un memorándum de la dirección administrativa que indicaba el porqué era necesario llevar adelante la licitación.
“En ese memo hemos observado discrepancias en el sentido de que se hacía mención a que la institución cuenta con equipos para llevar adelante el servicio, pero que ya se encuentran deteriorados. En la contestación no se ha adjuntado ningún documento o evaluación técnica de esos dispositivos que demuestren fehacientemente que están obsoletos”, manifestó.
Más aún, el contrasentido se dio porque se mencionaba que esas máquinas serían reasignadas a otros lugares no beneficiarios de la entidad. Además, dijo que no existió un informe técnico que sustente el aumento de 5 a 10 años del contrato, ni hubo informaciones sobre cuál de los rubros cubriría las contrataciones de los servicios.
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