Esta semana se realizó en la Embajada del Brasil en Bue­nos Aires la Cuadragésima Novena Reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) para analizar el tema del cobro del peaje en el río Paraná que hace la Argentina. Estuvieron los representantes de los cinco países que integran el comité: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Según lo señalado por los representantes de nues­tro país, el resultado del encuentro no cambia las cosas y no se ha resuelto el tema de fondo, por lo que puede decirse que Argentina salió ganando.

El vecino país se mantiene en su pos­tura de cobrar el peaje ilegal que está imponiendo en el río Paraná, contra lo que dicen los tratados internacionales que establecen la libre navegación de los ríos. Como gran concesión, los argenti­nos, que continuarán con la imposición, hicieron el compromiso de evitar embar­gos, no retener las naves que pasen por el sitio ni plantear acciones judiciales para el cobro de las facturas de los peajes adeudados durante el plazo de 60 días. Después de ese tiempo, volverán con todo. Incluso ofrecieron la posibilidad de discutir la disminución de la tarifa impuesta, como una concesión graciosa de su postura ilegal. Lo que significa que el tema de fondo, la imposición del cues­tionado peaje sigue firme y sin visos de que se lo levante.

Durante el encuentro de los países miembros del comité de la hidrovía se escucharon las explicaciones de la dele­gación argentina, que dio los argumen­tos que el Ministerio de Transporte de ese país expone para hacer la medida compulsiva que se está cuestionando. Pero el tema crucial que ha motivado el encuentro internacional sigue sin resol­verse. Y lo más importante, el vecino país sigue y continuará embolsando ilegalmente el importe del impuesto al que ha sometido a las naves que están pasando por ese tramo del río Paraná. Las empresas que navegan por el sitio y los propietarios de las mercaderías transportadas tendrán que seguir car­gando con el sobrecosto que implica. Y la molestia de estar siendo castigados sin motivo alguno.

Algunos técnicos nacionales admitie­ron que no esperaban que la Argentina cediera en su imposición y que ablan­dara su postura de imponer el impuesto. Es más, sostienen que las autoridades de ese país no son dignas de fe y que cual­quier promesa que realicen no debe ser creída, teniendo en cuenta su comporta­miento habitual. Que no sería de extra­ñar que no paguen a tiempo lo que han prometido en Yacyretá, ni el monto al que se comprometieron. Por algo es uno de los países de esta parte del mundo con la mayor deuda per cápita y con menor capacidad de crédito externo.

Los últimos acontecimientos sucedidos desde hace un mes muestran claramente la real postura del vecino país, que no se modificará por lo menos hasta que haya un nuevo gobierno de distinto signo político, lo que se sabrá en los meses siguientes. Solo cuando asuma una nueva conducción política en diciembre y se sepa de qué signo es se podría tener la esperanza de que puedan cambiar las cosas para iniciar nuevas negociaciones. Mientras tanto existe la certidumbre de que no conviene al Paraguay ninguna conversación sobre tan delicado tema.

Las autoridades nacionales tienen ahora nuevos elementos que hablan de que Argentina no levantará el peaje, y resulta muy difícil creer que el Comité Intergu­bernamental de la Hidrovía logre con­vencerla de cambiar de postura.

Por lo tanto, el Gobierno paraguayo no tiene otra opción que iniciar los trámites para interponer el recurso del arbitraje, a fin de liberar el paso de las naves del impuesto ilegal argentino. En medio de la incertidumbre política internacional sobre el tema, existe la certeza de que el vecino país no variará su política en el corto plazo, con todos los costos que ello implica para los intereses de nuestro país. Cuanto más tiempo se espere, irán creciendo los pagos por el peaje y conti­nuará el castigo para las exportaciones e importaciones paraguayas. Admitir el peaje, aunque baje el monto, es inacep­table por ilegal, por lo que no existe otra alternativa que el arbitraje. Seguir espe­rando más tiempo implicará continuar con la incertidumbre y mayores costos para el país.