Todo gobierno que inicia su gestión debe tener margen financiero para poder aspi­rar a aplicar sus programas y políticas para los cuales fue electo por el pueblo. Lo ideal siempre es arrancar con algo de recursos en la billetera del Estado, sin comprometer el buen andar de la administración. Esto lamentable­mente no ocurrió con el gobierno ante­rior, que dejó numerosos (y onerosos) “clavos” tras su raudo y ávido paso por la gestión de la cosa pública.

Entre la deuda a las empresas via­leras (que provocó que varias obras de infraestructura se paralizaran o demoraran, además del conse­cuente costo del despido de tra­bajadores), más los compromisos atrasados con las proveedoras de insumos y medicamentos médi­cos, fácilmente superaba los 700 millones de dólares, en apenas dos rubros. Estos atrasos provocaron enorme perjuicio en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la provi­sión de fármacos a los hospitales públicos, lo que finalmente tenía una enorme afectación en el esla­bón más delgado: la población vul­nerable.

Pero, nobleza obliga, los provee­dores y las empresas no tienen la culpa de que el gobierno de Mario Abdo Benítez no haya previsto los recursos para abonar por las obras ejecutadas o por los medicamen­tos proveídos, por lo que es más que claro que el Estado debe cumplir su parte. Y a esa tarea se ha embar­cado el nuevo gobierno, desde mucho antes del 15 de agosto.

Desde la llegada al Palacio de López de Santiago Peña, el Gobierno se ha empeñado en cumplir con sus com­promisos, en el entendimiento de que un Estado puntual, que paga en tiempo y en forma sus obligaciones, es un Estado que adquiere músculo para llevar adelante sus propuestas y sus programas.

El plan que ejecuta el Gobierno para cubrir toda la deuda here­dada es la ley que autoriza a tomar medidas extraordinarias en lo financiero, a través de la emisión de bonos o contratación de emprés­titos, con el fin exclusivo de poder abonar estos compromisos. Afor­tunadamente, la buena imagen económica del país, tanto a nivel externo como interno, permite que los bonos sean colocados con facili­dad y seguridad.

Con los recursos en mano, tras la emisión de los bonos, de a poco fue saldando sus débitos y es así que en los dos rubros mencionados más arriba, el Estado está muy cerca de cancelar las deudas. En el caso de las vialeras, se pretende que para el mes de febrero se llegue a un 90 por ciento de la totalidad adeudada (que ronda los 350 millones de dólares), mientras que con las farmacéuticas y distintos proveedores de insumo se salde con un remanente de 68 millones de dólares. Por supuesto que hay otras deudas heredadas que la presente administración enfatizó que honrará, como, por ejemplo, con el IPS; pero es esencial enfatizar el mensaje que expresa el Gobierno al dejar el saldo en cero.

Primero que nada, es trascenden­tal porque al cumplir los com­promisos, en especial con aque­llos segmentos importantes como medicamentos u obras viales, per­mite al Estado cumplir con sus fines y ayudar a hacer posible que más gente reciba salud o que más gente pueda tener la posibilidad de tener un empleo en la construcción.

Y en segundo lugar, el Gobierno ofrece una imagen de responsa­bilidad y de previsibilidad, lo que ayuda no solamente al nivel de con­fianza ciudadana, sino también en aquellos que proveen al Estado. En resumen, es un gobierno serio que aspira a administrar la cosa pública de manera ordenada y prudente. Es el papel que debe tener todo gober­nante; y Peña lo está haciendo.