El subcontralor General de la República, Augusto Paiva, sostuvo que la previsional debe entregar las documentaciones que respalden la contratación masiva de limpiadores mediante la empresa del “Pulpo” Alberto Palumbo. “Lo público es público”, aseveró.

Ante la llamativa cantidad de lim­piadores que fue­ron contratados por el IPS solicitamos vía Ley de Acceso a la Información Pública la nómina de sus empleados proveídos por las contratis­tas de licitación de G. 73.000 millones. Los datos requeri­dos consisten en sus respec­tivos nombres, la empresa a la cual pertenecen, y en qué área del hospital están pres­tando servicios.

Según el Pliego de Bases y Condiciones del contrato que firmaron las empresas adjudicadas los datos men­cionados más arriba debie­ron haber sido proveídos al IPS; sin embargo, en la insti­tución se desentendieron de proveer lo solicitado.

“Corresponde informar a la recurrente sobre lo dis­puesto en el Art. 8 de la Ley N° 5282/14, que establece cuál es la información que las Insti­tuciones se encuentran obli­gadas a poner a disposición del público, de lo que se con­cluye que el I.P.S. no está obli­gado a proveer la Información requerida” fue la respuesta de la Unidad Anticorrupción y Transparencia a la solicitud de nuestro medio.

La asesoría jurídica no pro­veyó el documento men­cionado para desestimar el pedido de informe.

Consultado sobre el caso, el subcontralor General de la República, Augusto Paiva, comentó que; “Debería ser pública y tener la informa­ción por Ley de Acceso a la Información Pública. Lo público es público”. Aseveró que el IPS debe entregar la nómina de funcionarios ter­cerizados.

No solamente el subcontra­lor se refirió al tema, sino que también anteriormente el abogado Federico Legal, miembro de la Organización de Transparencia IDEA, declaró que sin dudas estos datos son considerados públi­cos, ya que obran en poder de la institución y pueden ser solicitados por cualquier ciu­dadano paraguayo. “En este caso si, no hay duda si figura en el pliego, si es una condi­ción para que quede aceptada la oferta, entonces sí tiene que ser considerada información pública”, había respondido el mismo en su momento.

Vale recordar que en la licita­ción de limpieza adjudicada figuran la provisión de 1.504 empleados, de los cuales 689 corresponden a firmas del empresario Alberto “Pulpo” Palumbo y los restantes a Cevima, otro pez gordo de las licitaciones de servicio de higienización, propiedad de Claudio Escobar.

El estado de los sanitarios y la cantidad señalada de per­sonal que no es visible en los pasillos de la previsional generan sospechas del cum­plimiento, lo que motivó el pedido de informe que la administración de Vicente Bataglia se desentiende de suministrar.

Por otra parte, el IPS realizó un nuevo llamado a licitación para contratar más servicios de limpieza, esta vez por el valor de G. 109.000 millones, es decir, G. 36.000 millones más del contrato actual.

El Pliego de Bases indica 24 meses de servicio en la anterior adjudicación, sin embargo, en letras chi­cas redujeron a 9 meses en la planilla vigente. Ante esto la Contraloría Gene­ral de la República soli­citó un informe al presi­dente Bataglia y un plazo de diez días hábiles para la respuesta sobre el pro­ceso licitatorio en curso que otra vez otorga amplia ventaja al “Pulpo”.

Según las ofertas presenta­das, Palumbo y Escobar se quedarán de vuelta con la mayor tajada de la licitación de limpieza en proceso. El primero asegura G. 61.000 millones de una propuesta global por G. 70.500 millones. Mientras que, su dupla (Esco­bar) es único oferente en lotes por G. 50.000 millones.

Vale mencionar que, durante la serie de publicaciones de miserias e irregularidades en la prensa, Bataglia se pegó el lujo de salir de vacacio­nes anunciando su retorno en 30 días; sin embargo, reapareció en estos días y llamó a una sesión extraor­dinaria del Consejo Direc­tivo del IPS. La repentina vuelta del titular de la pre­visional y las reuniones que surgen en medio de más y más millonarias licitacio­nes como para el servicio de vigilancia sacuden en críti­cas a la administración por parte de los asegurados que buscan atención médica y remedios, antes que pelotón de guardias que los vigilen.