• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

Seguimos atravesando por una de las crisis económica y social más complejas de los últimos años, afectando al normal desenvolvimiento y evolución de nuestra macro y microeconomía.

Resulta preocupante la situación de pobreza y pobreza extrema por la que pasan miles de compatriotas, además de los elevados niveles de desocupación, agravados por la última pandemia sanitaria, en un mercado estrecho como el nuestro, donde la evolución de la gestión económico-financiera de las empresas no han podido aún despegar a los niveles deseados, viéndose muchas de ellas obligadas a tener que reducir su plantilla de personal y otras a “bajar sus persianas” estimándose que recién para este 2023 las cosas podrían ser diferentes.

Nuestra actividad agrícola en el 2022, que ha sido históricamente el principal componente del PIB a nivel país, también se vio afectada, con una sensible disminución en la cosecha de granos vs. el 2021, impactando en forma directa en el nivel de ingresos de divisas y por ende en nuestra balanza comercial que ha sido negativa al cierre del último ejercicio, luego de varios años.

A todo ello, se agregan los niveles de inflación acumulado, siendo la del 2022 la más elevada de los últimos años, restando capacidad de compra a nuestra gente, aun considerando el último ajuste del salario mínimo en 11,3%, pero que no ha sido suficiente para la cobertura de los incrementos en los precios de artículos de consumo de primera necesidad.

Nuestra industria procesadora de granos también se ha visto afectada, pues ante la menor cosecha de soja en grano (aproximadamente un 70% menos vs. la zafra 2021), pudieron trabajar a no más del 57% de su capacidad instalada de producción, quedando ocioso más del 40%, cifra elevada impactando negativamente en su estructura de costos y gastos operacionales.

Estamos en un período preelectoral donde, si bien las coordenadas a esta altura ya están casi definidas a favor de la ANR con vistas a la elección del próximo 30 de abril, nuestras autoridades en gran parte del año pasado les han venido dando mayor relevancia a los temas políticos antes que a los domésticos, que atañen a nuestras instituciones, esperando que este 2023 sea positivo desde el punto de vista macro y micro como se los proyecta preliminarmente, que nos permitirían de nuevo cerrar el año con un crecimiento económico positivo.

Esperábamos del actual gobierno un protagonismo mucho más dinámico, ya que como administradores de la cosa pública que los son, tienen la obligación de concentrarse día a día en la problemática económica y social que nos aqueja, orientando sus esfuerzos a revertir por lo menos parcialmente la situación deficitaria del 2022.

En los últimos 4 años, los niveles globales de endeudamiento público se incrementaron en un 84%, y el déficit fiscal del 1,5%/PIB ha trepado al 3,6% del PIB, a lo que se agregan importantes montos de gastos corrientes que engrosan el PGN, equivalente a más del 70% de los ingresos tributarios que nos debe llevar a realizar cuanto antes la necesaria reestructuración del Estado en los 3 poderes, a través de una reingeniería global, de tal forma que la ciudadanía pueda ser acreedora de una mejor calidad de servicio, dada la alta burocracia y una superpoblación de funcionarios públicos en plena era de la tecnología y procesos digitales.

Nuestros legisladores deben involucrarse más en la problemática económica actual de nuestro país, puesto que hasta ahora al menos la gran mayoría de las plenarias están orientadas a tratar temas políticos y electoralistas y precisamos reavivar a nuestra maltrecha economía, ya que muchísima gente vive con los bolsillos vacíos.

Miles de compatriotas están pasando mal por falta de fuente de trabajo y otros sin poder superar su situación de pobreza, un sistema de salud pública deficiente al igual que la calidad educativa en un país como el nuestro donde la inversión no llega tan siquiera al 3%/PIB, cuando que lo recomendable es que no sea inferior al 7%/PIB.

El deficiente desempeño observado en los últimos años difícilmente podría ser revertido por esta administración a la que ya le queda nada más que 6 meses, por lo que la pesada mochila recaerá en el próximo gobierno.