La serie de denuncias mediatizadas de violencia, el ingreso ilegal de estupefacientes, las armas de todo tipo, la corrupción reflejan la bomba de tiempo en la que se convirtieron nuestras penitenciarías que, sin lugar a dudas, requieren de urgente planificación estratégica antes de que la comunidad entera lamente más esta situación.

El actual ministro de Justicia señaló en estos días en una entrevista radial, después de la polémica intervención de decomiso que hizo con su equipo en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, que las 3 nuevas sedes de prisión serán inauguradas al cierre de este período de gobierno. Más específicamente, la ocupación de estas está prevista para fines del mes de julio, semanas antes de la asunción de la nueva administración estatal.

En términos de infraestructura, considerando la estructura edilicia a inaugurarse, existen buenas expectativas. Nuevos módulos, menos hacinamiento, más camas, estiman una mejora en la estadía. Sin embargo, el servicio, la calidad de vida dentro de lo que implican estos reclusorios, la seguridad y la corrupción serán desafiantes si continúan las condiciones actuales.

Los presos siguen sometidos al miserable sistema en el que trasciende el mercadeo sin límites y de vox populi que aquel que quiera vivir bien en una cárcel debe pagar absolutamente todo como si fuera un hotel de lujo. Penosamente, la corrupción ha arrastrado a las penitenciarías a situaciones extremas y estos negocios irregulares han impulsado impunemente y con mucho éxito el tráfico de estupefacientes, hasta de armas y la extorsión.

Periódicamente, desde el Ministerio de Justicia se difunden procedimientos con requisas rimbombantes que buscan cámaras fotográficas o de televisión, pero al parecer no la solución real a los problemas de control que sufren los establecimientos. La última intervención mediatizada hace unos días en la que ya se lo veía a las autoridades penitenciarias aplicar el “estilo Bukele” en las pesquisas a los reos, se perdieron en el show y en el hallazgo de la clave para extirpar la corrupción.

Los sistemas de control no funcionan, los responsables de la seguridad penitenciaria se burlan de las autoridades y la ciudadanía. Los guardiacárceles caen ante las propuestas ilegales o simplemente se subordinan a los jefes delincuenciales que tienen el dominio de las cárceles, realidad que dejó de ser un secreto.

Estos son problemas graves en el funcionamiento del servicio carcelario. Desde la comida que se proporciona es lamentable, hasta los negocios en negro y el tráfico de drogas como otros. Las veces que hacen requisas encuentran arsenal de armas y estupefacientes, los responsables parecieran jugar al gato y al ratón con los presidiarios, esto es de nunca acabar, al menos hasta que aterrice algún funcionario que tenga la habilidad, la honestidad, el patriotismo de cortar el oscuro modus operandi.

El titular de Justicia habla de la renovación del plantel de guardiacárceles, debido a que un centenar está bajo la lupa por procedimientos que facilitaron fugas, ingresos ilegales, etc. Comentó que la Fiscalía no avanzó en el proceso de investigación de al menos 50 funcionarios desvinculados por corrupción y remarcó que otros 45 están afrontando sumarios.

Depurar la población laboral es más que necesaria. Se anuncia la incorporación de unos 200 guardiacárceles nuevos que es un importante avance, pero las condiciones extorsivas de dominio delincuencial requieren un desarraigo de las penitenciarías, de lo contrario el riesgo será mayor.

Los altos jefes deben erradicar el morbo de que responden a intereses extrainstitucionales y que son elementos de recaudación. Ahí podrá generarse una mayor esperanza en sus acciones, mientras tanto seguiremos también, todos presos de soluciones parche y para la foto.

Urgen iniciativas que implementen medidas correctivas en el manejo de las cárceles y principalmente estrategias que purguen de los funcionarios y altos jefes desleales.

El gobierno entrante tendrá un enorme desafío, por lo tanto, sus acciones también deberán ser gigantescas y vigorosas. Habrá, como siempre, amenazas de colapso, de violencia, de sangre, pero las gestiones deberán ser mucho más inteligentes que estas manifestaciones extorsivas. De lo contrario, todos seguiremos siendo víctimas del dominio de una delincuencia que no está precisamente presa en las cárceles, sino recluidos en un campo de concentración desde donde operan blindados y con total impunidad.