• Por Ricardo Rivas
• Periodista-X: @RtrivasRivas
• Fotos: Gentileza

Cuarenta y cuatro periodistas que investigaban e informaban sobre cuestiones medioambientales fueron asesinados en los últimos quince años. Treinta y nueve de esas tragedias continúan impunes. Otros veinticuatro colegas sobrevivieron de otros tantos ataques cuando intentaron matarlos, reporta el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Estremece saber del horror en detalle. Incluso desalienta. Al menos uno de los colegas que no sobrevivieron, Dom Phillips –prestigioso freelance que se desempeñaba para The Guardian– fue silenciado en la Amazonía. En Latinoamérica. En esa tierra de desigualdades extremas que cientos de ignorantes o mal intencionados se empeñan en afirmar que se trata de un “territorio de paz”.

Claramente, el “grileiro” ya no solo arrebata tierras ilegalmente para incrementar su patrimonio, sino que ahora va por la vida de hombres o mujeres que reportan de sus delitos para despojarlos de ella. Acecha, hostiga, hostiliza a periodistas, comunicadores y activistas que defienden el planeta.

La disputa es desigual en esa misión de dar voz a los que no pueden hacerse oír frente a los sicarios de las organizaciones delictivas transnacionales de alta complejidad que quieren imponer la dureza extrema y criminal para construir zonas silenciadas como las categorizaran con precisión académicos especializados en libertad de expresión como lo son Catalina Botero o Edison Lanza.

“Al menos 749 periodistas, grupos de periodistas y medios de comunicación dedicados al reporteo de cuestiones medioambientales han sido agredidos en 89 países desde 2009″, denuncia un informe de aquella agencia multilateral de las Naciones Unidas. Precisa luego que aquellos “periodistas y medios cubrían una amplia gama de historias, (que van) desde las causas del cambio climático, la minería ilegal, la deforestación y los combustibles fósiles, hasta cuestiones afectando específicamente las comunidades a las que pertenecen, como la agroindustria, la apropiación de tierras, los megaproyectos de infraestructuras y las secuelas de fenómenos meteorológicos extremos”.

Advierte también que “en los últimos cinco años se han producido más de 300 agresiones, lo que supone un aumento del 42 % con respecto al quinquenio anterior. Este aumento se atribuye a un incremento de las agresiones físicas, como asaltos, detenciones y acoso, y de las acciones legales, incluidas las demandas por difamación y los procesos penales”.

Detalla luego que “los agentes estatales, tales como la policía, las fuerzas militares, los funcionarios y los empleados de gobierno, han cometido al menos la mitad de las 749 agresiones” y que “los agentes privados (¿mercenarios?), como empresas de la industria extractiva, grupos delictivos, manifestantes y comunidades locales, son responsables de al menos una cuarta parte” de las agresiones consignadas.

La abrumadora información –a la que tuvo acceso este periodista cuando promediaba la semana con el compromiso de no hacerla pública hasta hoy después que se distribuyera en el transcurso de la Conferencia Global Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Santiago de Chile, bajo el lema “Prensa para el planeta”– es el resultado de una encuesta que desarrolló la Unesco y la Federación Internacional de Periodistas sobre una muestra de 946 colegas desplegados en 129 países.

“Los peligros son muchos y todos son graves”, reflexiona la colega Verónica Goyzueta (ver aparte), activa trabajadora de Sumaúma, plataforma informativa que hace foco sobre la selva amazónica brasileña.

“El desarrollo sostenible está en riesgo. La triple crisis planetaria –cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación–, sus conexiones con la salud pública, la necesidad de fortalecer la democracia y combatir la desinformación y la información errónea, entre otros temas, se han convertido en desafíos cruciales para la humanidad”, sostuvo Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, quien, además, enfatizó que “el ecosistema de información tiene un papel fundamental para responder a esta crisis” y destacó especialmente la relevancia del “acceso a información confiable” sobre estos temas.

