La autora de este artículo reseña las instituciones diplomáticas que se han aplicado para la acogida de presos políticos durante el Operativo Cóndor partiendo del primer informe de un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas que se elaboró en 1981 sobre el caso de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay.

• Por María Victoria Benítez Martínez*
• Foto: Gentileza

El relato de un detenido político en Argentina describe su sufri­miento bajo tortura el 31 de marzo de 1975 a las 22:00: “Antes de medianoche ya estaba frente a la máquina eléctrica de la brigada de San Justo, permanecí allí hasta el amanecer y fui sometido a la misma sesión durante varios días, luego fui arrojado espo­sado a mi celda”.

Al sétimo día fue sometido a un nuevo interrogatorio tras ser encapuchado y some­tido al waterboarding, es decir, inmersión en un cubo de agua, intensificando la agresión eléctrica en todo el cuerpo. El torturador repetía una y otra vez: “Voy a pudrir el cerebro, estamos matando las ideas”. La tortura psico­lógica se hizo cada vez más fuerte, colocando al prisio­nero en el límite entre la vida y la muerte. Solo pudo bañarse 15 días después de su encar­celamiento. Mientras tanto, los excrementos se le habían pegado a la piel y a los panta­lones, la única ropa que aún llevaba junto con el chaleco. Era mediados de otoño y no tenía colchón ni manta de nin­gún tipo.

Los prisioneros políticos se ayudaban mutuamente. La mayoría de las veces, los tor­turadores les vendaban los ojos para que no pudieran reconocerlos; la única forma de detectarlos era por el tono de voz y la naturaleza de cier­tas preguntas. Las sesiones de tortura eran llevadas a cabo conjuntamente por agen­tes argentinos y uruguayos, algunos de los cuales tenían incluso el rango militar de general.

Francia ha animado cons­tantemente a los gobiernos de América Latina, a menudo sometidos a graves tensio­nes políticas, económicas o sociales, a mejorar el respeto de los derechos humanos. Francia ha evitado inmis­cuirse en los asuntos inter­nos de estos Estados. El país de los derechos humanos fue reclamado en todos los fren­tes, no solo por los persegui­dos políticos o ideológicos. En aquella época, el delito más grave era desarrollar una ideología comunista o participar activamente en la política en contra del Gobierno.

Desde 1973, más de 4.000 refugiados latinoamerica­nos, especialmente chilenos, han obtenido asilo en Fran­cia, principal país de acogida. Estos esfuerzos han contado con el apoyo de organizacio­nes de defensa de los derechos humanos.

En cuanto al asilo diplomá­tico en una embajada, no se trata de un derecho, sino de una práctica cuya aplicación a los Estados latinoamerica­nos se ha regulado mediante convenios: el Convenio de La Habana de 1928, el Convenio de Montevideo de 1933 y el Convenio de Caracas de 1954.

La represión en Argentina estaba en su apogeo en los años setenta y los testimo­nios ilustran las experien­cias de los detenidos. Las car­tas solicitando la libertad se sucedieron y el detenido G.M., de nacionalidad uruguaya, escribió una carta al Juzgado Federal de Buenos Aires y al Juzgado Federal de Rawson, donde estaba encarcelado, que decía lo siguiente:

“El hecho de estar detenido en un centro penitenciario cuyas características considero que no se ajustan a la Constitución Nacional hace que mi digni­dad y mi integridad física y psíquica corran grave peli­gro. Me encuentro en un ais­lamiento total que supera con creces los límites de lo que la mente más resignada puede soportar.

Estoy detenido a casi 1.600 km de donde vivo; Se ha impuesto a mi familia un régimen de visitas que les obliga a permanecer cerca del centro durante una semana si desean aprovechar la visita de una hora al día que se les concede; No se me permite tener ningún contacto físico durante esta visita y estoy obligado a dirigirme a mi familia verbalmente a tra­vés de una mampara trans­parente; No se me permite mantener correspondencia con nadie cercano a mi fami­lia; Se me niega el acceso a periódicos, la radio, la televi­sión; Estoy confinado en una única celda de dos metros de largo por uno de ancho, con la mitad de las ventanas cubier­tas de pintura; Durante las 14 horas de encierro, 12 de ellas con medidas discipli­narias, tengo que permane­cer en la cama con las impli­caciones de deterioro físico y psicológico que ello con­lleva; Prohibición de activi­dades manuales, por ejem­plo, manualidades, pintura, etc.; Prohibición de activida­des recreativas, como cantar, silbar o reír en voz alta.

La atención médica forma un círculo perfecto con el punto anterior, ya que es ineficaz, sobre todo en los casos más agudos, y en otros casos solo se pueden paliar los efectos secundarios (...).

Si a esto añadimos que el acto de comer se ha transformado desde que el hombre se sentó por primera vez a la mesa con sus congéneres, es una activi­dad social inherente a su esen­cia ontológica, que lo diferen­cia de las bestias que comen para subsistir. Comer en un clima de tensión es una vuelta a la animalidad (...).Vivo en un estado de militarización irra­cional y absoluta.

Esta militarización se mani­fiesta en un código de normas:

El uso constante de la voz de mando por parte del personal de la unidad; La realización de al menos diecisiete formacio­nes diarias en el más estricto orden militar, con fines muy diversos y, por tanto, innece­sarias; La obligación de obe­decer un código de normas establecidas oralmente (y no por escrito); La limpieza de los cristales de las celdas sin autorización específica se san­ciona con una falta disciplina­ria; Entrar en el lavadero en número superior a seis (hay espacio suficiente para 15 per­sonas); Llevar más de dos ciga­rrillos y dos cerillas al patio; Caminar fuera del bloque de celdas sin bajar la cabeza; Salir de la celda sin las manos en la espalda, etc.; Me encuentro inconstitucionalmente cali­ficado de ‘delincuente terro­rista’ D. T. por el P. E. N. Pido a Su Señoría que intervenga para revertir la situación”.

Las Madres de Plaza de Mayo de Argentina acusan a los diri­gentes de las Fuerzas Arma­das de estos casos de deten­ción en el marco del Plan Cóndor u Operación Cóndor, conocido como una coalición de países con gobiernos dicta­toriales para perseguir a per­sonas de ideología comunista.

El primer informe de un grupo de trabajo sobre desaparicio­nes forzadas se elaboró en 1981 sobre el caso de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Para­guay. En Paraguay, el Archivo del Terror da testimonio de ello. Las desapariciones forza­das y la tortura formaban parte de la vida cotidiana en América Latina en las décadas de 1970 y 1980. Las desapariciones no son solo un fenómeno sudame­ricano; el problema también se ha puesto de relieve en Etiopía y Sudáfrica.

Para ello se ha creado un regis­tro internacional, una base de datos en Estados Unidos. El registro internacional hace un seguimiento de todos los casos año tras año. Cerca de 50.000 personas estaban ins­critas en el registro en 2013. Entre los Estados, 16 países pertenecen al Grulac (Grupo de países de América latina y el Caribe).

* PhD en Historia y Civili­zaciones – Relaciones Inter­nacionales, Université Paris Cité – Francia. Comercio Internacional – Droit des Affaires – Conservatoire National des Arts et Métiers