Este diario ha publicado datos de las contrataciones que está haciendo el gobierno de Mario Abdo en el último tramo de su gestión frente a operaciones de administraciones anteriores. Haciendo la comparación con similares propuestas de compras de los otros dos gobiernos previos, el de Federico Franco y Horacio Cartes, de enero a mayo del último año de gestión, se observa la escandalosa cifra de excepciones invocada por la gestión de Abdo Benítez para burlar la obligación legal de comprar a través de licitaciones establecidas por las leyes, para proteger al Estado de posibles actos de deshonestidad.
De acuerdo con informaciones proporcionadas por la Dirección de Contrataciones Públicas, en los primeros cinco meses del año los llamados para compras directas, sin licitaciones legales, del gobierno de Mario Abdo ascienden a 267 mil 857 millones de guaraníes, frente a los 58 mil 264 millones de la gestión Cartes en similar periodo del último año de gestión. Haciendo la comparación, se tiene que Abdo está contratando por la vía de la excepción un 359, 7 % más que la administración Cartes; es decir, tres veces y medio más. Hecho que demuestra la desprolijidad del gobierno saliente en materia de cumplimiento de las leyes.
Para justificar esa conducta, uno de los voceros del Gobierno ha dicho que la cantidad de gestiones de adquisición en el tiempo mencionado no es mayor a la de gobiernos anteriores. Pero lo que realmente importa en una operación comercial es el monto de dinero comprometido, el valor financiero de la misma. Y en esa materia esta administración ha sobrepasado largamente a las cifras de los anteriores gobiernos. Argumentar que el hecho mencionado no es censurable es recurrir a una tonta falacia para intentar engañar. No es lo mismo comprar una bicicleta por 1 millón de guaraníes que un camión por 300 millones.
No se puede aceptar que el Poder Ejecutivo, el ente administrador del país, sea un ejemplo de cómo no observar las normas legales. El recurso de realizar las compras estatales obviando sin motivo valedero la obligación de las licitaciones públicas, invocando la excepción, es una práctica que riñe con la honestidad. Y hace sospechosa cualquier adquisición. La excepción es una dispensa que se usa de manera ocasional, fuera de la normalidad, pero nunca puede ser la regla habitual, como está haciendo el gobierno saliente.
En el caso que nos ocupa, es una práctica que se está haciendo rutinaria en esta administración y que constituye una clara irregularidad, en el sentido de ir contra las leyes vigentes. Es burlarse desvergonzadamente del estado de derecho que debe regir en el país. Además de intentar instalar la corrupción como sistema de gobierno.
Las leyes del país establecen en qué casos se puede recurrir a las dispensas como algo que no está en las reglas, como una cosa situada fuera de la generalidad y de lo comúnmente aceptado. Pero no para hacer de ella la conducta habitual. La vía de la excepción es para casos de urgencia justificada, como cuando ocurren desastres naturales o para las compras destinadas a la seguridad del país, que no se pueden someter a la opinión pública.
Teniendo en cuenta que las adquisiciones directas van contra las normas vigentes, esa práctica de este gobierno debe ser rechazada y denunciada como un acto de corrupción. Las compras que se hacen en esas condiciones tendrían que ser investigadas por las autoridades competentes, para ver si se realizan a precios competitivos, de acuerdo con las reglas y valores que rigen en el mercado. También se debe investigar si las firmas contratadas o sus responsables tienen ligazones familiares, relaciones de amistad con los funcionarios de las entidades estatales, o si les dan regalías, como se ha visto en muchos casos de corrupción denunciados.
No se puede admitir la práctica corrupta de no cumplir las normas legales bajo pretextos inaceptables a los que recurren los infractores. Por ello este gobierno debe ser objeto de las pesquisas necesarias para que se apliquen los castigos que correspondan.
El que no cumple la ley, debe ser denunciado para ser investigado y oportunamente castigado, si se comprueba su actuación irregular. No hacerlo, es premiar a los delincuentes y condecorar a los corruptos.