Resaltó también “la importancia de fortalecer el periodismo ambiental y científico independiente” porque “son actores cruciales para ayudar a nuestras sociedades a separar los hechos de las mentiras y la manipulación con el fin de tomar decisiones informadas, incluidas aquellas relacionadas con las políticas ambientales”.

Notable defensora de los derechos humanos y, en especial, de las libertades de expresión, de prensa y el derecho de opinión, Azoulay puntualiza que “los periodistas de investigación también están revelando crímenes ambientales, exponiendo corrupción e intereses poderosos y, en ocasiones, sufriendo consecuencias fatales por hacer su trabajo”.

En ese contexto, sentencia: “La conciencia sobre todos los aspectos que componen la triple crisis planetaria y sus consecuencias es esencial para construir sociedades democráticas”. Es necesario concienciar y es el periodismo también el que produce sentido. Apunta después que en esa misión las y los trabajadores de medios “enfrentan grandes retos al buscar y difundir información sobre diversos desafíos contemporáneos, como los problemas en las cadenas de suministros, las industrias extractivas, la minería ilegal, la contaminación, la caza furtiva, el tráfico de animales, la deforestación o el cambio climático”.

Desde esa perspectiva, Audrey Azoulay sostiene la necesidad de informar para “asegurar la visibilidad” de las necesidades y peligros que acechan al planeta porque esa información “es crucial para promover la paz y los valores democráticos en el mundo”.

La periodista peruana especializada en medioambiente Verónica Goyzueta, quien vivió y trabajó en Brasil por más de dos décadas, habla de los principales peligros que debe enfrentar el periodismo durante la cobertura de temas relativos al cambio climático y medioambiente en América Latina.

–¿Cuáles son los peligros que acechan al periodismo cuando cubre temas relacionados al cambio climático y medioambiente en Latam, especialmente?

–Los peligros son muchos y todos son graves. Por un lado, existe una prensa que tiene dificultad para cubrir temas ambientales en áreas que a veces son muy difíciles para acceder con costos de cobertura muy altos. Es un problema para la prensa en general. Tanto para los medios tradicionales como para los medios independientes que han surgido (en los últimos años) y que tienen más interés en estos temas, pero enfrentan muchas dificultades para asumir esos costos.

–¿Cuáles son algunas de estas dificultades?

–Está la situación de los periodistas que no siempre son contratados porque muchas veces trabajan como freelancers y (por esa precarización laboral) corren más riesgos cuando a veces van por su cuenta a esas coberturas para poder ofrecerle un reportaje a los medios. Los periodistas están en una situación muy frágil. Recordemos el caso del corresponsal Dom Phillips y del antropólogo indigenista Bruno Pereira que fueron asesinados en la Amazonía brasileña en junio de 2022. Don –un periodista con mucha experiencia– viajaba por su cuenta y con cuidados especiales de seguridad. Bruno conocía muy bien la región. Pero la tragedia pasó. Este fue un caso especial –con mucha repercusión, con mucho destaque– por la presencia de Don, corresponsal internacional que trabajaba freelance para The Guardian.

–¿Esto generó algún cambio?

–Lo que pasó hizo que los medios que cubren la Amazonía se preocupasen mucho más por la seguridad de sus reporteros, pero todavía no veo un cambio, especialmente en el caso de los corresponsales. Hace falta más. El colega Jonathan Watts, un periodista muy importante, creó y lideró el proyecto Rainforest Journalist, que duró cuatro años y ha servido como ejemplo para varias otras iniciativas incluso dentro del Pulitzer Center. Esas iniciativas motivaron a medios y freelancers a presentar proyectos para que puedan viajar seguros y hacer coberturas de mayor calidad. Estas acciones aumentaron la presencia de periodistas en la Amazonía, pero todavía falta mucho. Es un gran desafío.

–¿Cuáles son las respuestas que los gobiernos dan a estas amenazas más allá del “declaracionismo”?

