• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

La prensa y la oposición minimizan el terrorismo de Estado cometido durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, porque el perjudicado era un enemigo común: Horacio Cartes y sus empresas.

Las filtraciones podrían ser una cuestión accesoria como la definen torpemente los justificadores de la corrupción. Lo grave está en la inducción a un subordinado a un hecho punible y la simulación de un hecho punible, además de la usurpación de funciones públicas.

Los periodistas nos frotamos las manos cuando caen en nuestras manos documentos filtrados. Nosotros no estamos obligados a guardar secretos; los funcionarios públicos en general, sí; y los de la Seprelad en particular.

“Pero si el contenido de la filtración es verdad, enhorabuena para investigar los hechos ilícitos atribuidos”, es otra de las justificaciones. Y en este punto podríamos coincidir, pero en estas filtraciones en particular, el contenido es falso, tergiversado y manipulado. ¿Cómo se demuestra esto? Simple: se reúnen, por ejemplo, Arnaldo Giuzzio cuando era ministro de la Senad (hay audios) con su equipo y construyen, como en cualquier charla de amigos, escenarios hipotéticos e irreales sobre ciertas figuras. Instruyen a sus funcionarios que esas conjeturas informales sustenten un informe de Inteligencia Financiera de la Seprelad, para ello acceden a datos básicos de la institución (sin formar parte de la Seprelad) sobre movimientos financieros y hacen la tarea. Tabesa le vendió cigarrillos a un canal de televisión para lavar dinero, dice una parte.

Falso: se trató de un préstamo certificado en las facturas emitidas. La señora Sarah Cartes compró cajas y cajas de cigarrillos para simular una venta, pero en realidad es lavado. Falso: fueron operaciones relacionadas a su condición de accionista de la firma.

El Grupo Cartes tiene 84 empresas ligadas fruto del lavado de dinero. Falso: son operaciones legales y certificadas.

Se imaginan que el presidente Santiago Peña haga lo mismo que Abdo y ordene a su gente perseguir a sus enemigos montando informes de Inteligencia con datos básicos reales que obran en Seprelad. Ejemplo: el Grupo Zuccolillo compró una cadena de supermercados con el dinero que lavó del narcotraficante Cabeza Branca. Sus periodistas cobran sus salarios gracias a la plata del dinero narco. Es decir, información básica real, pero se construyen escenarios irreales. O el empresario Antonio J. Vierci adquirió nuevas empresas gracias al lavado de dinero fruto del contrabando de perfumes, electrónica y whiskys. Una triangulación perfecta que le genera dividendos millonarios y esa ruta del contrabando también las usa el PCC. Datos básicos con escenarios hipotéticos.

Bueno, es exactamente lo que han hecho. Por eso la imputación a Abdo y su pandilla debe continuar su curso. Ayer fue Horacio Cartes, mañana pueden ser otros. El Estado debe garantizar la seguridad jurídica. ¿Qué pasaría si en cinco años asume otro similar a Marito (vengativo, torpe y corrupto) y decida usar de vuelta las instituciones para liquidar a sus adversarios políticos y empresariales? O se imaginan que así como hizo la exsenadora Desirée Masi, jactándose en sus redes de leer informes confidenciales de Seprelad sobre determinadas personas, que hoy el senador Bachi Nuñez esté haciendo lo mismo. O que Turi Capello, secretario de Peña, ventile en sus redes documentos confidenciales de las empresas de Marito, como lo hizo Mauricio Espínola con los salarios de Peña en un banco privado. Nunca más debemos permitir estos abusos, por eso Marito y su gavilla deben ir presos, para dejar un precedente. Dejemos que la Justicia haga su trabajo. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.