Seguimos viendo establecimien­tos escolares en situaciones de riesgo para la vida de nuestros niños y niñas, la precariedad no puede continuar burlando las funciones que tenemos todos como Estado de brin­dar las garantías en los servicios básicos, en este caso de la educación.

Ni hablar de las deficiencias en el pro­ceso de innovación que se había prome­tido con la implementación de la tecno­logía en las aulas. No podemos continuar con promesas que se las llevan el viento, infraestructura edilicia y tecnológica es una meta impostergable que desafía a las próximas autoridades.

Escuelas en mal estado, con paredes fisu­radas, techos que parecen un colador por los agujeros que tienen, ventanas rotas, en algunas siquiera tienen piso. Falta de letrina sanitaria o baños en condicio­nes mínimas, hasta falta de electricidad son situaciones que todavía nos refrie­gan la marginalidad en la que se encuen­tra nuestra educación, principalmente dependiente del presupuesto público.

Hay zonas incluso no muy lejos de nues­tra capital y otras ciudades del área metropolitana en la que improvisan aulas con madera terciada, espacios precarios producto del ingenio de la gente humilde, que no se rinde a dejar fuera del derecho a la educación de sus hijos e hijas. Pensar en tecnología, acceso a internet e instrumentos infor­máticos es una ambiciosa utopía para estos compatriotas.

Una docente gremialista de la Unión Nacional de Educadores decía hace unos días solo el 30 % de los colegios cuen­tan con internet y apenas 20 % tienen equipos informáticos para desarrollar las clases de computación. Esta es una materia valiosísima en la educación que no le alcanza a miles de estudiantes, afectados por la desidia estatal.

El coraje que tuvo esta docente incluso graficó cómo se le dan soluciones par­che a los estudiantes. Cuestionó los rim­bombantes proyectos educativos que tenemos en nuestro país, grandes anun­cios de dotación de insumos tecnológi­cos, pero que estos “funcionan un tiem­pito y después ya no funcionan”. Triste, manera de supervivencia en el sector de nuestra educación.

Necesitamos avanzar hacia planes edu­cativos más realistas, hacia proyectos de infraestructura que sean principalmente de calidad, pero, indefectiblemente que estos programas orientados a la mejora de la educación en todos los aspectos se liberen de la corrupción. El flagelo inme­diato del estado carcomido de nuestras escuelas y de nuestro sistema educativo es la corrupción, no puede seguir permi­tiéndose que algunos avivados se enri­quezcan a costa de un derecho funda­mental que es el servicio educativo.

Tampoco hay que desentenderse de las revisiones que deben hacerse para seguir el destino de los fondos que tenían que reivindicar las inversiones en educación. Auditoría, control, seguimiento de los trabajos inconclusos y contratos incum­plidos para que los responsables ya sean por desidia o corrupción, asuman las consecuencias de sus actos.

Las constructoras que han defraudado el sueño de nuestros estudiantes deben recibir el castigo de la justicia, la impuni­dad de obras abandonadas, la desidia en la gestión para dotación de los insumos escolares amerita investigaciones y san­ciones acordes al perjuicio.

Una nueva administración trae consigo expectativas, la que está a punto de asu­mir esta responsabilidad debe honrar la confianza. La comunidad educativa en conjunto necesita optimar las condicio­nes en las que se encuentra, con mayor atención desde el Estado, más presu­puesto y acompañamiento.

Nuestros estudiantes precisan recupe­rar el bienestar y la esperanza, son un valor elemental en la construcción de un país más competitivo. Es obligación de cualquier gobierno al mando de la Repú­blica enfatizar estrategias para cumplir con los derechos fundamentales y cons­titucionales.

Tecnología, infraestructura moderna, capacitación son ejes que deben reacti­varse con urgencia para que se noten los resultados en todas las instancias en el desafío de recuperar la calidad del servi­cio educativo.