• Comentario de Pepa Kostianovsky

No consigo entender este empecinado reclamo de estudiantes, al que adhieren profesores y muchas personas supuestamente informadas, por la derogación del Fonacide.

Ni reunidos con el presidente de la República o el ministro de Educación han conseguido enterarse de que la Ley del Fonacide es un desastre burocrático que por casi diez años viene abortando su función originaria que consistía en que una considerable tajada de las regalías de Itaipú que ingresan en las arcas del Estado fueran asignadas a mejorar las graves deficiencias de la estructura educativa.

Fonacide no consideraba salarios ni cambios de curriculum, iba dirigida exclusivamente a mejorar las instalaciones y mobiliarios de las escuelas y colegios públicos y a enfrentar el problema de desnutrición infantil que afecta aún a varios millones de niños mediante los almuerzos escolares.

Así enunciado, el propósito era auspicioso. Cualquiera que conozca la situación de los edificios y sus equipamientos en los que desde los sanitarios a los techos muchos siguen en condiciones tercermundistas. Y si en la capital y otras ciudades es vergonzoso, en el interior llegan al extremo de calamidad.

Y nadie desconoce la extendida necesidad de mejorar la alimentación de un alto porcentaje de la población infantil.

A la comisión que redactó el proyecto de Ley de Fonacide fueron convocados, conocedores teóricos y prácticos, doctos y legos, algo así como la flor y la nata de la intelectualidad. Lo que se olvidaron de incluir es alguien que conociera los vicios del Estado. Y fue así como le endosaron procedimientos absurdamente burocráticos, que no solo demoraban, muchas veces impedían los trabajos a pesar de que el dinero estaba allí, listo…pero no dispuesto.

Por ejemplo, a alguien se le ocurrió incluir una cláusula por la cual la gobernación o municipio adjudicados estaban impedidos de retirar el dinero SI TENÍAN ALGUNA DEUDA PENDIENTE CON EL ESTADO.

¿Hay algún municipio o gobernación que no adeude al Estado, ya sea por obras públicas o cualquier tipo de servicio? No, por supuesto que no. No pensaron en corregir la ley. Decidieron simplemente que con la venia de la Corte Suprema de Justicia la condición podía ser desplazada. Por supuesto, eso exigía un trámite anual de cada gobernación y municipio ante la Corte.

No sé qué les pasaba a los otros municipios, lo que puedo contarles es que desde el año 2017 duermen en algún cajón de la Corte los sucesivos expedientes de Asunción. Nunca les dieron curso.

Cuando los municipios reclamaban anualmente por las demoras en acceder a sus cuotas anuales, Hacienda respondía que era porque no rendían cuentas del manejo de los fondos de años anteriores. No sé si en los otros era cierto. Pero Asunción concretamente no recibía los fondos porque la Corte cajoneaba sus expedientes.

Cien y doscientas veces, la intendencia y la Junta Municipal de Asunción denunciaron la situación, pero nadie se dio por enterado. Hablamos con el entonces ministro de Educación, con senadoras integrantes de la Comisión de Educación, nos recibieron muy amablemente, pero nadie se inmutó.

Solo tengo espacio para relatar, una vez más, esta desgraciada historia. Pero alguna vez tendríamos que hacer una recopilación de las " penas y quebrantos” que ocasionó Fonacide. Con la esperanza de que los iracundos estudiantes lo lean y se den por enterados de que más que derogada, debería haber sido fusilada hace mucho tiempo.