Mármol SA, empresa contratista que acaparaba construcción y refacción de escuelas de forma directa en Villa Elisa durante la administración del hoy senador liberal Líder Amarilla y a la que se lo vinculaba desde siempre, operaba en dirección correspondiente al inmueble adquirido por el jefe comunal; contratos firmados, resoluciones de adjudicación así consignan. El mismo portal de la Dirección de Contrataciones Públicas todavía registra domicilio de la proveedora en propiedad del político. No es un dato menor que tras ubicarse como intendente Amarilla potenció sus finanzas.

• Por Rossana Escobar M.
• rosssana.escobar@nacionmedia.com

Entre las multimillona­rias compras de pro­piedades declaradas por el liberal Líder Amarilla al asumir el cargo de senador figura una que adquirió en el 2012 en San Lorenzo, pero omitió en su manifestación de bienes al darse de baja de la intendencia de Villa Elisa del 2015, donde precisamente registraba dirección la con­tratista favorita de su admi­nistración en la comuna.

Se trata de Mármol SA, cons­tructora a la que siempre fue vinculada Amarilla en sus tiempos de intendente de Villa Elisa. Resulta que la empresa a la que este adjudicó millo­narios contratos de manera directa y por vía de la excepción operaba en un complejo de tres terrenos a nombre del exjefe comunal adquirido en el 2012, según declaración de bienes.

Cabe recordar que los recursos para estas contrataciones fue­ron del Fonacide y la Contralo­ría hizo algunas observaciones de incumplimiento de pautas establecidas por el Ministerio de Educación. No hay que olvi­dar que el historial de cuestio­namientos que arrastra Líder Amarilla se basa en el modus operandi de adjudicaciones de licitaciones durante su admi­nistración en la municipali­dad a empresas constructoras que tenían como caras visibles a sus amigos. Sin embargo, los documentos de Catastro como de la Contraloría reve­lan que el mismo es el dueño de esas sedes donde funciona­ban empresas contratistas de municipalidades, una de ellas es Mármol.

La otra firma es Las Primas SA, empresa que se vincula a la hermana de Líder Amari­lla, de nombre Neyde Amari­lla, que se ubicó como asesora en el Senado y luego renunció. La empresa es la constructora del puente caído de G. 1.000 millones de la administración del exintendente liberal de Lambaré Armando Gómez y que también en los contratos de adjudicación con Munici­palidad de Roque Alonso fija dirección en calle Karanday esquina Brasil de la ciudad de San Lorenzo, propiedad del exintendente de Villa Elisa.

En la declaración jurada de Líder Amarilla al asumir la intendencia consigna accio­nes en Las Primas, aunque de manera un tanto distor­sionada, ya que puso SRL en vez de SA. Esta firma registra millonarias adjudicaciones en la comuna de Villa Elisa en los tiempos de Ricardo Estigarribia, actualmente gobernador de Central y de las que no exis­ten registros en el portal de Contrataciones Públicas.

Los antecedentes y los víncu­los con empresas contratistas, entre ellas proveedora favore­cida durante su gestión en la Municipalidad de Villa Elisa que operaba en su propiedad, se enmarcan en un período que resultó muy próspero para Amarilla, ya que las primeras multimillonarias inversiones realizadas aparecieron al dejar la intendencia.

De tres inmuebles en Villa Elisa y un terreno de G. 40 millones en Capiatá, tras sus pasos por la mencionada comuna, sus bie­nes se dispararon a G. 16.500 millones en activos, que inclu­yen millonarias acciones en SA, departamento en condomino exclusivo, una cantera y otras valiosas propiedades.

Tras la consulta de nuestro medio sobre la declaración jurada de Mirian Talavera Moraez, exesposa de Líder Amarilla, con quien el parlamentario estuvo casado sin separación de bienes, caso que publicamos en nuestra edición de ayer, la mujer hizo una veloz gestión para remitir su manifes­tación de bienes a la Contraloría, institución a la que pertenece desde el 2018. La funcionaria que aparece comisionada a la Municipali­dad de Villa Elisa, territorio del equipo político de su excónyuge, tiene ingreso mensual de G. 7.800.000 al mes y pese a ser personal de un ente de control, eludió una disposición legal establecida para todos los que perciban sueldo del Estado.