Se inicia a nivel macro por la evaluación del riesgo país, cuya calificación de solvencia está bajo la responsabilidad de empresas calificadoras de riesgos internacionales, quienes a través de trabajos de campo previo los plasman luego en un informe técnico donde se muestra el comportamiento y evolución de los principales aspectos a nivel macroeconómico (cuantitativo) y lo que atañe al desempeño estructural de las instituciones que conforman los tres poderes del Estado (cualitativo).

Sirve de base para el diseño de la política crediticia institucional, proporcionando los elementos primarios que harán que su estrategia de negocios pueda ser más agresiva o conservadora determinando paralelamente si la entidad espera desarrollar su gestión en un marco recesivo o de crecimiento.

Deben definirse claramente los tipos de empresas por segmentos de negocios que son aceptables o no en función a sus parámetros cuali/cuantitativos, o bien cumpliendo condiciones especiales.

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El desarrollo de nuevos productos deberá ser examinado previamente para determinar si resulta en riesgo crediticio y si se encuadra o no dentro de las normas previstas por el proceso corporativo de la institución. Un objetivo claro en cuanto a calidad de la cartera deberá ser establecido. Se trata de determinar hasta qué nivel la entidad estaría dispuesta a asumir el riesgo crediticio.

El proceso de créditos de cada institución financiera deberá establecer clasificaciones adversas en función a la calidad de cada riesgo crediticio, mostrando adherencia a las normas regulatorias de nuestra banca matriz (BCP).

Dado que los clientes de créditos pertenecen a segmentos de actividad o negocios distintos, estas entidades deben evaluar a priori cuál es la distribución ideal de su cartera de préstamos por segmento de negocio, de forma a mitigar razonablemente potenciales riesgos crediticios y concentraciones en uno o dos sectores.

Su gestión debe ser integradora en todos los servicios que prestan al cliente a fin de medir de modo eficiente y eficaz el aporte global a sus niveles de utilidades, derivados de transacciones crediticias y no crediticias (esta última cada vez más importante como parte de la gestión económica de las mismas).

Deben contar con un capital humano idóneo, aptitud comprobada de análisis y ejecutivos de negocios que no persigan solamente llegar a los objetivos cuantitativos, sino trabajar con una cartera de créditos controlada y continuos seguimientos de su evolución dentro del segmento de negocios en el que operan, además de conocer cómo está operando la competencia y no estar ajeno a la evolución macroeconómica del país y de los demás países de la región y sus perspectivas a corto y mediano plazo.

El negocio de créditos en épocas de bonanza no traen generalmente aparejados complicaciones, pero no deberán perder de vista al peor escenario como una contingencia de forma a que dispongan de todos los cursos alternativos de acción para reaccionar con rapidez, pues como administradores de riesgo, el “core” del negocio está basado en una cartera captada del mercado doméstico y es relevante que se observe un manejo transparente y profesional de sus recursos financieros.

Cuentan con su propio proceso crediticio corporativo, además de los delineamientos normativos establecidos en la Resolución 1/08 del BCP (Clasificación de Activos de Riesgos y Establecimiento de previsiones).

Se dan a veces situaciones que, en el afán de incrementar colocaciones de créditos a empresas y de consumo (retail) para alcanzar mayores niveles de rentabilidad, no se analizan con el tecnicismo y profesionalismo necesario aspectos cualitativos y cuantitativos primarios en función al segmento de negocios de cada uno, cómo está evolucionando el sector y los planes/perspectivas de corto y mediano plazo, que no harán que el riesgo de crédito sea cero (pues ello no existe), pero al menos asegurarse convenientemente de tomar los recaudos necesarios para mitigar los riesgos potenciales tanto a nivel macro como microeconómico cuidando siempre “la salud” de su portafolio de créditos.

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