–En Brasil, donde está una de las mayores porciones de la Amazonía, en los últimos años fue bastante grave después que asumió Jair Bolsonaro, que fue un presidente contra esa región, contra la selva, contra el medioambiente. Todo se puso más peligroso. El asesinato de Don Phillips se produce en ese momento, cuando las organizaciones ambientales públicas no tienen fondos. Básicamente en Brasil hay algunas organizaciones públicas que son muy importantes, como el IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) o la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) y otras organizaciones que ayudan bastante a proteger el territorio. Pero en el tiempo de Jair Bolsonaro no hubo ningún tipo de inversión y, por el contrario, estas organizaciones y sus funcionarios fueron prácticamente perseguidos. Ese fue el caso de Bruno Pereira (asesinado junto con Phillips), que era uno de los indigenistas más importantes de Brasil y, en el momento de su muerte, estaba exonerado de su cargo y buscaba trabajo para sobrevivir, para pagar sus cuentas. Ese era el escenario. “Deixa pasar a boiada” (deja pasar el ganado), decía uno de los ministros de Bolsonaro, con lo que buscaba no dar ningún tipo de protección a la Amazonía y, en general, a ningún otro territorio. Por ello avanzaron los crímenes ambientales, el robo de tierras públicas y el narcotráfico, que creció muchísimo. Tal vez aquel fue el más grave que hemos pasado.

–¿Ha influido en algo el cambio de gobierno?

–Cuando tenemos gobiernos más favorables a la selva o más progresistas, las cosas mejoran un poco, pero no lo suficiente. La situación del pueblo yanomami es un escándalo. La invasión de garimpeiros, los mineros ilegales, está contaminando los ríos. (El presidente) Lula trata de cambiar la situación, pero los recursos que se invierten en eso son muy pocos. De hecho, se ha mejorado mucho. Pero en comparación con lo que teníamos, que estábamos en cero, falta mucha más inversión. Hay grupos económicos que pesan siempre mucho más que los intereses de los pueblos indígenas o de los ambientalistas o de los activistas o de los periodistas. El poder económico que tiene la minería acaba pasando por encima de cualquier política pública y los resultados son muy bajos. Brasil tiene una ministra, una mujer de pueblos indígenas en la FUNAI. Mucho simbolismo, pero poco resultado. El discurso de Lula queda muy bien internacionalmente, pero los resultados no son como debieran ser frente a la urgencia que estamos teniendo.

–De aquí hacia mañana, ¿qué hacer y cómo hacerlo?

–No veo que en Brasil haya chance de que pueda haber un gobierno más progresista que el de Lula. Es difícil. Creo que solo veremos un cambio cuando haya realmente un compromiso de la iniciativa privada porque es la que más interfiere en las decisiones del Ejecutivo. La iniciativa privada tiene un lobby muy fuerte en el Congreso. Hace mucha presión sobre la política y sobre los Gobiernos. Hay todo un discurso de sustentabilidad, de mucho greenwashing, mucho marketing. Hay empresas serias. Pero las que presionan, cuando no lo hacen a la vista, lo hacen por debajo. Sabemos, por ejemplo, que el camino del oro ilegal termina saliendo (de Brasil) a través de los principales bancos de Sao Paulo, se limpia en algún sitio y de ahí sale legalmente. Y (sale a través de) conexiones que no son solo en Brasil, sino internacionales. Por eso es que tiene que haber voluntad no solo de la iniciativa privada brasileña, sino internacional. ¿En Davos?

–¿Cuál sería la solución en este contexto?

–Hay que salir del discurso. Una cosa es lo que se dice y otra lo que sucede con los gobiernos. Creo que hay organizaciones que realmente están interesadas en cambiar las cosas, pero no están haciendo lo suficiente. Hay que crear conciencia. Y el periodismo ahí tiene un papel también, que es importantísimo. Tenemos que contar la historia para que la gente entienda lo que realmente está pasando y los riesgos que se vienen, que no son pequeños.