Una de las bombas noticiosas de la jornada del lunes fue la impu­tación realizada por dos fiscales contra el expresidente Mario Abdo Benítez y 8 excolaboradores estre­chos de su gobierno. Se los acusa de haber filtrado informes de inteligencia para uso político y otros delitos que fueron inves­tigados y ahora deben se probados en el juicio. Como la dura acusación es contra el exmandatario y su entorno cercano, el hecho no fue bien recibido por algunos sec­tores que prefieren defenderlo, como cier­tos medios de comunicación que mostraron su hilacha abdista.

Los hechos existieron y fueron denunciados en su momento con las evidencias del caso. Por lo que no se los puede desconocer como tampoco achicar la gravedad de lo aconte­cido. Es necesario que los organismos judi­ciales pertinentes realicen la investigación correspondiente y establezcan las respon­sabilidades y los castigos que conllevan tales delitos señalados por los fiscales.

De acuerdo con el escrito de la acusación, “durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Hora­cio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.

Sin entrar a calificarlos, estos hechos podrían ser entendibles como parte de una lucha partidaria. Pero lo grave de esta situa­ción es que, para este propósito, con fines políticos, se habrían revelado secretos que no corresponde dar a publicidad por parte de los altos funcionarios acusados.

“La filtración realizada habría perseguido el objetivo de desacreditar políticamente al expresidente de la República Horacio Car­tes”, destaca el texto de la imputación. Y agrega que cada uno de los hechos mencio­nados en el escrito representan elementos de sospecha suficiente sobre la existencia de lo denunciado y la participación de las personas indicadas. Los fiscales realizaron la acusación e imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez, a Carlos Arregui, exti­tular de Seprelad; a Arnaldo Giuzzio, exmi­nistro del Interior; a Carmen Pereira, exvi­ceministra de Seprelad; a René Fernández Bobadilla, que fue ministro de la Seprelad. También están imputados el diputado Mau­ricio Espínola, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.

De acuerdo con lo referido por la acusación, las instituciones estatales que dependen de la Presidencia de la República filtra­ron informaciones secretas a los medios de comunicación para ensuciar el nombre de los enemigos políticos de Abdo. Desde la Senad, Senac y el Ministerio del Inte­rior se pasaban informaciones a la prensa de manera organizada con el propósito de afectar al expresidente Horacio Car­tes y sus empresas, según la opinión de su abogado Pedro Ovelar. Este señaló que las denuncias realizadas contra Abdo y sus excolaboradores se basan en hechos rea­les, como denuncias falsas, simulación de hechos punibles y persecución, que infrin­gen las disposiciones del Código Penal.

El ruido ocasionado por las acusaciones fis­cales produjo también una fuerte detona­ción en el campo político, por las implican­cias que tienen en los sectores partidarios involucrados y las consecuencias penales que podrían sobrevenir. Pero al margen de las repercusiones que puedan tener en los diversos campos de la vida nacional, lo importante es que si los delitos se cometie­ron, corresponde investigarlos de manera adecuada y los responsables tienen que recibir el justo castigo como consecuencia de los hechos que han causado.

No es bueno que en el país continúe la impunidad de los delincuentes, aunque sean grandes personalidades del campo político o social, por el bien de la sociedad paraguaya y la seriedad de las institucio­nes. Debido a ello, desde el punto de vista de la lógica más elemental, es muy difícil de entender la actitud de algunos medios de comunicación que decididamente salen a defender a los acusados. Parecen no impor­tarles la gravedad de los actos denunciados ni el hecho de asumir la defensa de posibles delincuentes.

Es muy plausible la actitud asumida por los fiscales con base en las denuncias presen­tadas en su momento contra los imputados. Lo habitual en cualquier sociedad normal es que cuando se cometen infracciones a las leyes, los responsables sean investigados, acusados y, si corresponde, castigados de acuerdo con las normas penales.