La situación educativa está en uno de sus momentos más sensibles por la violen­cia reinante a consecuen­cia de los problemas conductuales, cuyo tratamiento se sigue poster­gando y esto sin exagerar es una bomba de tiempo. El Estado, a través de sus diferentes instituciones, debe coordinar acciones y ocuparse de los inconvenientes dotando de los recur­sos humanos pertinentes necesa­rios, así también de la tecnología para facilitar los controles.

Una serie de eventos lamentables venimos teniendo en el sector educa­tivo. Un flagelo como el bouling que no tiene freno con programas de con­tención y psicológicos fue acentuán­dose silenciosamente y hoy la vio­lencia está a punto de normalizarse por el terreno que viene ganando de mano a las instituciones, principal­mente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Casi es frecuente el trascendido de alumnos que ajustan cuentas en sus instituciones o en las inmediaciones.

Padres con los ojos vendados o sim­plemente familias resquebrajadas, violencia intrafamiliar, acosos y abu­sos no detectados, como un montón de dificultades continúan colabo­rando con la problemática que por ahora no tiene visos de solución.

Docentes han tenido que abandonar sus aulas, su profesión de toda la vida a causa de una realidad que ha lle­gado a resultar fatal en una escuela. Si vamos a citar los casos de violencia habría que disponer mucho tiempo, son muchos.

Según las autoridades del MEC, el año pasado se reportaron 2.000 casos de todo tipo de vulneración y se noti­ficaron 120 casos en el ámbito fami­liar y 100 en instituciones educativas.

La tardía reacción del MEC inició medidas paliativas como la revisión de mochilas, aunque de vuelta dejó a criterio de las autoridades escolares la implementación. Tras la aplicación en algunos lugares, así como otros operativos con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Secreta­ría Antidrogas, se detectaron serie de portaciones de armas, tenencia de estupefacientes en radio de ubicación de varias escuelas.

Desde el MEC habían mencionado que la problemática es profunda en departamentos como Caaguazú y Central.

Otra acción encaminada por el MEC ante la ola de violencia, y que precisa­mente hace un mes dejó como víctima a una docente en Colonia Indepen­dencia, fue el inicio de un proceso de contratación de 100 psicólogos. El anuncio se hizo a principio del mes de junio y es con la expectativa de atender 8.500 instituciones escolares públicas, sin embargo, hasta ahora este trámite no se finiquitó, de hecho, habían estimado 45 días. Otro asunto que se gestiona tarde.

Los problemas conductuales se sumaron a los que se tienen en la provisión de la alimentación esco­lar e infraestructura. La atención a la salud mental es una falencia que está teniendo sus consecuencias en el ámbito educativo, los propios estudiantes son conscientes de la realidad y se han manifestado para pedir la contratación de profesiona­les que trabajen este tema en escue­las y colegios.

El MEC necesita al menos de tres profesionales por cada una de las 551 supervisiones existentes, en este caso requiere más de 1.500. Sin embargo, cuenta con 500 en la actualidad, y se habla de que unos 400 están con con­trato a vencer en diciembre próximo.

Lo delicado del asunto son los recursos para la recontratación, ya que se especula que solo habría para cubrir 150.

Esta situación es muy riesgosa, ya que el MEC como las instituciones educativas evidentemente han per­dido el control y el norte para superar el problema.

Urgen fuertes planes que atiendan la salud mental en las escuelas y apli­quen estrategias que no resulten represivas ni arbitrarias, sino que descubran la clave para sanar el mal que afecta la tranquilidad de las fami­lias y nuestros niños y niñas.