El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, realizó varias reasignaciones en diferentes unidades del Ministerio Público. Uno de los cambios que se llevó a cabo es el de los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado Federico Delfino, Andrés Arriola y Lorenzo Lezcano, quienes deberán ser ubicados en otras unidades del Ministerio Público.
Rolón designó al fiscal Carlos Alejandro Cardozo en reemplazo de Federico Delfino. Mientras que Cristhian Ortiz reemplazará a Andrés Arriola. Asimismo, el fiscal Jorge Noguera suplantará a Lorenzo Darío Lezcano Sánchez.
Igualmente la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Lilia Alcaraz fue trasladada a la Barrial n.° 7 de Asunción en reemplazo de su colega Jorge Noguera.
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Del mismo modo la lista de reasignaciones sigue con el fiscal Giovanni Grisetti quien estará en la Unidad Penal n.° 2 de Asunción en reemplazo de Alejandro Cardozo. La presente resolución tiene vigencia desde el próximo 6 de junio respectivamente.
La fiscal Claudia Aguilera pasará a prestar servicio en la Unidad 3 de Sajonia en reemplazo de Cristhian Ortiz. También se reasignó a la fiscal Juana Carina Sánchez para que siga al frente de la Unidad de Lucha contra la Trata de Persona y otros.
También el fiscal general Rolón dispuso que Diego Silvervarg pase a cumplir funciones en la Unidad Penal n.° 12 de Asunción. La fiscal Alma Zayas estará a cargo de la Unidad de Delitos Económicos n.° 1 de Asunción en reemplazo de Liliana Alcaraz.
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El maldito Fonacide
- Comentario de Pepa Kostianovsky
No consigo entender este empecinado reclamo de estudiantes, al que adhieren profesores y muchas personas supuestamente informadas, por la derogación del Fonacide.
Ni reunidos con el presidente de la República o el ministro de Educación han conseguido enterarse de que la Ley del Fonacide es un desastre burocrático que por casi diez años viene abortando su función originaria que consistía en que una considerable tajada de las regalías de Itaipú que ingresan en las arcas del Estado fueran asignadas a mejorar las graves deficiencias de la estructura educativa.
Fonacide no consideraba salarios ni cambios de curriculum, iba dirigida exclusivamente a mejorar las instalaciones y mobiliarios de las escuelas y colegios públicos y a enfrentar el problema de desnutrición infantil que afecta aún a varios millones de niños mediante los almuerzos escolares.
Así enunciado, el propósito era auspicioso. Cualquiera que conozca la situación de los edificios y sus equipamientos en los que desde los sanitarios a los techos muchos siguen en condiciones tercermundistas. Y si en la capital y otras ciudades es vergonzoso, en el interior llegan al extremo de calamidad.
Y nadie desconoce la extendida necesidad de mejorar la alimentación de un alto porcentaje de la población infantil.
A la comisión que redactó el proyecto de Ley de Fonacide fueron convocados, conocedores teóricos y prácticos, doctos y legos, algo así como la flor y la nata de la intelectualidad. Lo que se olvidaron de incluir es alguien que conociera los vicios del Estado. Y fue así como le endosaron procedimientos absurdamente burocráticos, que no solo demoraban, muchas veces impedían los trabajos a pesar de que el dinero estaba allí, listo…pero no dispuesto.
Por ejemplo, a alguien se le ocurrió incluir una cláusula por la cual la gobernación o municipio adjudicados estaban impedidos de retirar el dinero SI TENÍAN ALGUNA DEUDA PENDIENTE CON EL ESTADO.
¿Hay algún municipio o gobernación que no adeude al Estado, ya sea por obras públicas o cualquier tipo de servicio? No, por supuesto que no. No pensaron en corregir la ley. Decidieron simplemente que con la venia de la Corte Suprema de Justicia la condición podía ser desplazada. Por supuesto, eso exigía un trámite anual de cada gobernación y municipio ante la Corte.
No sé qué les pasaba a los otros municipios, lo que puedo contarles es que desde el año 2017 duermen en algún cajón de la Corte los sucesivos expedientes de Asunción. Nunca les dieron curso.
Cuando los municipios reclamaban anualmente por las demoras en acceder a sus cuotas anuales, Hacienda respondía que era porque no rendían cuentas del manejo de los fondos de años anteriores. No sé si en los otros era cierto. Pero Asunción concretamente no recibía los fondos porque la Corte cajoneaba sus expedientes.
Cien y doscientas veces, la intendencia y la Junta Municipal de Asunción denunciaron la situación, pero nadie se dio por enterado. Hablamos con el entonces ministro de Educación, con senadoras integrantes de la Comisión de Educación, nos recibieron muy amablemente, pero nadie se inmutó.
Solo tengo espacio para relatar, una vez más, esta desgraciada historia. Pero alguna vez tendríamos que hacer una recopilación de las " penas y quebrantos” que ocasionó Fonacide. Con la esperanza de que los iracundos estudiantes lo lean y se den por enterados de que más que derogada, debería haber sido fusilada hace mucho tiempo.
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Fiscalía pide a la Corte dejar sin efecto restitución de fueros a senadores
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó este martes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la Cámara Alta de restituir los fueros a los legisladores procesados Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
Rolón había argumentado días atrás que paralizar procesos en marcha es inconstitucional, debido a que no es una figura prevista en la legislación paraguaya. Los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial que deberá expedirse sobre esta acción.
