Comenzó el año lectivo en la totalidad de las escuelas y colegios, cosa que involucra fuertemente a toda la socie­dad paraguaya como pocos aconteci­mientos. Es un hecho que constituye un nuevo desafío, tanto para las autoridades, los educadores y los padres para enfren­tar el sagrado compromiso de educar de manera adecuada a los más chicos de nuestra sociedad, a fin de prepararlos para lo que los espera en la vida.

Así como para una familia, la forma­ción de los hijos es una de las tareas más importantes que tiene, alimentar a los niños es para la sociedad y el Estado uno de los compromisos de mayor enverga­dura. Y lo debe enfrentar con medidas adecuadas a fin de cumplir su obliga­ción jurídica y legal de proteger y ayudar a todos los miembros de la comunidad nacional. Para ello los organismos públi­cos tienen recursos monetarios pro­venientes de los impuestos que paga la ciudadanía y funcionarios técnicos pre­parados para dirigir la tarea educativa.

Una de las entidades estatales encarga­das de vigilar la utilización de los fon­dos destinados a la alimentación escolar acaba de recordar a las gobernaciones y municipios su obligación de dar la ali­mentación adecuada a los escolares, de acuerdo con las normas vigentes y el pre­supuesto que se les otorga para ese fin.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) instó a las autoridades departamentales y municipales a reali­zar con prontitud las licitaciones para la obtención de los alimentos destinados a los chicos en edad escolar de sus res­pectivas jurisdicciones. La celeridad es para que los alumnos no esperen mucho tiempo para alcanzar la merienda o el almuerzo escolar y no se pierda tiempo para dar esa ayuda fundamental. Esa ali­mentación está destinada a cubrir los 180 días de clases que tienen los estudiantes en todo el año calendario.

El mensaje de la DNCP sostiene que es imperativo que las gobernaciones y las municipalidades tengan en cuenta su responsabilidad de gestionar la provi­sión de la alimentación escolar, habida cuenta que el proyecto de ley de “Hambre cero” está todavía en estudio en el Poder Legislativo y no se sabe cuándo entrará en vigencia. Hay que remarcar que la ali­mentación escolar no debe suspenderse por la existencia de una futura nueva ley, porque no se eliminan los programas alimentarios ya contemplados para este año. No están derogadas las normas exis­tentes, que están en plena vigencia, por lo que se les debe dar cumplimiento cabal para la nutrición de los escolares. No deben dejar de hacer lo que están com­prometidos a realizar con los fondos que se les trasfiere.

El proyecto de ley de “Hambre cero en las escuelas” lo presentó el Poder Ejecutivo el 29 de enero último y pretende univer­salizar de manera equitativa la alimen­tación de los chicos que van a las escuelas públicas del país. Establece una serie de medidas para asegurar que la comida lle­gue efectivamente a todos los afectados y no solo a un pequeño porcentaje, como ha ocurrido hasta ahora. Reemplazará al anterior sistema que todavía está vigente y cuya aplicación se debe mejorar para que se cumpla el objetivo de ayudar a la nutrición de los niños.

La propuesta del Ejecutivo propone la creación del Fondo Nacional de Alimen­tación Escolar (Fonae), que reemplazará al Fonacide existente, para blindar los fondos destinados a la nutrición de los niños e impedir que se los puedan utili­zar para otros fines, como ha estado ocu­rriendo por el abuso de algunos munici­pios y gobernaciones. Hay varios casos de escandalosos manejos del dinero para la alimentación que están actualmente en la Justicia. Se estima que en todo el país son 1.300.000 los escolares que van a las escuelas públicas para quienes se desti­nan los recursos alimentarios. Y hasta el año pasado la cobertura era ínfima, pues los alimentos solo llegaban para 200.000, lo que constituye apenas el 15 % del total, lo que de hecho es una vergüenza y demuestra la necesidad de cambiar con rapidez ese sistema por otro que asegure que la comida llegue efectivamente a los alumnos. Teniendo en cuenta esta reali­dad dolorosa es que resulta muy opor­tuna y necesaria la recordación impera­tiva hecha por Contrataciones Públicas a los organismos del interior del país que se encargan de distribuir los alimentos.