En la fecha se reunirán en Bue­nos Aires los miembros de la comisión del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre el transporte fluvial en la hidrovía Para­guay-Paraná. El tema principal es anali­zar la situación planteada por la Argen­tina de imponer ilegalmente un peaje en el Paraná contra lo que establecen las normas internacionales que disponen la libre navegación de los ríos. Representan­tes de los países miembros del acuerdo, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, formarán parte del encuentro para escuchar las explicaciones de los argentinos que están violando las nor­mas vigentes.

A primera vista, la postura de los cinco países ya se conoce pues, excepto la Argentina, que se atrevió a ir contra los tratados vigentes, las otras cuatro nacio­nes están por la libertad de navegar sin impedimentos por los ríos mencionados, como consigna la norma vigente y otras similares que rigen para todos los países.

Las delegaciones escucharán las argu­mentaciones del vecino país que tratará de explicar cómo es posible que las reso­luciones del Ministerio de Transporte Nacional de la Argentina tengan más fuerza jurídica que un tratado internacio­nal. Y por efecto de qué razones de la sin­razón una norma obligatoria para todos los países puede quedar sin efecto por la simple resolución de una secretaría de Estado. Más allá de la lógica jurídica y por encima de la prelación de las leyes. “Cosas veredes, amigo Sancho”, como decía el inefable don Quijote de la Mancha a su inmortal compañero de aventura.

Para que nadie se llame a engaño, con­viene recordar la letra del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, el 7 de julio de 1992. El artí­culo 4.º del mismo señala: “Los países signatarios se reconocen recíproca­mente la libertad de navegación en toda la hidrovía de las embarcaciones de sus respectivas banderas, así como la nave­gación de embarcaciones de terceras banderas”. Es decir, según esta norma internacional, la Argentina, que es uno de los firmantes del mismo, reconoce la libre navegación en toda la hidrovía de los barcos de los demás países firmantes y aún de terceras banderas.

En el artículo 5.º el Acuerdo de Santa Cruz se refiere a los peajes y otras impo­siciones. Expresa: “Sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá estable­cer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embar­caciones o sus cargamentos, basado úni­camente en el hecho de la navegación”.

El mencionado artículo es muy claro y específico, que resulta difícil creer que algún país se haya atrevido a poner un peaje en el río Paraná, como lo ha hecho la Argentina, sin haber pedido ni obte­nido el acuerdo de los demás países fir­mantes. Y si lo hizo contra lo que manda la norma mencionada, cometió un enorme error, que nadie lo puede aceptar.

Por eso es que los países signatarios del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra se pronunciaron contra el peaje impuesto en el Paraná. En un comunicado con­junto instaron a la Argentina a eliminar “la aplicación de un peaje unilateral en la hidrovía Paraguay-Paraná” y exigieron “el restablecimiento de la libre navega­ción en la hidrovía”, con el argumento de que el cobro de peajes va en contra de las normas internacionales que regulan los cursos de los ríos.

Es probable que las autoridades argenti­nas fundamenten la aplicación del peaje a la realización de trabajos varios que rea­lizaron, o dicen haber hecho, en el curso del río. Suponiendo que hayan realizado tales obras, eso no les da derecho a ir con­tra las disposiciones legales que rigen para todos los países. La Argentina tiene que suspender el cobro del peaje, con­versar con los demás países que usan la hidrovía y, de común acuerdo con ellos, establecer las imposiciones que pre­tende. Pero no hacerlo de la manera pre­potente que está actuando, poniendo un impuesto que es ilegal, porque va contra las disposiciones que consagran la libre navegación.

Las autoridades nacionales hacen bien en no aceptar el atropello de las autorida­des del vecino país. Y deben seguir firmes en la postura de defender los derechos conculcados desde Buenos Aires. Porque cualquier tipo de abuso, con el ropaje que tuviere, es absolutamente inaceptable.