En su argumentación contra la Resolución n.° 502 de la citada cámara adoptada el pasado 4 de abril sostiene que “la resolución del Senado tiene el inmediato efecto de detener los procesos, con lo cual pone en ascuas el modelo de juzgamiento, que en esquemas de garantías debe culminar en un plazo razonable, otorgándose nuevo blindaje con la restitución de los fueros a cada afectado, aspecto fundamental, inédito e inadmisible dentro de la Constitución Nacional vigente”.
En su descargo ante la máxima instancia judicial hace referencia al artículo 137 de la Supremacía de la Constitución, donde se establece que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.
El documento menciona al artículo 248 de la carta magna referente a la independencia del Poder Judicial. “Al hacerlo de tal manera se ha incurrido en una inobservancia institucional de gravísimas consecuencias, al habilitarse vías operativas que desconocen la seguridad jurídica”, sostiene parte de la acción de inconstitucionalidad.
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También detalla que el caso de Erico Galeano, la fase investigativa está pendiente de acusación y el plazo que tiene el agente Silvio Corbeta para cumplir con este trámite vence el 24 de mayo. El parlamentario se encuentra imputado por lavado de dinero y asociación criminal.
Asimismo, sostiene que el proceso de Hernán Rivas se encuentra en etapa preparatoria a cargo de la fiscala Patricia Sánchez. El legislador está imputado por producción y uso de documentos públicos con contenido falso por el caso de título falso presentado para acceder a cargos públicos.
Mientras que el caso de Rafael Filizzola, imputado por hechos de lesión de confianza a raíz de supuestas irregularidades en la compra de helicópteros, está en proceso de casación. Respecto al caso de Celeste Amarilla, el escrito indica que el Senado se excedió en sus atribuciones al rechazar el oficio que comunicaba la situación judicial de la parlamentaria y al no examinar el mérito sumario como lo indica el artículo 191 de la Constitución.
Por otra parte, requirió una medida cautelar de urgencia para suspender la reposición de fueros, ordenando la continuidad de los procesos que enfrentan los parlamentarios. “Lo que no está permitido o autorizado, le está prohibido. Si la autoridad pública ejerce un poder o una atribución no establecido legalmente, se otorga así misma una facultad extraordinaria, excede su competencia y viola, por ende, el principio de legalidad que la funda”, sostiene el documento.
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Restitución de fueros: paralizar procesos en marcha es inconstitucional
“La atribución de sacar los fueros está en la Constitución Nacional, en el derecho administrativo todo lo no permitido está prohibido, el acto contrario no está permitido en la Constitución”, indicó el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sentando postura sobre la decisión del Senado en restituir sus fueros a los legisladores procesados Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
“Esta cuestión tiene muchas aristas, yo creo que fue una solución más bien pasional, merecía una atención exhaustiva, pormenorizada. El paralizar procesos en marcha es un concepto prohibido por el artículo 248 de la Constitución Nacional, hasta la misma normativa constitucional el 137 refiere que es inválida cualquier determinación que rompa con esta estructura”, indicó al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Rolón surgieron ante la decisión de los fiscales en presentar requerimientos a los juzgados y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que esclarezcan las líneas a seguir.
“Desde este punto de vista es una cuestión que debería ser reclamada en principio a los jueces. Luego veremos en una visión macro si esto es pasible de otra atención superior a través de las vías constitucionales o de inconstitucionalidad que se debe plantear en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros precisamos saber cómo ejerce el liderazgo del proceso el Poder Judicial para que nos atengamos a esos términos”, remarcó.
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Rolón aguarda que el Poder Judicial emita un pronunciamiento de manera inmediata sobre el requerimiento del Ministerio Público. El Senado informó de manera oficial este último lunes a dicha instancia judicial la restitución de los fueros a los senadores Galeano, Rivas y Filizzola.
“Sacándole el lado útil a esto, me parece que esta situación se está convirtiendo en un debate jurídico y eso es transcendente para construir república, pero no es bueno que mantengamos la excedencia por mucho tiempo, el país debe trabajar y funcionar. Las autoridades debemos tener la altura de restablecer el orden jurídico si por lo menos está en peligro”, afirmó.
Rolón acotó: “Me parece que esto es síntoma de madurez y así construiremos república. Es importante que la racionalidad y la cordura se recobre, si cometimos errores corregirlos. La armonía y estabilidad hace a la seguridad jurídica y es lo que atrae a la gente para que trate de progresar nuestro país”.
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En Olimpia no se habla de cambios
Los sucesivos empates logrados en 3 de sus últimos 4 partidos dejaron relegado a Olimpia en la tabla. Por eso aparecieron las primeras críticas hacia el técnico Martín Palermo. Sin embargo, el director de Relaciones Institucionales del club, Raúl Vicente Amarilla, descartó un eventual cambio de entrenador a corto plazo.
“Olimpia no es un club que cambia de técnico cada tres o cuatro meses, no hay posibilidad de cambios en este momento. Se quiere implementar una crisis dentro del club, en la institución no existe ninguna crisis. Sabemos que no podemos reforzar, pero debemos seguir luchando para estar entre los candidatos, no podemos tirar la toalla”, mencionó Amarilla a Versus Radio/Nación Media.