Ante la intemperancia argentina de cobrar el peaje a las naves que pasan por el río Paraná entre Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay, el canciller nacional afirmó que se están haciendo los trámites para recurrir a un arbitraje por esa imposición. Eso porque el vecino país, al que se le planteó la ilegalidad de esa disposición, sigue cobrando el impuesto. Incluso últimamente está tomando actitudes más duras con las naves, como controles muy estrictos y mayor rigurosidad.
Como parte del increíble comportamiento argentino pueden apreciarse las declaraciones de algunos ministros, como el de Transporte, que han mostrado señales poco amistosas y más bien hostiles. Ha criticado ásperamente algunas supuestas faltas administrativas o deudas del Paraguay con la Argentina. Actitud que está muy lejos de las declaraciones de amistad y buena vecindad a las que suelen recurrir los altos funcionarios de ese país en medio de las negociaciones diplomáticas habituales.
Algo pasó para que ese ministro tuviera esa salida fuera de toda forma diplomática con un país vecino con el que tiene muchas cosas que negociar en diversos frentes. Parecían más bien expresiones de alguien que está en plena campaña electoral y necesita desacreditar a sus rivales. Evidentemente, el sentido de la ubicación no es el fuerte de algunos funcionarios.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, cree que estos momentos no son propicios para realizar una negociación con la Argentina. Es que ese país está en plena carrera electoral para los comicios presidenciales de octubre próximo en los que están fuertemente metidos el partido oficialista y toda la cúpula gubernamental.
El canciller manifestó que la salida “sería más fácil si encontráramos un terreno fértil para la discusión, que no existe hoy en día. La Argentina actualmente ha tomado una posición que para nosotros es sin precedentes, con lo cual no podemos dejar de persistir en el diálogo. Pero no podemos dejar de recurrir a los instrumentos legales que nos amparan y, al mismo tiempo, un diálogo regional que nos genere condiciones”.
El arbitraje es un procedimiento jurídico en el cual dos partes que tienen distintas posiciones sobre un tema someten la controversia, de común acuerdo, a un árbitro determinado. Este analiza la cuestión y luego toma la decisión sobre el asunto en discusión, que es de cumplimiento obligatorio para las partes en disputa.
Si se llega a elevar el tema del peaje a un arbitraje, Argentina tiene que estar de acuerdo con esa salida, que puede darse solamente mediante un proceso de negociaciones. Porque, eventualmente, podría negarse a someterse a ese procedimiento y que siga la dificultad hasta encontrarse otra salida. Si se llega a decidir de que se irá al arbitraje, el canciller dijo que hay que elegir a los árbitros. “Y a partir de allí se produce toda la presentación de la documentación considerando que la Argentina no ha podido demostrar las inversiones que generen las condiciones del cobro del peaje”, indicó
Por de pronto, de acuerdo con el texto y el espíritu de los tratados que rigen la libre navegación de los ríos, la Argentina –y cualquier otro país– está obligada a someterse al cumplimiento de esas normas. Debe levantar el peaje que ha decidido unilateralmente con una resolución del Ministerio de Transporte Público, que no tiene validez jurídica porque se opone a las leyes internacionales.
Es bueno recordar lo que dice el artículo 5 del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, suscrito en 1992: “Sin previo acuerdo de los países signatarios, no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basados únicamente en el hecho de la navegación, al no tener el acuerdo de todos los países miembros”.
El Gobierno persistirá en el diálogo con Argentina en el marco de las conversaciones regionales para encontrar una respuesta consensuada. Lo que no impide recurrir al arbitraje para exigir el cumplimiento de las normas internacionales de libre navegación que se están negando. Nuestro país no está solo en la exigencia de abrir el paso a la navegación, porque el peaje afecta también a las otras cuatro naciones de la zona. Pero es largamente el más afectado y el que recibe con mayor dureza ese castigo inmerecido.