- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
El anteproyecto del PGN 2024, si bien incorpora un incremento del 6,8 por ciento vs. el vigente a la fecha, focalizando mayores recursos para inversiones en salud, educación y seguridad, sigue siendo deficiente, si tenemos en cuenta a las ingentes necesidades a nivel país que se observan en dichos sectores.
El 87 por ciento de lo incorporado dentro del plan de gastos está destinado a la cobertura de gastos rígidos (en su mayor parte para el pago de salarios y otros beneficios mensuales) a los funcionarios de la administración pública, que a la fecha suman más de 406.000, un despropósito total para un país pequeño como el nuestro, donde apenitas somos un poco más de 6,1 millones, tornando muy necesario que todas las instituciones trabajen y se aboquen a full a través de sus direcciones de talento humano a realizar un relevamiento global de la cantidad de funcionarios de cada una de ellas y las funciones específicas que desarrollan.
Es probable que podamos encontraremos con muchas “sorpresitas”, pues solo en el primer trimestre de este año, el Gobierno que se fue incorporó a más de 76.000 nuevos funcionarios, totalmente inaudito en pleno siglo XXI donde la tecnología y los procesos digitales los tenemos al alcance de un clic, lo que nuestro sentido común nos dice que con no más del 70 por ciento de la plantilla global actual, compuesto por personas inteligentes, talentosas, proactivas y con capacidad innovativa y creativa, la administración pública a nivel país podría ser manejada en forma eficiente y eficaz.
Solo en el IPS el presidente del Consejo había dicho que al cierre del 2018 la institución contaba con 16.000 funcionarios, y que durante el último periodo presidencial, se incorporaron 10.000 funcionarios adicionales.
Quizás se hayan dado necesidades puntuales, teniendo en cuenta la última pandemia sanitaria, pero para salir de las dudas será necesario realizar una auditoría interna institucional que cubra todo el espectro de su estructura para poder determinar y decir con propiedad si se ha justificado o no esa cantidad inmensa de nuevas contrataciones.
Resulta doloroso tomar decisiones “antipáticas” de tener que despedir gente, pero si realizado el relevamiento se encuentran que muchas de ellas no cumplen funciones específicas y por ende tampoco aportarían valor agregado a la institución, no tiene sentido alguno que el Estado siga desangrando su maltratado presupuesto con millonarias remuneraciones mensuales.
El nuevo director de la EBY ha dicho que de ser necesario realizarán una depuración de todos aquellos que los denominó “posibles planilleros” y es casi seguro que los haya. Hasta ahora no hubieron novedades.
Probablemente en las demás instituciones del PE se encontrarían una sobrepoblación de funcionarios, por lo que amerita realizar un trabajo profesional de auditoría interna a nivel corporativo en todas ellas.
Es una de las razones por las cuales para el próximo año se destinarían no menos del 87 por ciento de lo recaudado para dichos propósitos, por lo que ya en forma proactiva todos los responsables de las instituciones (ministros, presidentes de entes, directores, etcétera) deberían hacer dicho relevamiento departamento por departamento y abocarse a una racionalización, dado que no hay vuelta que dar. Tenemos que concienciarnos que el Estado no es ninguna entidad de beneficencia.
Resulta increíble que apenas el 13 por ciento de la proyección de ingresos del fisco tengan que ser destinadas a salud, educación y seguridad. Con ese porcentaje en valores relativos y absolutos materialmente sería muy difícil “poder hacer milagros”.
Tampoco pueden quedar afuera los gastos superfluos, que no tienen razón de ser. Los legisladores tienen cobertura de seguro VIP en las prepagas del sector privado. Todos reciben una buena remuneración, que les permitirían poder absorberlo en un 50 pociento con recursos propios, además de racionalizar los millonarios cupos mensuales por combustibles.
La Comisión Bicameral de Presupuesto deberá exigir a todas las instituciones que se aboquen a una reingeniería de su estructura organizacional. Sería la única forma en que podamos lograr un PGN razonablemente equilibrado y justo, que permita que ese 87 por ciento pueda disminuir y realocarlo a salud y educación. Así de simple.
Resulta doloroso tomar decisiones “antipáticas” de tener que despedir gente, pero si realizado el relevamiento se encuentran que muchas de ellas no cumplen funciones específicas y por ende tampoco aportarían valor agregado a la institución.