• POR JAIME EGÜEZ
• Presidente del Club de Ejecutivos

Los grandes avances en el ámbito del desarrollo que podemos lograr en la siguiente década a partir del punto que hemos alcanzado hoy en día tendrán el gran desafío de conseguir la superación de los nive­les de desconfianza y de pelea por intereses sectoriales. Problemas que, en forma perma­nente, enfrentan cualquier iniciativa de cada Gobierno en funciones.

Defiendo a capa y espada la necesidad de con­tar con mecanismos de control y de gober­nanza que estén enmarcados en modelos nue­vos que suplanten algunos de los actuales que obedecen más a marcos que buscan atender un prebendarismo o un acuerdo de intere­ses entre partes. El desgaste que afecta en el área del Congreso cada iniciativa de cam­bio estructural choca en forma frontal con el statu quo político que se ha instalado en estas dos últimas décadas. Ante esta situación, el Gobierno ha apelado a mecanismos disponi­bles para, con su mayoría, poder avanzar en la implantación de leyes e iniciativas necesa­rias para el cambio.

Pero esto tampoco es bueno, ya que las iniciativas públicas de impacto general deberían tener el apoyo o el consenso de todos los sec­tores representados en el Congreso. En este sentido, hay que reconocer que lo que más falta es la validación de procesos destinada a concitar confianza. Es que la historia de los acuerdos, tanto los cumplidos como los no concretados, los mismos no permiten esta­blecer un ambiente propicio para el debate y la suma de posiciones que construyan pro­puestas de mayor impacto. Y de algún modo en esta dinámica se contagia a todos los pro­yectos que son necesarios para la evolución de la República.

La gestión pública de un Gobierno con una mayoría propia permite que un país tenga gobernabilidad y sobre todo previsibilidad. Lo que nos debería ocupar es insistir en cons­truir mecanismos institucionales para poder controlar la gestión de las iniciativas aproba­das. Pero aquí quiero insistir que debido a que el país está en curso de tener el mayor cambio en su economía, los inversores tienen claro que los marcos y reglamentos están para ser cumplidos. Y en este requerimiento entran también los estamentos políticos que se ten­drán que ir ajustando para entender que la política criolla tan vigente no es más posible. Sobre todo si pretenden continuar en sus pues­tos y permitir que Paraguay sea un país líder en la región. Administrar pobreza no tiene la misma complejidad que administrar riqueza.

Entendamos que para superar los desafíos actuales se requiere mínimamente políticos muy preparados en la gestión pública. Y espe­cialmente personas que entiendan la dife­rencia entre ser serios y profesionales o ser irresponsables y negligentes. El precio de no asumir este reto lo pagará el Paraguay entero.

No pretendo en absoluto determinar que un poder, en este caso el Legislativo, sea afín a todas las iniciativas del Ejecutivo. Pero sí creo mucho en un Legislativo que sume en forma permanente las políticas y leyes necesarias para avanzar en este nuevo escenario de alta competitividad. Hace falta mucha capacidad de respeto y horas de diálogo para acordar de manera transparente una iniciativa de impacto general. Faltarán horas de trabajo con especialistas cuando Paraguay esté con Grado de Inversión y los grandes fondos ven­gan para desarrollar nuevos mercados que aún no tienen marcos jurídicos.

Para entonces será imprescindible una tre­menda capacidad de los legisladores de enten­der y apoyar iniciativas que son ya usadas en otros países. Temas ambientales, de cumpli­mientos globales, nos pondrá en una gran prueba en ver si como Estado podemos coor­dinar y poner el país primero… a pesar de la desconfianza y de la lucha por intereses par­ticulares.