• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

La más importante marcha estudiantil en mucho tiempo se desarrolló en la Argentina el martes último. La sola alusión a que “la motosierra” avanzaría contra la sustentabilidad y continuidad de la educación pública libre y gratuita en las universidades llevó a las calles en todo el país a más de un millón y medio de personas que ejercieron en plenitud su derecho a la libertad de expresión para decir claramente “no” a los recortes presupuestarios.

Solo en Buenos Aires fuentes coincidentes aseguran que más de 400 mil personas recorrieron las calles. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, cuando fue informada de la envergadura del reclamo dejó de lado el cumplimiento estricto del que se conoce como “protocolo” para que no se interrumpa el tránsito vehicular en las calles. La nueva orden fue la de priorizar la protección de la Casa Rosada y el Congreso Nacional. La manifestación fue impresionante.

Y el más impresionado fue el gobierno del señor Milei que tomó nota y bajó marcadamente el tono y los contenidos agresivos con los que se expresa tanto en los medios tradicionales como a través de las redes sociales, el ecosistema en el que más cómodo se siente. Claramente, la envergadura de la protesta en sí misma al igual que la extensión territorial que tuvo como escenario pudo más que “el rugido del león”, como se autodenomina el presidente Milei.

No marcharon los que “no la ven”, como suele categorizar el mandatario sin distinción a quienes se oponen a sus políticas y/o son críticos. Los manifestantes –sin criterios partidarios identificatorios que los unificara– sostienen la idea de que el Estado debe proteger –como derecho, como valor social– un sistema de educación pública y gratuita en todos los niveles.

El ministro vocero presidencial, Manuel Adorni, recibió instrucciones precisas. “Nunca se nos hubiera cruzado por la cabeza resquebrajar la educación pública ni cerrar las universidades”, manifestó. Para muestra basta un botón, sostiene el dicho popular. Muy probablemente, Javier Milei que horas antes a través de la cadena nacional de medios sostuvo que “la era del Estado presente ha terminado” en la Argentina, comprendió que el Estado ausente que aspira instaurar deberá excluir a la educación pública, gratuita y laica, creada desde los inicios de este país por liberales como Juan Bautista Alberdi, Nicolás Avellaneda, Domingo Faustino Sarmiento o Julio Argentino Roca, por mencionar a los más notables. La presencia de la sociedad civil en las calles ratificó lo que indicaban las encuestas en los días previos a la protesta. Según la consultora Poliarquía, el 72 % de las personas consultadas aprueba y valora a la Universidad de Buenos Aires (UBA), a cuyas autoridades democráticamente elegidas más fustigó el gobierno libertario.

La realidad real (la sociedad en las calles para ejercer el derecho de expresarse) resultó ser infinitamente más sólida y persuasiva que la realidad virtual que con frecuencia satura las redes para acompañar en forma irrestricta y acrítica las políticas libertarias. La comunidad educativa marcó un límite claro.

A poco de cumplir cinco meses de gobierno el presidente Milei, además de no haber conseguido que el Parlamento aprobara ninguna de sus iniciativas fundacionales, también tuvo que metabolizar, reconocer y retroceder frente a quienes además del derecho a estudiar levantaron el derecho a un futuro mejor y a la movilidad social ascendente.

Mientras, en la Cámara de Diputados comenzará hoy el tratamiento del proyecto de Ley Bases que por segunda vez impulsa el señor Milei. La reforma laboral que desde la perspectiva gubernamental “modernizará” los contratos de trabajo en la Argentina que originalmente tenía 60 artículos quedó reducida a 16. El intento de desfinanciar a las organizaciones sindicales para terminar con los aportes obligatorios –descontados de sus salarios– a los trabajadores y los que corresponden y deben realizar las empresas no serán eliminados. Las graves sanciones que se preveían para los sindicatos que con piquetes impidan el normal desarrollo de actividades en las plantas de producción tampoco serán impuestas.

Las declaraciones de emergencia económica que solicitaba el Poder Ejecutivo para gestionar algunas áreas de un total de 12 en el proyecto original quedaron reducidas a tres.

De las 46 empresas estatales que se pretendían privatizar, quedaron reducidas a un puñado infinitamente menor. El Banco de la Nación Argentina (BNA), finalmente, no será privatizado. Tampoco la empresa Nación Seguros. Sí se mantiene, en cambio, Aerolíneas Argentinas.

El que se conoce como “paquete fiscal” que contempla la reposición del “impuesto a las ganancias” que eliminara como acción proselitistas en favor de su candidatura presidencial el exministro de Economía Sergio Massa, casi con seguridad será aprobado. La aprobación del proyecto de ley en general está garantizada. Sin embargo, las intenciones presidenciales todavía podrían estar más acotadas cuando la iniciativa se vote en particular, artículo por artículo.

En ese punto todavía hay algunas dudas. “El acuerdo está atado con alambre”, dijo sin anestesia el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. No obstante, si se diera la aprobación como lo espera el oficialismo, las negociaciones tendrán como escenario en los próximos días la Cámara de Senadores donde los legisladores que responden a Javier Milei son solo 7 sobre 74. Treinta y tres pertenecen al bloque kirchnerista de Unión por la Patria. El final todavía no está claro.

Desde el exterior la pobre gestión parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), el partido político de Milei, es observada con atención. Un aporte de fondos frescos que el ministro de Economía Luis Caputo solicita reiteradamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) –que todavía son negativas en unos 3.500 millones de dólares– espera aprobación y, para ello, es imprescindible alguna señal que legitime los programas gubernamentales con el respaldo del resto del espectro político. Deberán seguir en espera.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) –la inflación– continúa achicándose. En pocos días más se conocerá el que emergerá con el fin del presente mes de abril. Coincidentes informantes tanto del sector público como del privado estiman ante La Nación que se ubicará entre 9,8 y 10,7 %. El parate comercial es alarmante. “No se vende nada”, aseguran los comerciantes casi a coro.

Mañana habrá marcha de trabajadores estatales. El 1 de mayo –Día Internacional del Trabajo– se prevén movilizaciones y reclamos. Para el 9 de mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció semanas atrás un “paro general”. Su eventual resultado es un enorme interrogante. En principio, la UTA (Unión Tranviarios Automotor), donde convergen los conductores de los medios de transporte, dejaron trascender que “no” adherirán. Todo tiene final abierto.