- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
El informe que contiene el contexto global del estado financiero de algunas instituciones del Poder Ejecutivo han sido entregadas por la Contraloría General de la República (CGR) al Congreso Nacional hace algunos días.
Creemos que así como el presidente de la República cada año rinde cuenta de su gestión ante el Parlamento, lo mismo debería acontecer con la CGR, de tal forma a que proactivamente se puedan tomar todas las medidas y decisiones que correspondan en tiempo y forma ,en caso de detectarse irregularidades en la gestión de nuestras instituciones por el camino.
Actos de corrupción siempre existieron en nuestro país, pero si la Cámara de Senadores tuviera en sus manos dichos informes al inicio de cada periodo parlamentario, es dable esperar que muchos deleznables actos puedan ser detectados a tiempo y no estar esperando que concluya el periodo presidencial para hacerlo, cuando ya todo sería “llovido sobre mojado”.
Según la CGR, entre los entes donde han observado mayores niveles de deficiencia financiera dentro de su estructura organizacional y que estarían catalogadas como actos de corrupción, se mencionan al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Interior, sin que ello implique que las demás instituciones también no hayan tenido “algunas perlitas” en su haber.
En el caso del MEC y de las gobernaciones, se ha hecho una evaluación sobre la utilización de los recursos financieros destinados a los mismos para el almuerzo escolar, además de los kits escolares, arrojando datos reveladores del mal uso de dichos recursos.
Han detectado departamentos en los que las escuelas reciben escasa cantidad de alimentos para los alumnos durante el año y que provienen de los recursos del Fonacide, que, bien sabemos, ha sido desde hace años uno de los “chanchitos preferidos”, donde muchos procesos licitatorios siguen siendo “a medida” y “muy bien direccionados”, además de una falta de sinceramiento dentro de los estados contables, denotando una total falta de transparencia y nula actualización de datos por parte de las entidades.
En cuanto a la evaluación financiera del IPS, el contralor manifestó que de la auditoría realizada surgió que existen más de G. 1 billón que carecen de documentación respaldatoria, lo que de por sí representa una gravísima irregularidad y una total desprolijidad interna.
Verificada la deuda con proveedores de la previsional, se constató que al hacer el cruzamiento de datos existía una nula coincidencia entre lo estipulado por sus proveedores y lo consignado por la institución en sus estados contables.
Según la CGR, el monto faltante sería no menor a G. 500.000 millones, pero sin documentación alguna que los respalde, dentro de su contabilidad, inaceptable, pues se supone que cuenta con una dirección de auditoría interna que tuvo que haberlo detectado a tiempo, dado que esa es su función primaria dentro de su estructura organizacional operativa.
Ante todas estas anomalías uno se pregunta: ¿Qué valor tiene el Mecip en las mismas? Esperemos que la nueva administración gubernamental haga una revisión global acerca de las funciones tanto de la CGR como de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de tal forma a poder incorporar la obligatoriedad de que todos los procesos de auditoría sean dinámicos que permitan un seguimiento/monitoreo estrecho de sus actividades, ya que si lo tenemos recién una vez concluido el periodo presidencial, ya “el muerto” lo tenemos encima de nuestra cabeza y todo se torna en una misión semiimposible poder recuperar la millonada de plata mal utilizada por personas inescrupulosas a quienes en su momento se los eligió para que puedan administrar profesionalmente los recursos de la entidad.
Ahora nos queda clarísimo por qué miles de asegurados del IPS siguen deambulando todos los días en busca de medicamentos para sus tratamientos, esperando meses para poder ser atendidos y ni qué decir para una intervención quirúrgica, puesto que su dinero ha estado siendo malversado y utilizado en otros fines que nada tienen que ver con la debida diligencia y el correcto manejo institucional.
Han detectado departamentos en los que las escuelas reciben escasa cantidad de alimentos para los alumnos durante el año y que provienen de los recursos del Fonacide, que, bien sabemos, ha sido desde hace años uno de los “chanchitos preferidos”.