Los organismos públicos y enti­dades del Estado están elabo­rando actualmente sus ante­proyectos de presupuesto para el 2024 que deberán presentar al Ministerio de Hacienda a más tardar el 30 de junio. Es la proyección de lo que harán el año entrante, por lo que no son cifras antojadizas que se pondrán en los papeles sino las que el país deberá gas­tar el año venidero según su capacidad de recaudación de ingresos fiscales y los préstamos que obtenga para enfrentar los gastos del ejercicio. Con esos insu­mos, desde julio Hacienda se encargará de elaborar el proyecto de presupuesto general de la Nación que posteriormente enviará a fines de agosto al Congreso para su estudio y aprobación final. Es una tarea que los organismos involucra­dos realizan en la misma época todos los años, y por ello es un trabajo de rutina.

Con la diferencia de que en breve comenzará otra administración estatal que querrá intervenir en la preparación presupuestaria de acuerdo a sus puntos de vista. Pero no podrá hacer revisiones importantes porque hay significativas partidas de gastos fijos que no se pueden modificar y que son la principal carga que deberán soportar las nuevas autori­dades. En ese sentido el nuevo gobierno es prisionero de los grandes gastos que inmovilizan cualquier posibilidad de realizar la revisión estructural de las erogaciones del Estado. No podrá agre­gar sumas importantes para hacer más inversiones ya que el principal compo­nente de la estructura presupuestaria es el pago de salarios a los empleados del Estado y demás erogaciones habi­tuales. Por lo que, en último caso, podrá echar mano al documento para hacer las correcciones y agregar nuevas parti­das cuando se lo estudie en el Congreso entre setiembre y diciembre.

Como de hecho no se podrán dejar de erogar las grandes partidas por suel­dos y gastos fijos, el tema será cómo hacer para aumentar fuertemente los ingresos para poder invertir. Uno de los retos más fuertes para la nueva admi­nistración es lograr que se incrementen los pagos de los impuestos, que deberá requerir sus mayores esfuerzos para no recurrir a la pasión del gobierno saliente de seguir haciendo nuevos préstamos y endeudarse más. Como la preparación del esquema de recaudaciones y de gas­tos para el año entrante está ahora en manos del gobierno actual, ya que per­manece hasta el 15 de agosto, es necesa­rio que se haga un acuerdo con las auto­ridades que ingresarán prontamente, porque son ellas las que dirigirán el país con el presupuesto en preparación. Para que intervengan en la confección del documento a fin de encauzarlo de acuerdo a las prioridades que tiene.

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El presidente electo Santiago Peña ha dicho que su primer objetivo en los pri­meros días de su administración será aliviar la vida de las familias paragua­yas buscando mejoras en la salud, faci­litando el acceso a medicamentos, con la reducción de los precios de combus­tibles, y la generación de más empleos. En ese sentido, su gestión marcará una gran diferencia con la del actual manda­tario. Todas esas propuestas implican la administración de recursos financieros y la adopción de decisiones políticas con propósitos económicos, que tendrán que preverse en el presupuesto para el año venidero y en los planes de trabajo que se están haciendo. Debido a ello es fundamental la coordinación que pue­dan hacer los técnicos de la nueva admi­nistración con los que están actual­mente a cargo de las finanzas del país. Los intereses de la nación están por encima de todo y deben ser la preocupa­ción y principal motivo de trabajo de los funcionarios.

Los técnicos del gobierno saliente deben tener la suficiente apertura mental para elaborar el proyecto de ley más impor­tante del año con la intervención del equipo que trabajará en la adminis­tración entrante. Si se tiene en cuenta que muchos de los funcionarios de este gobierno han sido colaboradores en la administración Cartes, se espera que exista la actitud adecuada para afrontar una tarea conjunta para llevar adelante los intereses nacionales. Será necesa­rio marcar nítidamente desde la ley de presupuesto estatal las grandes líneas que tiene previstas la administración de Santiago Peña en la conducción de la economía del país. Solo así se podrán obtener los beneficios que se ha pro­puesto para mejorar la situación econó­mica nacional.

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